La gestión con “guante de seda” de los intereses capitalistas provoca las primeras grietas en la estrategia reformista. La clase obrera y sectores populares inician las primeras luchas de claro contenido político contra el consistorio.
Ivan Vela @Ivan_Borvba
Lunes 23 de mayo de 2016
Foto: EFE
Hoy se cumple un año desde que las formaciones reformistas tambalearan el tablero político en el Estado español y quebraran, en varias capitales, los cimientos bipartidistas del Régimen del 78, siendo las de mayor impacto las victorias conseguidas por estas “nuevas” formaciones en Madrid y Barcelona.
En la capital catalana, la confluencia política de Barcelona en Comú con la activista Ada Colau a la cabeza, alcanzó la alcaldía con un programa electoral que, lejos de ser anticapitalista, buscaba reformar las bases sociales, económicas e institucionales de la “vieja política”.
Tras el primer año de gobierno municipal el bagaje acumulado es bien diferente. Un discurso institucional bien integrado en el “relato” del Régimen, y unas políticas de seda en favor de los grandes lobbys capitalistas y de mano de hierro contra la clase trabajadora y los sectores populares.
La delgada línea roja entre discurso y práctica en la que habita la estrategia reformista no ha necesitado más de un año para difuminarse y dejar claro la dirección política de BeC.
Al igual que hicimos con los primeros 100 días de gobierno , en Izquierda Diario volvemos hoy sobre los pasos de Barcelona en Comú para analizar su primer año en el gobierno.
La represión a los “manteros” y el racismo institucional
Fue el primer conflicto que estalló en las manos de Barcelona en Comú y que aún a día de hoy sigue estando en un alto punto de crisis.
Desde el pasado mes de septiembre el ayuntamiento de BeC ha profundizado la estrategia persecutoria contra los “manteros”. Desgraciadamente las carreras de los “manteros” por las céntricas calles de Barcelona siguen siendo una estampa habitual en la capital catalana.
Las medidas represivas contra los manteros han dejado sobre la mesa las primeras renuncias del programa del equipo de gobierno. La primera de ellas consistió cambiar diálogo por porras, soluciones ocupacionales por represión. El punto 18 del “Eje de Seguridad y Derechos Civiles” presentado en su programa electoral decía textualmente “acabar con la persecución y criminalización de vendedores ambulantes”.
Pero sumado a esto, otro punto programático ha sido abandonado a lo largo de estos meses de criminalización y persecución del “top manta”. La tan ansiada disolución de la UPAS, aparecida en el punto 7 del citado Eje, no solo no se ha llevado a cabo, si no que a lo largo de estos meses ha sido el cuerpo represivo encargado de perseguir, golpear y detener a los “manteros”.
El penúltimo capítulo de esta cruzada contra los “manteros” se ha vivido hace escasos días, con el ayuntamiento personándose como acusación contra los “manteros” que hace varios días y tras una redada se enfrentaron a la Guardia Urbana. Una decisión que ha llevado a que un "mantero", Sidil Moctadar, sea llevado a prisión a petición conjunta de la Fiscalía y el abogado contratado por el consistorio de Ada Colau.
Este despliegue represivo y el racismo institucional practicado desde el consistorio barcelonés no son casuales, ni mucho menos inevitables. La dirección escogida por el “gobierno del cambio” responde a una defensa de los intereses capitalistas de los grandes lobbys turísticos y comerciales.
La persecución a los manteros y la requisa de material se está efectuando prácticamente en su totalidad en el centro de la ciudad condal. Paseo de Gracia, las Ramblas y la zona del puerto son los lugares seleccionados para erradicar la venta ambulante, y no es casualidad.
Estas zonas, situadas en el centro de Barcelona, concentran un gran número de grandes comercios (como El Corte Inglés, Zara, Appel) y tiendas lujosas (Louis Vuitton, Michael Kors, Armani, Channel, etc). La mayoría de ellas grandes multinacionales con intereses económicos en Barcelona que no ven con buenos ojos la presencia de los "manteros" y que no han dudado en usar su influencia mediática para generar un clima de criminalización hacía la venta ambulante.
La respuesta de BeC y del equipo de gobierno no se ha alejado ni un centímetro de la llevada a cabo por anteriores fuerzas políticas. Perseguir y reprimir a los trabajadores ambulantes.
La clase trabajadora en la agenda política
Si existe un terreno donde la “política de gestión capitalista” encuentra rápidamente sus límites es en el terreno de la lucha de clases. A lo largo del primer año, Barcelona en Comú ha tenido que lidiar con dos importantes conflictos; el de las técnicas y los técnicos de Movistar y el de las trabajadoras y trabajadores del Metro de Barcelona.
