Miércoles 5 de agosto de 2015
A pesar de no recibir la misma cobertura mediática, abundan elementos que relacionan el cartel tucano (del opositor PSDB) en el subte y en la CPTM (Compañía Paulista de Trenes Metropolitanos) al escándalo que sacude los frágiles fundamentos del gobierno petista. La semejanza en el método de desvío, el financiamiento de las compañías y el involucramiento de las mismas personas y empresas en ambos escándalos muestra que cuando el asunto es el asalto a las arcas públicas, PT y PSDB juegan en el mismo equipo.
El escándalo de corrupción en Petrobrás conocido como Operación Lava-Jato sigue avanzando a todo vapor, y a cada día surgen nuevas denuncias y encarcelamiento a los involucrados con la mafia que operaba y todavía opera en la empresa, con amplia cobertura mediática. Ya el Cartel de los trenes, también conocido como "propinoducto tucano" o "trensalão", se encuentra olvidado, relegado a notas secundarias en los principales diarios del país. Eso ocurre gracias a la notable preferencia que las burguesías paulista y carioca (sede de los principales medios del país) albergan por el PSDB, a despecho de los incontables esfuerzos del PT por mostrarse como un "gestor confiable" del estado a lo largo de los últimos 12 años, garantizandole al gobernador Geraldo Alckmin y su gobierno un blindaje que los petistas solo pueden envidiar.
Aun así no faltan elementos que señalen que los mismos métodos criminales fueron usados en ambos casos, contando incluso con algunos personajes en comun. Elemento clave en esa relación es el empresario Augusto Ribeiro Mendonça, que firmó en marzo un acuerdo de delación compensada con el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), según el diario O Estado de S. Paulo. El y otros socios del grupo Setal "confesaron su participación, proveyeron informaciones y presentaron documentos probatorios a fin de colaborar con las investigaciones del alegado cartel entre concurrentes en licitaciones públicas de obras de montaje industrial onshore de Petrobrás", según nota divulgada por el CADE el 20 de marzo. Ribeiro Mendonça también admitió en un testimonio que el grupo Setal pagó 2,4 millones en propina para el PT a través de contratos con la editora de la CUT.
Ese mismo empresario, aparentemente tan cercano al PT, fue socio de la T Trans, conocida proveedora de material metroferroviario que poseía excelente tránsito en el palacio de los Bandeirantes, sede de la gobernación de San Pablo, y actualmente es una de las imputadas en el Cartel de los trenes paulistas en la figura del socio remanescente, Massimo Giavina-Bianchi. La sociedad entre los dos patrones duró solo 9 años pero fue tiempo suficiente para que actuasen conjuntamente en las licitaciones fraudulentas de la construcción de la Línea 5-lila en 2000 y de la extensión de la Línea 2-verde en 2005, ambas del subte paulistano. En el primer caso, el grupo Setal, de Ribeiro Mendonça, fue subcontratado por el consorcio ganador Sistrem (formado por las multinacionales Alstom, CAF, Daimler Chrysler y Siemens) aun siendo parte del consorcio derrotado. Menos de un año después, repasó el contrato de 9,3 millones de reales a la T’Trans de su entonces socio Giavina-Bianchi. La T’Trans también es una antigua frecuentadora de las páginas policiales, estando acusada de corrupción en el sistema de subterraneos de la capital del estado de Mato Grosso, el VLT de Cuiabá, y en el transvía de Santa Teresa, en Rio de Janeiro, en el que ocurrió un accidente en 2011 que dejó a 5 muertos y 57 heridos.
Los métodos empleados en ambos escándalos indican una cercanía mayor entre el PT y el PSDB de la que asumen sus defensores. Empresas de fachada, cuentas en paraísos fiscales y la intensa actuación de intermediarios entre la propina pagada por la burguesía y el bolsillo de los agentes públicos son elementos en común en los escándalos de los dos partidos, así como la citación de grandes "caciques" como los verdaderos responsables por el esquema, como Aloísio Mercadante y José Dirceu en el nivel federal y José Serra y Andrea Matarazzo en el estadual. Las donaciones electorales muestran también que son las mismas empresas que patrocinan a varios partidos burgueses, en especial aquellas que dependen de la iniciativa estatal para sobrevivir, como es el caso de las grandes constructoras. Para dar un solo ejemplo, la constructora Queiroz Galvão, una de las principales involucradas en Lava-jato, donó 7 millones de reales para las campañas electorales del PT en 2014 pero no dejó atrás al PSDB, que recibió 8 millones de reales, 3,9 millones solo para Alckmin. Si se confirma la tesis de la Policía Federal de que las donaciones de campaña sirven para encubrir el pago de propina, no es una exageración imaginar que eso ocurra a nivel municipal, estadual y federal.
Incluso el cambista Alberto Youssef, pivot de la operación Lava-jato, pareciera tener sus ramificaciones en San Pablo. En las innumerables planillas encontradas en sus oficinas son mencionadas diversas constructoras, entre ellas Camargo Correa y OAS (detentoras del grupo CCR, responsable por la Línea 4-amarilla del subte, la Rodoanel y la autopista Dutra), la ya mencionada Queiroz Galvão e incluso la multinacional canadiense Bombardier, que es mencionada en las planillas de una de las empresas fanasma de Youssef, Santa Tereza Services Limited Partnership, creada en Nueva Zelanda y que, según la investigación de la Policía Federal, tuvo sus cuentas usadas para mover millones desviados de obras públicas, incluso de la obra de monoriel de la Línea 15-Plata.
Todo esto demuestra que no es posible que los trabajadores nutran cualquier confianza en los partidos burgueses para llevar adelante la lucha contra la corrupción ya que todos son financiados y se alimentan de los mismos esquemas, de los mismos empresarios corruptos. El país necesita un nuevo polo político, que se reuna alrededor de las necesidades de los trabajadores y sea independiente de la burguesía y de sus partidos corruptos. Sin eso los cambios en el sistema político siempre serán para beneficiar a corrputos y robar a los trabajadores.
