Las propuestas de Verónica Mendoza para encarar la actual crisis, tienen un carácter limitado ya que no consideran a los miles de trabajadores que sufren la suspensión perfecta, tampoco ofrecen ninguna salida a los millones de desempleados, ni mencionan el empobrecimiento de los estudiantes, ni la inestabilidad laboral juvenil generada por leyes patronales impuestas por la CONFIEP, entre otros temas.
Lunes 30 de noviembre de 2020
Foto: facebook de Verónika Mendoza
Verónika Mendoza tiene un programa limitado porque ha omitido pronunciarse sobre la situación de los trabajadores de la salud precarizados y en pie de lucha durante la emergencia sanitaria y la actual crisis, no ha reivindicado la lucha de los obreros en huelga ni se ha pronunciado sobre la precaria situación de los obreros mineros hacinados y sobreexplotados, ni ha planteado una posición clara sobre el desempleo multitudinario en el país.
Mendoza y el Nuevo Perú tampoco han mencionado el empobrecimiento de los estudiantes afectados por la mercantilización de la educación, ni ha denunciado las leyes patronales impuestas por la CONFIEP y los ministerios que recortan deliberadamente el presupuesto público a conveniencia de los empresarios. Los límites de su propuesta radica en su visión “optimista” del mercado y sus agentes, razón por la cual sólo se limita a luchar contra la corrupción, y apostar por un Nuevo Perú “de la gente”, recurriendo a un discurso populista ajena al verdadero interés de los trabajadores y de los millones de desempleados.
Frente a la aguda crisis que vivimos a raíz de la situación sanitaria y económica, el Nuevo Perú planteó sólo 5 propuestas básicas [1]. A continuación, vamos a analizar estas iniciativas que están relacionadas con la crisis sanitaria, con la situación de los trabajadores y con la denominada 2da reforma agraria. En posteriores artículos continuaremos analizando otros elementos de su propuesta.
“Reforzar el sistema de salud con énfasis en el primer nivel de atención, fomentar mayor articulación entre entidades del Estado y participación de la gente.”
Para concretar esta propuesta, señalan que “La ley de Salud debe cumplirse efectivamente” en todos los establecimientos sanitarios. Esta propuesta es tan abierta que queda vacía de contenido. No se critica aquí el poco presupuesto destinado al sector salud que ha ordenado el ministerio de Economía y Finanzas y que se limita al 1% del PBI, ni se plantea la necesidad de expropiar las clínicas que han incurrido en un abierto delito de usura frente a la tragedia de las familias que por la pandemia y por la crisis del sistema sanitario público, se vieron obligadas a asistir a estos establecimientos privados.
De igual forma, no se menciona la precariedad laboral que viven los trabajadores del sector salud y que han estado en pie de lucha desde inicios de la emergencia sanitaria, denunciando el poco presupuesto al sector y la falta de implementos básicos en los centros médicos y hospitales junto a la vulneración de sus derechos laborales. Estos trabajadores de la salud en su mayoría han sido contratados mediante el régimen de terceros o “locación de servicios” por años, sin derecho a ningún beneficio laboral, sin seguro público de salud, derecho a CTS, sin derecho de vacaciones, descanso por maternidad, entre otros derechos. A pesar de ello, han sido estos trabajadores quienes han estado en primera línea laborando horas adicionales durante la emergencia sanitaria a favor de la población, contagiándose en muchos casos de Covid-19 y falleciendo en la pobreza.
