Si hablamos de “dobles pensiones” nos es difícil asociar este tipo de privilegios a la gran mayoría de trabajadoras y trabajadores del país, donde en muchos casos, no alcanzan ni el equivalente al salario mínimo.
Miércoles 25 de noviembre de 2020
La pensión solidaria hoy en día alcanza el paupérrimo monto de $141.374 contraponiéndose abismalmente con el gasto financiado por el Estado en un 90% en beneficios a los ex uniformados, que desde el 2010 hasta el 2019 ha prácticamente doblado su monto hasta alcanzar la cifra de $30.290 millones.
En DIPRECA (Dirección Previsional de Carabineros), según cifras que corresponden a las situadas dentro de la ley de transparencia, los montos ascienden a $4.425 millones anuales repartidos entre 114 jubilados, con un promedio anual de $3,2 millones.
La cifra no dista mucho a la de los retirados y jubilados por el sistema de CAPREDENA (Caja de Previsión de la Defensa Nacional) en donde las pensiones dobles sumaron a 2.331 casos con un gasto de anual de $25.865 millones, y en donde la Armada de Chile indica que 979 retirados recibieron un total de $995 millones con un promedio mensual de $975.000.
Teniendo en cuenta estos argumentos en cifras porcentuales y promedios anuales y mensuales basados en datos arrojadas por Transparencia no resulta tan alocado pensar en un segundo retiro del 10% de los ahorros previsionales, retiro que ya se aprobó en la cámara de Diputados y que pasa a discusión a la cámara del Senado teniendo como contraparte un proyecto de ley despachado desde el Gobierno y aprobado en su idea de legislar gracias a las abstenciones de tres senadores de “oposición”, que ofrece un retiro a modo de “auto-préstamo”, con una dilatación de 60 días para su efectividad y con un cobro de impuesto asociado. Todo esto dentro de un marco de caracterización política que poco beneficia a la derecha chilena, en donde sus partidos se desmarcan del gobierno central sembrando populismo a través de los medios de comunicaciones masivos en miras a las próximas elecciones de constituyentes, gobernadores y alcaldes, dejando al ejecutivo solo y con un rechazo a su gestión de un 72%. Un gobierno que lleva a cuestas varias derrotas políticas, acusaciones constitucionales, tres ministros del interior dados de baja por acusaciones y querellas por atentar en contra de los derechos humanos, la destitución del ex Director General de Carabineros, Mario Rozas -que deja una huella de sangre en lo que fue su mandato al frente de una de las instituciones más desprestigiadas del país- destacándose así también los casi 80 puntos porcentuales a favor de la opción Apruebo en el último plebiscito.
Resulta irracional que desde el Ejecutivo intenten frenar cualquier intento de amortiguar los coletazos de una crisis sanitaria, social, política y económica, en que donde el pueblo trabajador ha sido quien ha pagado los costos desde sus propios bolsillos y ahorros; contraponiéndose a los privilegios económicos que gozan los aparatos represores del Estado y que incluso son premiados con incentivos y dobles pensiones.
Es por eso que ahora más que nunca se hace necesario salir nuevamente a las calles exigiendo la renuncia de Piñera; exigiendo una vez más un cambio profundo en el modelo económico de país; exigiendo dignidad para las y los trabajadores y la liberación de los Presos Pólíticos de la revuelta; en conjunto con la juventud y los estudiantes, aparatos y estructuras sindicales. Haciendo un llamado a la CUT y todo su aparataje burocrático a que de una vez por todas se zafe de su tregua y negociaciones con la clase política para así acompañar mediante un llamado a PARO GENERAL a la gran mayoría de los trabajadores del país.
