En la Universidad de Buenos Aires, el 2015 vino a romper con la relativa estabilidad institucional de la que gozaba la casa de altos estudios, luego de la renuncia del ex vicerrector Richarte, del ex Decano de Económicas Giusti y la reciente causa a la Decana de Derecho Mónica Pinto por la sospechosa utilización del presupuesto universitario.
Cecilia Mancuso Pan y Rosas - Neuquén | @CeciMancuso
Lunes 11 de mayo de 2015 15:56
Los últimos episodios convulsionados de renuncias y movimientos en las máximas esferas de la UBA en el 2006 habían tenido como protagonista a Alterini, denunciado por su rol en la última dictadura militar. En plena disputa por la sucesión presidencial al calor del fin de ciclo de la era Kirchnerista, los cimbronazos de una disputa política nacional penetran en las oficinas de los jefes de la Academia.
Barbieri, actual rector de la UBA y conocido por su cercanía en negocios con el ministro de planificación Julio de Vido, está al frente del llamado co-gobierno de la UBA, que hoy se encuentra cruzado en una disputa por espacios de poder entre la UCR y el PRO. Al igual que en varias provincias, la UBA se transforma en un terreno de mayor hostilidad entre los que buscan en las presidenciales disputarle el timón del país al Cristinismo.
La primer noticia la trajo el mes de Marzo, cuando aún no habían comenzado las clases en la mayoría de las facultades. Luego de una extensiva campaña de denuncia por parte de los centros de estudiantes conducidos por la izquierda Darío Richarte renunciaba a su cargo. El ahora ex-vicerector, había sido miembro de la SIDE durante el gobierno de la Alianza y estaba implicado en numerosos escándalos políticos. En el marco de la crisis suscitada por la muerte del fiscal federal Nisman y la implicancia de los servicios de inteligencia desatando "carpetazos" judiciales de todo tipo y tras los cuestionamientos y acciones realizadas por los estudiantes el rectorado de la UBA tuvo que desligarse de un personaje que sólo colaboraba en acrecentar su desprestigio como institución.
Dos meses después, la Facultad de Económicas se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que el ex Decano Giusti renunciara a su cargo en medio de acusaciones por corrupción y malversación de fondos públicos. Giusti, que anteriormente ocupó el cargo de Sec. De Hacienda de la UBA, fue promovido como Decano por el actual rector Barbieri y por quien lo reemplazó en la secretaría de Hacienda, Yacobitti, presidente de la UCR Capital e histórico dirigente de la Franja Morada. Estos tres funcionarios no sólo ostentan cargos de importancia para determinar el curso de la UBA, sino que tienen un segundo “trabajo”, usufructuando su ubicación de funcionario público para hacer un billete extra con empresas allegadas o hasta de su misma propiedad. ¿Qué más conveniente que estar a cargo de las licitaciones públicas y luego presentar la propia empresa para que esta sea contratada?
Para no quedarse cortos, en Ciudad Universitaria sumaron otro ítem a la lista. El plan millonario de obras en Ciudad Universitaria no sólo es producto de la alianza entre el Decano de la FADU, Luis Bruno, y el PRO que viene explotando el negocio inmobiliario a rabiar en la Ciudad de Buenos Aires, sino que en este caso utiliza fondos públicos para abastecer al negocio de los espectáculos privados en el estadio de River en vez de destinarlos a las necesidades de la comunidad universitaria.
El último episodio de esta trama se abrió el pasado jueves cuando trascendió la noticia de que el PROSELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) denunciaba a altos funcionarios y a la Decana de la Facultad de Derecho, Dra. Mónica Pinto, por administración fraudulenta, al sospecharse la utilización de 140 millones del presupuesto asignado a dicha casa de estudios para actividades de formación política de los militantes radicales y enriquecimiento personal.
En medio de estos malos tragos, el rector Barbieri eligió llamarse al silencio. Fue encumbrado como Rector de la UBA en el 2014 como parte de una alianza de radicales, macristas, y peronistas que hoy comienza a crujir..