Por otro lado, esta consigna de Nuevo Perú no comprende una denuncia frontal a los dictámenes de recorte de presupuesto al sector salud a cargo del ministerio de Economía y Finanzas ni el abierto negocio que el Estado ha realizado a favor de las empresas multinacionales de la salud. En la nota de La Izquierda Diario “Las terribles condiciones laborales que enfrentan los trabajadores de salud son responsabilidad del ministerio de Salud y del ministerio de Economía“, mencionamos millonarias las compras públicas en el sector salud asignadas a la ministra de Salud Pilar Mazzetti durante el Gobierno de Martín Vizcarra, y que no han sido debidamente evaluadas, además de beneficiar en gran manera a las empresas transnacionales de la salud vinculadas al conglomerado empresarial CONFIEP. Sin embargo, para el pago de salarios y derechos laborales, así como dinero para los implementos de protección en el sector salud a favor de los trabajadores y de los pacientes no hay presupuesto público.
De esta forma, las prioridades de millonarias compras de insumos a cargo del ministerio de Salud que sólo ha favorecido prioritariamente al conglomerado empresarial CONFIEP y que no han sido adecuadamente distribuidos a los pacientes en los hospitales, y que estuvo a cargo de la Ministra de Salud Pilar Mazzetti durante el gobierno de Vizcarra, responden a una visión capitalista del Estado que elimina de sus prioridades a los trabajadores y al pueblo empobrecido, sin dar un debido servicio público de la salud. Por esa razón, los trabajadores de este sector no han tenido reconocimiento alguno, por el contrario, se han incrementado sus niveles de explotación, sin darles si quiera equipos de protección adecuada, ni reconocerles el salario a tiempo.
En conclusión, esta propuesta no plantea soluciones concretas a los miles de enfermos, que son esencialmente enfermos pobres y de la clase trabajadora y tampoco brinda una alternativa a los miles de trabajadores del sector salud.
Entregar un bono básico universal.
Verónica Mendoza ha criticado la ineficiencia del Estado en la asignación de los bonos, pues sólo se entregó en la práctica un bono de 790 soles en un periodo de 5 meses. Sin embargo, no señala que esta lentitud responde claramente a las prioridades del Ministerio de Economía y Finanzas, quien ha priorizado la organización del Programa Reactiva Perú a favor del conglomerado empresarial CONFIEP con todos los bancos del sistema financiero, y no ha querido hacer lo mismo con los bonos del Estado a favor de las familias pobres. El problema, para ella, se limita a “una mala gestión”, con lo cual evade pronunciarse sobre el carácter pro empresarial del estado.
Por otra parte, menciona que para favorecer el ingreso del erario público es necesario hacer una reforma tributaria, incorporar el impuesto a la riqueza, terminar con los incentivos fiscales como las exoneraciones tributarias. Sin embargo, no detalla los alcances de estas medidas (¿a quienes afectaran concretamente? ¿qué porcentaje de la riqueza se grabará?, etc.), ni plantea ninguna propuesta complementaria como la expropiación de las empresas que actualmente tienen millonarias deudas ambientales, tributarias y laborales. Al parecer, Mendoza no quiere chocar a ese nivel con la CONFIEP, ni con los otros grupos empresariales.
Apoyar a las Mypes y al Agro en general
Es verdad que la mayoría de Mypes, así como los pequeños agricultores tienen serias dificultades para acceder a créditos, lo cual dificulta su desenvolvimiento económico, sin embargo, lo que no dice Veronika Mendoza, es que esto ocurre porque el sistema financiero se encuentra sometido a las reglas capitalistas. Por tanto, si no se nacionaliza la banca y se la pone a funcionar bajo el control de sus trabajadores, la posibilidad de apoyar a las Mypes y a los pequeños agricultores se quedará en un ejercicio retorico cargado de demagogia, ya que jamás los grandes banqueros privados reducirán sus intereses y socializarán sus ganancias.
Por otra parte, consideramos que priorizar, como lo hace Verónika Mendoza, el fomento de las MYPES y las PYMES como única solución al problema del desempleo y de la aguda crisis económica, es un grave error. En primer lugar, porque las MYPE y las PYME, a pesar de su basta presencia en el mercado peruano, se desenvuelven dentro de la lógica capitalista, por esa razón, han sometido a regímenes laborales precarios y muy explotadores a la clase trabajadora, en ese sentido, muchos de los accidentes laborales que incluso han costado la vida de trabajadores, se han dado en este tipo de empresas.
