El Ministerio de Fomento pretende aprobar la reforma del sector este viernes, lo que ha llevado al colectivo de estibadores a convocar de nuevo los paros.
Joe Molina Trabajador despedido de Panrico, Barcelona | @joemolina57
Miércoles 22 de febrero de 2017
Foto: Twitter
El Ministerio de Fomento pretende aprobar la reforma del sector este viernes, según explicó el representante de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CTEM), tras la reunión mantenida este martes 21 de febrero, lo que ha llevado al colectivo de estibadores a convocar de nuevo los paros.
Con estos paros los sindicatos exigen al gobierno la paralización de la reforma mientras duren las negociaciones y le reclaman que vuelva a sentarse en la mesa negociadora, y muestran su sorpresa porque el ministerio de Empleo, asignado desde el principio para mediar, haya delegado en el presidente del Consejo Económico y Social (CES).
Marcos Peña, presidente del CES, les ha comunicado que el Gobierno no tiene intención de realizar ninguna modificación en el decreto ley que presentará este viernes. Por ello, los sindicatos han decidido convocar de nuevo los paros con el mismo formato que en el preaviso anterior, es decir paros de horas alternas los lunes, miércoles y viernes desde el día 6 de marzo al 24.
Según Antolín Goya, representante de los trabajadores “ estamos ante un conflicto que ocasiona el gobierno con su real decreto ley y la intención de no mover un ápice en la reforma del sector. No es un conflicto entre trabajadores y empresas, por lo tanto la tercera pata es necesaria en una mesa como la que están planteando, y evidentemente si hay un compromiso de que no se presenta el decreto mientras se está negociando, nosotros retiraríamos toda movilización de huelga y nos centraríamos en la negociación”.
Resulta indudable el espíritu negociador de los estibadores, dispuestos a llegar a una salida que satisfaga a ambas partes, frente a la actitud impositiva del gobierno, apremiado por la UE, pero lo que no parecen aceptar es poner en peligro los puestos de trabajo y que con dinero público se despida a trabajadores de una empresa privada, que después van a ser sustituidos por trabajadores de empresas de trabajo temporal, con la evidente precariedad laboral que eso supone y el consiguiente riesgo laboral que conlleva.
