Los parlamentarios de la región no quedaron ajenos al escrutinio público debido a los escandalosos gastos por traslación. En esta nota te mostramos un desglose de los millonarios recursos que reciben las autoridades de la región entre los meses de abril y agosto del 2022.
Miércoles 2 de noviembre de 2022
Un nuevo escándalo ensucia al parlamento. En medio de una crisis económica, con alza en la carestía de vida, la inflación y desempleo, se dieron a conocer los montos millonarios que reciben los parlamentarios del país a título de asignación por “traslación”.
Según la ley los gastos por traslación comprenden gastos asociados a “combustible, peajes (incluidas vías concesionadas), TAG y televías de vehículos que sean propiedad del respectivo parlamentario o parlamentaria o de su personal de apoyo con contrato vigente.“
Esto abrió un importante cuestionamiento que se hizo sentir especialmente sobre los representantes del Partido de la Gente, la derecha y la ex Concertación, quienes concentran los mayores gastos asociados a este item.
Sin embargo, quisimos escrutar más finamente a los parlamentarios de la región de Antofagasta, para ver cuánto y en qué gastan los recursos.
En el primer lugar de gastos por traslación destaca el diputado Jaime Araya, independiente ligado al PPD y al caso SQM, del cuál salió impune pagando mísera multa, quien desde abril a agosto gastó más de $13.194.000 pesos en el ítem de traslación, con gastos de más de $2.3 millones mensuales (en mayo esta cifra llegó a los $3.2 millones de pesos).
Pero no solo eso, adicionalmente, en cuanto al personal de apoyo gasta cerca de $9.518.000 pesos para incluir en su plana parlamentaria al periodista José Miguel Latorre, quien recibe $2.500.000 pesos, a Víctor Silva, activista de No+Quemas, con $1.200.000 pesos y al profesional David Cortés Páez, quien liquida $2.700.000 pesos, entre otros.
Sebastián Videla, parlamentario por el Partido Liberal, tampoco se queda atrás. Si bien por traslación en los mismos 5 meses ha incurrido en un gasto de $6.321.294 pesos, en materia de personal de apoyo gasta una cifra muy cercana a la del diputado Araya, bordeando los $9.450.000 pesos, los cuales se reparten en 7 funcionarios, siendo los mejor pagados Alonso Fernández Allende, con $2.750.000 pesos, Marcelo Mera Torrealba, quien factura $2.050.000 pesos, y Elias Vaca, quien liquida $1.250.000 pesos.
Además de costear un arriendo de $1.750.000 pesos mensuales desde el mes de abril.
A los anteriores les sigue José Miguel Castro, parlamentario por Renovación Nacional, quien en gastos de traslación está muy cerca de Jaime Araya, con un monto total entre abril y agosto de $11.073.000 pesos, a lo que se suma su incursión en gastos de difusión de los últimos meses, los cuales superan el millón de pesos. Adicionalmente mantiene también un importante gasto en personal de apoyo por sobre los $8.4 millones de pesos, los cuales se reparten entre sus 5 asesores.
En cuarto lugar sigue la abogada Catalina Pérez, parlamentaria por Revolución Democrática. Si bien en traslaciones presenta gastos menores a los reseñados previamente por un total de $6.846.000 pesos, en los meses de junio y agosto, este ítem bordeó los $2 millones de pesos. Adicionalmente, el ítem de arriendo presenta un gasto mensual de $1.169.370 pesos.
En materia de remuneraciones a su personal de apoyo presenta mayores gastos que los de José Miguel Castro, desembolsando mensualmente un total de $8.905.000 pesos, distribuídos en cerca de 9 funcionarios los que en su mayoría reciben entre $500.000 a $1 millón de pesos, salvo por Javiera Andaur Marín y Romina Neumann Hernández, que reciben $1.640.000 y $2.118.000 pesos respectivamente.
Finalmente, Yovana Ahumada, del Partido de la Gente, aparece con menores gastos en cuanto a traslación acumulando $5.353.000 pesos respecto de este ítem. Así mismo en materia de personal de apoyo también presenta uno de los menores gastos, con $4.987.313 pesos mensuales, distribuídos principalmente entre Mauricio Pavez Galaz, Paola Santibañez y Jaime Beltran Besnier, quienes reciben remuneraciones por $1.257.313, $1.380.000 y $1.100.000, respectivamente.