En los ’90 la gestión de Shuberoff en la UBA fue la etapa de mayor retroceso para la educación donde se abrieron las puertas a las políticas privatizadoras de la universidad pública, acompañado por la Franja Morada en la conducción de los centros de estudiantes como un actor clave para llevar adelante estas reformas neoliberales. Viendo cada caso que sale a la luz de manera individual no se puede comprender la dimensión de estos aires noventistas que recorren a las altas cumbres de la Universidad y mucho menos pensar en como terminar con ellos.
Durante la década kirchnerista tambien los gobiernos de la UBA han aprovechado para hacerse de cuantiosas ganancias a costa de la educación pública mediante convenios con las grandes multinacionales, precarizando el trabajo de la juventud y los docentes, y orientando las carreras en función de abultar los bolsillos de empresas.
Por otra parte un sector de los decanos referenciados en el kirchnerismo que había prometido ser oposición, hoy se muestra fraccionado frente a la política de ajuste presupuestario del rectorado. En la misma tónica, tampoco ningún decano –radical o peronista, conservador o reformista- se ha pronunciado sobre la acusación que implica a los altos funcionarios de la UBA en los casos de corrupción. El pacto de convivencia es directamente funcional a que persista esta política propia del menemismo.
Los conflictos originados por la falta de fondos para la designación de docentes en el CBC y de recursos para el funcionamiento en Exactas, muestran que solo docentes y estudiantes enfrentan consecuentemente los recortes a la educación. El intento de reforma del régimen de cursada en los colegios preuniversitarios fue otra derrota parcial que sufrió el rectorado -apoyado por el sector “progresista” como la Decana de Filosofia y Letras, Morgade- por la organización y lucha de los estudiantes del Nacional Buenos Aires y Carlos Pellegrini.
La democratización a la orden del día
Este fin de ciclo kirchnerista empieza a mostrar cómo la recomposición de algunas instituciones que se propuso como objetivo la denominada “década ganada” no fue más allá de algunas reformas cosmeticas manteniendo en lo escencial la estructura neoliberal del poder. El reacomodamiento necesario de los partidos tradicionales en la escena nacional tiene su correlato también en las universidades, y la UBA como el exponente más agudizado por la importancia que tiene como institución para el Estado.
Como en los noventa, la UBA sigue estando dirigida por una casta de profesores que buscan acceder al poder mediante todo tipo de coaliciones sólo para enriquecerse a costa del dominio del patrimonio destinado a la educación universitaria pública, o hacer carrerismo político. Más que la excepción, se transforman en la regla: Barbieri, Richarte, Giusti, Yacobitti, Pinto, Bruno y la lista podría continuar. Si pueden conservar el poder es porque existe un régimen de cogobierno antidemocrático que deja en manos de una casta profesoral super privilegiada las decisiones sobre el rumbo de la UBA (recordemos que solo tienen representación los 2000 profesores titulares, dejando sin decisión a la mayoría de los docentes). Expresión de ello son los sueldos obscenos de $100.000 pesos al mes por ocupar cargos que utilizan para el beneficio de sus negocios privados.
Con el cielorraso agrietado, lo que queda planteado es poner en discusión cómo terminar con el modelo de universidad para las empresas y los negocios con el Estado impuesto por el neoliberalismo y mantenido a “tasas chinas” bajo el gobierno kirchnerista. Hasta ahora, manteniendo alejada la participación y poder de decisión de la enorme mayoría estudiantil (cerca de 300 mil estudiantes) y de todos los docentes y trabajadores no docentes es cómo se aseguran una educación universitaria que favorece a las grandes multinacionales, pero nada tiene que ver con resolver las necesidades populares que emergen en el país cada día con mayor crudeza. Avanzar en un régimen democrático de cogobierno es la única manera de cambiar la dirección de la universidad y sus funcionarios, donde la formación de profesionales apunte a dar una solución propia al problema de la educación, derechos humanos avasallados, salud, vivienda, trabajo, que acucian a la gran mayoría de la población.