Las organizaciones de ex prisioneros políticos de la dictadura, que dieron una dura lucha con una huelga de hambre que en algunos casos sobrepasó los 70 días, denuncian la negativa del gobierno a cumplir sus demandas mínimas.
Natalia Cruces Santiago de Chile
Jueves 16 de julio de 2015
La huelga de hambre de los ex prisioneros políticos de la dictadura tuvo un fuerte apoyo entre quienes estuvieron detenidos en las cárceles y centros de detención en los años de dictadura, como también en las organizaciones de derechos humanos, personalidades nacionales e internacionales, que apoyaron las demandas que la huelga de hambre instaló: el aumento de las míseras pensiones para quienes sufrieron la represión política y la tortura, la equiparación con las pensiones de quiénes están en el informe Rettig y la reparación.
Además, quiénes participaron de la huelga –que se extendió a muchas ciudades del país, como Punta Arenas, Osorno, Valparaíso, Concepción, Iquique, Rancagua, San Fernando y Santiago, entre otras - denunciaron las políticas de derechos humanos y reparación que se instalaron desde la transición pactada a la democracia, a costa de la impunidad, con escuálidas políticas de reparación.
La huelga de hambre se levantó –aunque algunos ex prisioneros se mantuvieron durante más tiempo e incluso actualmente en Punta Arenas hay un huelguista – al conseguir una Mesa de Alto Nivel en la que participaba el gobierno, representantes de la Iglesia Católica y el Instituto de Derechos Humanos.
Sin embargo, las reuniones de la Mesa de Alto Nivel han mostrado una vez más la política nefasta del gobierno de Michelle Bachelet, que no responde a las sentidas y justas demandas de los ex presos políticos. Es así que señalan que las propuestas del gobierno son “irrisorias, insatisfactorias y constituyen una falta de respeto hacia nuestra dignidad como sobrevivientes de tortura y violencia política sexual, así como hacia nuestros dirigentes ex presos políticos que nos representan en la mesa”. También han criticado las políticas de impunidad, que permiten que durante 50 años no se den a conocer los datos de los testimonios que dieron los ex prisioneros políticos en el Informe Valech y que permite de los responsables de violaciones a los derechos humanos permanezcan en el anonimato.
También denuncian que mientras el gobierno señala que no hay dinero para responder a las demandas de los ex prisioneros “financia en parte importante las onerosas pensiones que otorga a los torturadores”.
Reproducimos a continuación el comunicado de los ex presos políticos.
A la opinión pública nacional e internacional
Santiago de chile 15 de julio 2015
Denunciamos al Estado de Chile y al gobierno de la Presidenta Bachelet, ya que una vez más, la denominada Mesa de Alto Nivel, se ha transformado en un proceso lleno de obstáculos, que desconoce de manera alevosa los acuerdos firmados en Rancagua el 23 de mayo 2015. Nosotros/as l@s expres@s polític@s de la dictadura cívico-militar, hemos decidido suspender la Mesa de los días viernes, en las dos últimas oportunidades, ya que las propuestas presentadas por el gobierno a la subcomisión pecuniaria, son irrisorias, insatisfactorias y constituyen una falta de respeto hacia nuestra dignidad como sobrevivientes de tortura y violencia política sexual, así como hacia nuestros dirigentes expp que nos representan en la mesa.
El Estado de Chile y el gobierno de Bachelet perpetúan la violación a los tratados Internacionales, negándose a cumplir con las obligaciones establecidas en la resolución 60/147, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 16 de diciembre de 2005, en las materias de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, a favor de los ex pres@s polític@s chilen@s, violentad@s en sus derechos humanos, durante la Dictadura cívico-militar.
L@s expres@s polític@s exigimos el respeto de los acuerdos firmados que dieron origen a la Mesa de Alto Nivel, definida como una instancia técnica, cuyos objetivos eran definir y concordar la forma en que se materializaría el acuerdo, incluyendo cronograma de ejecución del mismo.
La temática de la Indemnizaciones civiles de reparación, en las que el Estado de Chile deberá cumplir con las en las materias de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, a favor de los EXPP chilenos.
Frente a las propuestas del gobierno de la Nueva Mayoría, l@s expres@s polític@s de la Comisión Negociadora Plantea que:
• Homologación de la pensión Valech a la pensión Rettig. Para entrar en el presupuesto nacional, considerando en una forma gradual, que desde enero 2016 se aumente en 100.000 pesos la pensión, quedando en $256.000, y en el 2017 se incremente $100.000 más para llegar a $356.000, cifra cercana, aunque menor a la pensión Rettig. Consideramos
• Indemnización por Prisión Política 2.000 UF.
• Comisión Calificadora Permanente de Víctimas
El Estado de Chile y sus gobernantes siguen mintiendo, a la sociedad y a los organismos internacionales: han pasado 45 días y los delegados del gobierno han dilatado resoluciones porque no hay interés de asumir el compromiso adquirido con los ex PP, así como no hay voluntad política para resolver los problemas que aquejan a nuestro pueblo.
El gobierno señala que no hay dinero para reparar, sin embargo financia en parte importante las onerosas pensiones que otorga a los torturadores. Los políticos de oposición y gobiernistas desfalcan descaradamente al estado al Estado de Chile través del aporte del gran empresariado, que se enriqueció a costa de la expropiación ilegal de las empresas y recursos naturales, patrimonio de tod@s l@s chilen@s. En Chile hay dinero y habría mucho más, habría justicia, habría verdad, habría mayor igualdad, si dejara de flamear la bandera de la impunidad que protege a los terroristas de estado, a sus cómplices civiles, a los ladrones de cuello y corbata, a los políticos corruptos y a los traficantes de influencia, bajo el amparo de la constitución del dictador Pinochet.
Somos el patrimonio vivo de la lucha contra la dictadura. Somos el patrimonio vivo de las mayores violaciones de derechos humanos acaecidas en nuestro país.
Exigimos Reconocimiento, Respeto y una Reparación justa y adecuada.
HACEMOS UN LLAMADO A TOD@S L@S EXPRES@S POLITIC@S A ORGANIZARCE EN SUS COMUNAS PARA DEFENDER SU DEMANDAS JUSTAS Y NECESARIAS, QUE HOY RECLAMA LA MAYORIA DEL PUEBLO, VERDAD, JUSTICIA Y REPARACION DIGNA E INTEGRAL.
Coordinadora de expp de Santiago, Expp MIR, Coordinador de expp zona Sur,
Colectivo de Mujeres Sobreviviente siempre Resistente
La declaración puede encontrarse en https://www.facebook.com/pages/Apoyo-a-Los-Expp-En-Hh-De-Rancagua-Y-a-Lo-Largo-Del-Pais/964936796873315?fref=ts