Sin embargo, otra cosa que destacamos por parte de Ahumada, es la contratación de Marjorie Merino Abarca por $650.000 pesos, pues ésta también aparece contratada como personal de apoyo del diputado del PDG Rubén Oyarzo, por el mismo monto.
Esta misma situación se repite respecto de José Mansilla Silva, funcionario del PDG y ex empleado de la firma Royal que involucra a Franco Parisi en una causa de estafa y lavado de dinero, que también aparece facturando desde abril en favor de Rubén Oyarzo por $1.980.000, que se suman al $1.382.000 de pesos que recibe de la asignación de Ahumada, acumulando más de $3 millones de pesos en asignaciones.
En cuanto a los Senadores, entre los meses de abril y junio del 2022, tenemos un mismo escenario. En cuanto a gastos de traslación la delantera se la lleva la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, la cual ha desembolsado más de $11 millones de pesos, destacando el mes de mayo cuando la parlamentaria gastó más de $4 millones de pesos. Adicionalmente presenta un arriendo mensual por $1.350.000 pesos.
Respecto del personal de apoyo, la parlamentaria también tiene cuantiosos gastos alcanzando los $12.825.000 pesos, distribuídos principalmente en $3.3 millones para Marco Luza Luza, $2.7 millones para Johana Godoy Ramirez, Silvana Vega Pinto con $1.8 millones de pesos, entre otros funcionarios.
Por su parte, el senador Pedro Araya, independiente del PPD y hermano del diputado Jaime Araya, también tiene grandes gastos.
En materia de traslaciones gasta un poco más de la mitad que lo que desembolsa la senadora Núñez. Sin embargo la adelanta en materia de arriendo y gastos en redes sociales, con montos que entre los meses de abril y julio acumuló un total de $7.851.538 y $6.196.780 respectivamente.
En cuanto al personal de apoyo, el senador supera los $11 millones de pesos mensuales, desembolsando $2.1 millones en favor de Nicolás Farfán Cerda y de Pedro Lezaeta Paredes, entre otros.
Por último, respecto del senador Esteban Velázquez, si bien resulta ser el de menores gastos de traslación, acumulando apenas $2.258.575 entre los meses de abril y julio del 2022, en cuanto a gastos de arriendo éste ya alcanza los $7.9 millones de pesos en gastos. Y, como no podía ser menos, en cuanto al personal de apoyo mantiene un importante gasto en remuneraciones, alcanzando los $12.295.000 pesos en el mes de agosto. destacando los funcionarios Sebastián León Segovia, que recibe $1.8 millones de pesos, Karina Guzmán Arias, concejal en ejercicio por Antofagasta, con $1.7 millones de pesos, además de Patricia Valladares Rosales y Felipe Cuevas Valdivia, quienes reciben cerca de $1.2 millones de pesos de remuneración, además de otros 6 funcionarios que reciben hasta $750.000 pesos.
A todo lo anterior debemos sumar que, a pesar de la reciente reducción, los parlamentarios desde ya reciben dietas millonarias que son una burla para los millones que apenas alcanzan a llegar a fin de mes.
Hay que acabar con los privilegios de los parlamentarios y de sus sueldos millonarios que los alejan de la realidad y de las verdaderas necesidades del pueblo trabajador y pobre, el cual es el que verdaderamente padece los golpes de la inflación y del alza de la vida.
La principal medida en este camino sería reducir la dieta parlamentaria conforme al salario de un trabajador calificado, para evitar la elitización que viven los parlamentarios con sueldos millonarios y vidas de gerente. Además se hace necesaria la disposición del parlamentario al control político de sus votantes mediante la revocabilidad en todo momento, garantizando la responsabilidad de los mismos ante el electorado.
Así mismo, se requiere el aumento del número de parlamentarios, para que exista mayor representación de la población, y la eliminación del Senado, una cámara senil y conservadora al servicio de los grandes dueños del país.
Medidas tan simples como éstas están por fuera de la agenda del empresariado y de sus políticos. Toda la casta política está de acuerdo en defender éste régimen de privilegios, cosa que quedó demostrado en el borrador de la Constitución así como en los posteriores diálogos de los partidos políticos, en donde se niega cualquier modificación democrática al actual sistema legislativo.
Una transformación democrática y radical al parlamento sólo es posible conquistarlo mediante un gobierno obrero que ponga las prioridades del pueblo y los trabajadores por delante, transformando radicalmente esta democracia para ricos en una democracia obrera, un gobierno de nuevo tipo, que garantice las necesidades populares y le ponga fin a los privilegios de los ricos y poderosos.
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