PP, Cs y Vox, junto a los mal llamados sindicatos policiales, llevan días poniendo el grito en el cielo sobre unas supuestas medidas que limitarían la actuación policial que no se incluyen en las enmiendas del Ejecutivo. Estos son los restos de la Ley Mordaza que mantendrá el gobierno “progresista”.
Jueves 2 de diciembre de 2021
Este miércoles Pablo Casado participaba en el Congreso del Sindicato Unificado de Policia. Una vez más, como ya hicieran en la manifestación de la semana pasada junto a los otros partidos de la derecha y organizaciones policiales, volvió a oponerse a la reforma de la Ley Mordaza que pretenden llevar adelante PSOE, UP y sus socios parlamentarios.
Casado tiró de un argumentario que es simplemente falso y que pinta dicha reforma como mucho más de izquierda de lo que realmente es. La derecha y la policía atacan al gobierno por unas limitaciones a su actuación e impunidad que realmente no existen. Veamos por qué se rasgan las vestiduras y qué es lo que realmente está dispuesto a hacer el gobierno “progresista”, que como denuncian numerosas organizaciones de derechos humanos es bien poco.
La policía seguirá teniendo principio de veracidad, y los funcionarios de prisiones también
Casado defendió que había que "mantener la presunción de veracidad" de las declaraciones de los agentes ya que “suprimirla es restarles autoridad”. Como si PSOE y UP quisieran limitar este privilegio que es la base de numerosos montajes policiaco-judiciales. Lo cierto es que la modificación del artículo 19.2 de la ley en las enmiendas presentadas por los partidos del gobierno dicen lo siguiente: "el acta que se extienda gozará de presunción de veracidad de los hechos en ella consignados, siempre que resulte coherente, lógica y razonable, salvo prueba en contrario". Lo único que incluyen respecto a la ley de 20115 son los términos "coherente, lógica y razonable". Además, tal y como ha denunciado la organización de Derechos Humanos Iridia, esta presunción de veracidad se hará extensible a los informes y testimonios de los funcionarios de prisiones, que tendrán un trato judicial equivalente al de la policía.
La toma de imágenes y su difusión podrá seguir sancionándose
El dirigente popular defendió que había que consagrar "la privacidad de los agentes y sus familias", y en ese sentido “permitir la grabación es de facto una extorsión". Sin embargo la reforma de la ley solo elimina la necesidad de una autorización previa para tomar imágenes, algo que ya se recogía en una sentencia del Constitucional. La enmienda presentada por PSOE y UP solamente añade al articulado la frase de que "No constituirá infracción la mera toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones, o su mera difusión", pero sigue considerando una infracción grave "el uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando genere un peligro cierto a su seguridad personal o familiar o la de las instalaciones protegidas o ponga en riesgo el éxito de una operación". Exactamente el mismo redactado que la Ley Mordaza del PP que ha permitido la persecución de cientos de activistas y periodistas en estos años.
Seguirán disparando pelotas de goma
Sobre el uso de las pelotas de goma y otros materiales antidisturbios, Casado se dirigió a los policías del SUP diciéndoles que "ustedes tienen que poder defenderse. Con medios materiales adecuados y proporcionalmente usados como siempre han hecho ustedes". La enmienda presentada al artículo 23 por el PSOE y UP se limita a regular que "las autoridades competentes deberán desarrollar protocolos específicos, de acuerdo con los estándares internacionales, sobre el uso de la fuerza y la utilización de material antidisturbios, en orden a utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables" y repite la frase hecha de que estas actuaciones "se guiarán en todo momento por un enfoque de derechos humanos". Por lo tanto no hay mención alguna a la supuesta prohibición de las pelotas de goma u otros medios lesivos. Queda por detrás incluso de lo aprobado por el Parlament de Catalunya en 2014 – que las prohibió, aunque para sustituirlas por los proyectiles de foam que también han mutilado a manifestantes -. Para despejar dudas, el gobierno autorizó estos días el uso de porras de acero extensibles a la Policía Nacional.
Las manifestaciones se tendrán que seguir comunicando
Casado se hizo eco también de la reivindicación policial de "obligar a que las manifestaciones se tengan que seguir notificando", ya que no hacerlo "es una receta directa a la impunidad". Pero el gobierno “progresista” no está en desacuerdo, de hecho la enmienda presentada al respecto es tan limitada que solo afectará a manifestaciones que den respuesta a un hecho súbito: "la falta de comunicación previa no determinará la comisión de esta infracción cuando el ejercicio pacífico de tal derecho precise de una rápida expresión ante un acontecimiento de indudable repercusión social que no admita demora, siempre que no se cause violencia o alteración del orden público". Por si tiene alguna duda Casado basta el ejemplo de la manifestación en solidaridad con la huelga de Cádiz convocada en la capital para el pasado viernes, que fue prohibida por la Delegación del Gobierno sin ningún problema.
No, la policía no hará servicio de taxi
Otro de los mantras más repetidos y ridículos de estos días es el que dice que la reforma convertirá a los policías en poco menos que taxistas obligados a llevar a casa a quienes sean trasladados a comisaría para identificarles. Casado se refirió a eso como una "humillación" ya que acabarían "transportando a los delincuentes al lugar donde lo que estaban haciendo es probablemente tirarles piedras". Una falsedad más, ya que la enmienda solo se refiere a quienes hayan sido retenidos y trasladaros a una dependencia policial porque “no pudo realizarse la identificación por los agentes”, es decir no detenidos, y se limita a los casos en que “la persona se encuentre en localidad distinta a la del requerimiento de acompañamiento y siempre que el traslado no afecte gravemente al funcionamiento efectivo de los servicios".
Tampoco se legaliza el consumo y tenencia de drogas
Otra de las mentiras cien veces repetidas es la que impediría a la policía "seguir actuando contra el consumo de estupefacientes como ya hacen en las calles y en las escuelas”, como se lamentaba Casado en el congreso policial. Que no se preocupen, podrán seguir atacando el menudeo y consumo particular, mientras los grandes narcos como el amigo de Feijó siguen operando con tranquilidad. Las únicas enmiendas que se introducen rebajan de grave a leve la “tenencia en lugares públicos” y "el traslado de personas, con cualquier tipo de vehículo, con el objeto de facilitar a éstas el acceso a drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que no constituya delito".
Una reforma que deja en pie gran parte de la herencia de la Ley Mordaza
La campaña de la derecha y las organizaciones policiales no es casual. Además del desgaste del gobierno, las manifestaciones y gesticulación suponen un claro límite por derecha a cualquier medida que realmente avanzase en la verdadera derogación de la Ley Mordaza. Al mismo tiempo al gobierno “progresista” no le viene mal. El griterío de la derecha permite tapar a su vez lo que denuncian muchas organizaciones de derechos humanos, que la reforma se queda más que corta y supone un aval y consolidación de los recortes de derechos y libertades democráticos que han criminalizado buena parte de la protesta social. PP, Vox y Cs, junto al SUP o Jusapol, acaban siendo funcionales para que el PSOE y UP puedan correr un tupido velo sobre una de sus mayores imposturas e incumplimientos.