Priorizar solamente la promoción de las MYPES y las PYMES, saca también de la discusión política la necesidad de industrializar el país a partir de la nacionalización de los recursos naturales y las empresas estratégicas y su puesta en funcionamiento bajo gestión de sus trabajadores. Así mismo, Mendoza no dice nada de la necesidad de reducir la jornada de trabajo (sin reducir salario) para incrementar más puestos de trabajo, combatiendo así el desempleo que golpea a millones sin afectar la vida de los trabajadores.
Respecto a la 2da Reforma Agraria
Mendoza y su organización proponen que en un eventual gobierno suyo se implementaría una Segunda Reforma Agraria, para reformar las políticas del Estado dirigidas a este sector. ¿Cómo? Implementando un Gabinete Agrario y Rural, con distintos ministerios, no solo el de Agricultura, sino de Producción y otros; impulsando un gran Programa Nacional de Compras Públicas directas a los productores; constituyendo una verdadera Banca de Fomento de Desarrollo Agropecuario y Rural.
Esta iniciativa, que desde ya es limitada por su carácter meramente redistributivo, omite pronunciarse sobre la eliminación de las concesiones mineras y petroleras concedidas - en algunos casos - a perpetuidad a grandes empresarios capitalistas. Este mecanismo legal de las concesiones ha permitido el ingreso del capital transnacional y ha sometido al Perú a un régimen de capitalismo dependiente del capital foráneo (imperialismo), sin embargo, Verónica no tiene una postura clara sobre las concesiones mineras. Es contra las concesiones mineras y su avance progresivo que las comunidades campesinas vienen luchando, pues estas no sólo afectan su propiedad sobre la tierra sino también su salud y su vida.
Por otra parte, otro de los grandes problemas de los agricultores es la importación de productos agropecuarios del extranjero, como es el caso, por ejemplo, de las papas fritas que las empresas de comida rápida y cadenas de restaurantes han impuesto en las ciudades afectando con ello la producción y distribución de las comunidades campesinas. Esta situación motivó la huelga de los productores de la papa en febrero del 2018 [2]. Este problema no se termina entonces con “otro ministerio de la producción” ni con gabinetes de apoyo, sino con la nacionalización del comercio exterior, solo de esa manera pararemos la inundación de nuestros mercados con productos subvencionados cuya comercialización solo beneficia a los grandes monopolios de los alimentos.
Así mismo, Mendoza señala que es necesario “mejorar carreteras y caminos rurales”, pero no dice si esto lo van a hacer los grandes grupos nacionales de la construcción, la gran inversión privada extranjera que internacionalmente está envuelta en escándalos de corrupción, o si lo va a promover el Estado directamente a través de empresas públicas, y si este fuera el caso, no se menciona el carácter de estas empresas públicas (si tendrán o no una gestión democrática de sus trabajadores, no olvidemos que muchas empresas publicas también están envueltas en casos de corrupción).
Como vemos, las propuestas que plantea Verónika Mendoza y Juntos por el Perú, para encarar la presente crisis económica y sanitaria, son solo de carácter cosmético, por tanto, no tocan los elementos estructurales que tienen que ver con el capitalismo y su engranaje imperialista. En ese entender, no representan una alternativa política para el pueblo trabajador.
Referencias:
1. Página del Nuevo Perú: 5 Propuestas Urgentes para atender la Emergencia Sanitaria. Disponible en: https://nuevoperu.pe/noticias/5-propuestas-urgentes-para-atender-la-emergencia-sanitaria-y-economica/
2. Huelga de los agricultores de la papa. Perú 21. Noticia de fecha 01/02/2018. Disponible en: https://peru21.pe/peru/paro-agrario-esto-exigen-productores-papa-fotos-394112-noticia/ Visto el 24 de noviembre del 2020.
