Los tres jóvenes de Altsasu encarcelados desde hace un año seguirán encarcelados 6 meses más a la espera de juicio.
Aníbal Maza Zaragoza
Viernes 24 de noviembre de 2017
Foto: EFE
Adur Martínez de Alda, Oihan Arnanz y Jokin Unamuno seguirán en prisión otros 6 meses según el dictado de la Audiencia Nacional que ha decidido mantenerlos encarcelados hasta que se celebre el juicio entre el 17 y el 27 de abril. Esta decisión supone que los jóvenes estarán encarcelados sin juicio durante unos 17 meses.
Esta situación anormal se da porque los jueces los catalogaron como “presos preventivos”, un régimen penitenciario (el FIES) que se aplica a los acusados de delitos de terrorismo. Recordemos que a los jóvenes se los acusa por haber participado en una trifulca en las fiestas de su pueblo con unos guardias civiles de paisano.
Otros cinco jóvenes de Altsasu permanecen en libertad condicional, a la espera del susodicho juicio. La Audiencia Nacional les ha imputado un total de 375 años de cárcel, una desorbitada cifra con la que este tribunal, heredero del tribunal de orden público franquista, busca volver a ocupar la primera plana de los casos de represión.
Hace unas semanas, los abogados de los jóvenes acusados denunciaban un proceder anormal por parte de la jueza Carmen Lamela Díaz, que admitió la totalidad de las pruebas de testigos, periciales y documentales presentadas por el Ministerio Fiscal que defiende a los guardias civiles.
Al mismo tiempo hacía saltear burocráticamente todos los hechos y testigos recolectados trabajosamente por la defensa de los acusados. Unos testigos que acompañaban a los jóvenes en el momento de los hechos cuyas declaraciones desmontarían las falsedades de las acusaciones que impulsa el ministerio y los medios a su servicio, entre los que tuvo un papel protagonista la presentadora Ana Rosa Quintana.
La jueza Lamela es la misma jueza que encarceló a “los jordis” y al Govern de Catalunya. ¿Este nuevo proceso no es un mensaje de adoctrinamiento para la juventud vasca? Si. Y una evidente vulneración de los derechos y una nítida imparcialidad de cara a un juicio sin garantías aparentes.
El pasado 14 de noviembre, se realizó una rueda de prensa de los abogados de la defensa en la librería madrileña Traficantes de sueños.
“Se hizo un proceso de instrucción exprés, en el que a las defensas no se nos permitió presentar ninguna defensa testifical, ningún testigo”, comenzó denunciando públicamente en la conferencia el abogado Jaime Montero que se presenta implícitamente como vocero del grupo y en medio del ruido de los asientos de los oyentes agregó: “estos son testigos que la policía y la Guardia Civil no habían buscado, en el procedimiento sólo declararon los cuatro perjudicados. De modo tal que las familias de los encarcelados tuvieron que hacer esa investigación (...) y sin embargo, la jueza de instrucción nos ha negado esa práctica, por lo cual sólo selló una versión de los hechos”.
Los abogados de los jóvenes han afirmado que se está produciendo “una evidente vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías, a la defensa y a la utilización de los medios de prueba pertinentes para su defensa, amparados en el artículo 24 de la Constitución, así como del derecho a un juicio justo, recogido en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos”. También han referido que en este caso se está produciendo “una quiebra de la necesaria apariencia de imparcialidad que debe presidir las actuaciones del tribunal sentenciador”.
Por estos motivos el próximo domingo los familiares de los jóvenes encarcelados encabezarán una manifestación que recorrerá las calles de Altsasu para pedir la absolución para Adur Martínez de Alda, Oihan Arnanz y Jokin Unamuno y el resto de los imputados. Mientras tanto, los jóvenes permanecerán encerrados en las prisiones madrileñas de Aranjuez, Estremera y Navalcarnero a más de 400 Km de sus casas, puesto que se les ha aplicado una política de dispersión carcelaria encubierta. Con esta dispersión se busca castigar aún más a los jóvenes y sobre todo a sus familiares.
Es curioso que en los medios del Estado Español nos encontremos con reportajes que hablan de sistemas judiciales de otros países en los que se castiga a las familias por delitos de sus parientes, o en los que se carece de garantías judiciales. Pero no hace falta mirar fuera del Estado español para ver esta realidad. Cuando uno ve en qué consisten las políticas de dispersión de presos salta a la vista quien lo paga, las familias, y cómo se complacen muchas figuras públicas en ensalzar este régimen carcelario.
Todos los hechos descritos hasta aquí manifiestan, como venimos insistiendo, una intención de dar un castigo ejemplar a la juventud vasca, sembrar el miedo y legitimar la prepotencia de las fuerzas de seguridad. El pedido de condena a los 8 de Altsasu representa un escandaloso montaje judicial, con su precisa envoltura mediática, y evidencia la sistemática necesidad del Gobierno de resucitar la “lucha contra ETA”, disfrazando su afán por criminalizar y obturar todo movimiento contestatario.