En el caso de Movistar, el “Compromiso de las escaleras” firmado por la misma Ada Colau en campaña electoral, quedó en papel mojado una vez pasada la cita electoral. La exigencia por parte de las y los trabajadores en lucha de que no se apoyara la firma del convenio de celebración del MWC 2016 en Barcelona hasta que se solucionara el conflicto, fue rápidamente traicionada.
Lo mismo sucedió con la huelga ya finalizada: se concretó finalmente la concesión de la red móvil y de internet de la administración pública a Telefónica. Un acuerdo firmado bajo las mismas condiciones con las cuales la multinacional explotadora venía trabajando con el gobierno del convergente Trias.
Pero ha sido desde el pasado mes de febrero que el BeC se está enfrentado a un conflicto obrero desde sus inicios, y con reivindicaciones directas de las y los trabajadores al ayuntamiento. Los trabajadores de Metro de Barcelona iniciaron en febrero una serie de jornadas de huelga para reivindicar un convenio digno y el fin de los contratos precarios.
A lo largo de estos meses de conflicto, el carácter abiertamente anti obrero de las políticas de BeC ha quedado al descubierto. Ya desde un primer momento la misma Ada Colau afirmó que “el derecho a huelga y sentarse a negociar son incompatibles”.
Además de la falsedad del mensaje de Colau, ya que reiteradamente las y los trabajadores han demostrado que quién no quiere sentarse a negociar es la empresa, lo que subyace en estas declaraciones es la praxis tradicional de todo gobierno de los capitalistas que media en un conflicto. Exigir a la clase trabajadora que abandone su herramienta de presión en la negociación, frente a aquellos que no abandonan los contratos basura, la precarización y los despidos.
Movistar y TMB son hasta la fecha los únicos ejemplos de lucha de clases que han empezado a cuestionar la estrategia reformista y de “gestión municipalista”. Pero la rápida adaptación y transformación de esta nueva política del “cambio” en proyectos de regeneración del Régimen y gestión reformista de la crisis, puede generar un descontento creciente entre muchos otros sectores de trabajadores que aún hoy mantienen ilusiones en que puedan solucionar los grandes problemas sociales.
Ada Colau, apuntalando el continuismo
La gestión reformista de la institución burguesa por parte de BeC no ha podido resolver las principales demandas sociales, se ha mostrado dócil frente a las fuerzas capitalistas e intransigente contra las demandas de la clase trabajadora. Pero añadido a esto, en las últimas semanas viene jugando un fuerte rol de regeneración de la misma institución.
En las últimas semanas, y presionada por la necesidad de que se aprueben los presupuestos, Ada Colau y su equipo de gobierno se han apoyado en el PSC. La formación “socialista” ha sido la encargada de construir la “marca Barcelona”. La marca de explotación, del clientelismo y los pelotazos inmobiliarios. La misma “marca” que cuenta con casos tan sonados de montaje y represión policial como el caso de “Ciutat Morta”.
Apoyados en la “real politik” y en la necesidad de consensos y entendimientos con el resto de fuerzas, el equipo de gobierno de BeC ha decido proponer para diferentes cargos dentro del ayuntamiento a miembros del PSC . Entre ellos incluido Jaume Collboní, imputado por tráfico de influencias en el caso Mercuri.
Además, esta necesidad de virar su prisma hacía PSC y ERC para la aprobación de los presupuestos, viene dada por la negativa de la CUP–Capgirem Barcelona, de cederles su apoyo. Tal y como explican desde las filas “cupaires”, los presupuestos presentados no son unos presupuestos de ruptura y cambio, sino más bien unos presupuestos modificados sobre la base de la política económica que se venía haciendo con Trias. Aún así, finalmente los regidores cupaires se abstuvieron para que las cuentas pasaran.
En tan solo un año los diferentes conflictos que se han presentado para el ayuntamiento de Barcelona en Comú han sido solucionados siempre en la misma dirección. En tomar las medidas necesarias para mantener los beneficios y los intereses económicos de los capitalistas.
Pero de la experiencia con el “gobierno del cambio” por parte de sectores de la clase obrera y sectores populares, junto a organizaciones de izquierda que han mostrado su rechazo frontal a las nuevas formaciones reformistas, puede emerger una primera punta de lanza para poder así avanzar en una alternativa anticapitalista y de clase.
