LA BATALLA DEL DÓLAR. Los "miserables" quieren una devaluación para reventar a la clase trabajadora

El dólar oficial cotiza a $ 83, el dólar “solidario” a $ 136, el dólar “bolsa” tiene un precio de $ 150, el “contado con liquidación” de $ 164 y el “blue” o “paralelo” llegó a $ 167. La proliferación de cotizaciones de la divisa estadounidense y la brecha entre ellas es un indicador del desorden económico creciente.

Para la gran mayoría de la clase trabajadora resulta ajeno a su vida cotidiana lo que pasa en el “mundo” del dólar, no obstante, el saber popular indica que cuando sube su cotización se deteriora el poder de compra del salario y, por ende, se deterioran las condiciones de vida.

En lo que va del año hasta estos días, el dólar subió 32 %: es algo así como la “paritaria” del capital exportador. La inflación hasta septiembre aumentó 22,3 %: se trata de la “paritaria” de toda la clase empresaria que abastece el mercado interno. Por último, los datos del Indec indican que, hasta julio, los salarios del conjunto de la clase trabajadora, formales e informales, crecieron un 16 % (si siguen el ritmo de los meses precedentes, hasta septiembre el aumento sería del 21 %). Los salarios corren de atrás. Y van perdiendo.

Esta es la devaluación administrada que quiere el oficialismo para deteriorar progresivamente el poder de compra del salario. Esta política, a su vez, reafirma la pérdida salarial de la era Macri, que fue del 20 %. No sólo eso: el tercer año de recesión que atraviesa la economía, acentuada por el Covid-19, implicó la destrucción de 4 millones de puestos de trabajo. Entre el deterioro salarial y la desocupación, en el segundo trimestre, la pobreza trepó al 47 % de las personas del país.

Una devaluación acentuaría en lo inmediato la recesión, la pérdida salarial, la desocupación y la pobreza. El país atraviesa momentos de una gran presión a favor de una devaluación por parte del sector agroexportador y el capital financiero, tanto local como internacional.

El gobierno acordó el 4 de agosto con los lobos de Wall Street. El ministro de Economía, Martín Guzmán, tenía una hipótesis: que con el acuerdo bajo el brazo iba a domar al dólar. El 15 de septiembre se anunció el “súper cepo” para limitar la demanda, pero tampoco evitó que al Banco Central se le sigan escurriendo los dólares de las manos. El 1 de octubre, Guzmán anunció beneficios para el sector exportador para aumentar sus ingresos y promover la oferta de dólares vía mayor liquidación. Pero las presiones no terminan.

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Este miércoles, en el coloquio de IDEA, un encuentro empresarial con ideas antiobreras, el presidente Alberto Fernández señaló que "tenemos problemas y hoy mismo enfrentamos un problema por la falta de divisas que heredamos, por una desconfianza que se crea porque se repiten cosas que no son ciertas, desde los que plantean que se viene una devaluación o que podemos quedarnos con los depósitos de la gente; jamás haría semejante cosa".

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La declaración del presidente recordó a frases famosas que se dijeron en el pasado en momentos económicos críticos. Lorenzo Sigaut, el exministro de economía de la dictadura cívico militar, afirmó en 1981 que “el que apuesta al dólar pierde”. Poco tiempo después enfrentó una gran devaluación. Eduardo Duhalde afirmó en 2002 que “el que depositó dólares, recibirá dólares". Ocurrió lo contrario: el que depositó dólares recibió pesos.

La historia no se repite. Pero los damnificados, los agredidos por la devaluación y las confiscaciones del ahorro sí: la clase trabajadora, sectores de la clase media, el pueblo pobre.

Una salida obrera

La defensa del salario está en primer orden frente a las presiones devaluacionistas. La reciente reunión del Consejo del Salario Mínimo resultó una burla: en marzo de 2021 llegará a $ 21.600, menos de la mitad de lo que costó en agosto de este año la canasta de pobreza: $ 45.478, que incluso no comprende el pago de un alquiler. Si bien, el salario mínimo comprende a una parte minoritaria de los asalariados, su nivel da una dimensión de la carestía de la vida. En términos de dólares, al tipo de cambio oficial, desde abril de 2017, el sueldo mínimo se derrumbó en un 58 %. La CTG, que actúa casi como una cámara empresarial, aprobó ese salario mínimo. Lo mismo que la CTA que conduce Hugo Yasky.

la Junta Interna de ATE Indec estima una “canasta de consumos mínimos” como referencia para la discusión salarial. En el mes de agosto, estimaron su costo en $ 72.707. El promedio del salario de bolsillo del sector registrado privado en junio estuvo en $ 50.000. Ni que decir, que en estatales y trabajadores informales es mucho menor. La perspectiva de conquistar un salario mínimo como el estimado por ATE Indec debe ser planteada por las organizaciones de trabajadores. Lo mismo que la actualización automática de salarios en función de la inflación.

El Gobierno prepara el terreno para un acuerdo con el FMI con un Presupuesto 2021 que ajusta el gasto público, elimina el IFE y recorta en salud. Durante 2020, Argentina es uno de los países que menos gastó para atender la crisis de la pandemia. La escasez de dólares es relativa: este año, se llevaron unos U$S 5.000 millones entre los lobos de Wall Street y el FMI. Hay que rechazar el pago de la fraudulenta deuda externa y romper con el FMI. Que los recursos se destinen a un plan de obras públicas para terminar con la desocupación y que empiece por la atención urgente del déficit habitacional, agravado con el Covid, como vemos en Guernica. Es necesario un IFE de al menos $ 30.000 para todos los que están sin trabajo, tal como plantea el proyecto de impuesto a las grandes fortunas del Frente de Izquierda.

En el primer semestre del año, según datos del Indec, el 52 % del total exportado por el país lo explican los sectores oleaginoso y cerealero. Las ventas externas están dominadas por un oligopolio privado, mayormente extranjero: Cofco-Nidera-Noble (China), Cargill (EEUU), ADM-Toepfer (EEUU), Bunge (EEUU), AGD (Argentina), Vicentin (Argentina), Oleaginosa Moreno-Glencore (Suiza), LDC (Francia), ACA (Argentina), Molinos (Argentina). El 60 % de las ventas externas agropecuarias son realizadas por el capital extranjero.

Estas empresas controlan los principales puertos de exportación, donde los organismos de control, como la Aduana, actúan como visitantes, casi pidiendo permiso. De este modo, tienen facilidades para realizar todo tipo de maniobras como las que ejecutaba Vicentin: evasión de impuestos, subfacturación de exportaciones, no liquidación de dólares al Banco Central. Así, la principal fuente de dólares del país es ajena al control del Estado.

El monopolio estatal del comercio exterior sustraería esa poderosa herramienta de extorsión que tiene el capital agroexportador para imponer una devaluación: implicaría que todos los exportadores entreguen lo que se va a exportar a una institución creada por el Estado quien es el que comercializa y toma la relación con otros países. Con eso se evitarían estafas como las que hizo Vicentín, entre otras.

Hoy muchos importadores ficcionan compras al exterior para hacerse de dólares baratos. El monopolio del comercio exterior también permitiría evitarlo y priorizar, por ejemplo, en momentos como los actuales la importación de insumos médicos o los test del Covid en lugar de bienes de lujo para los ricos. Todo lo que entre y salga del país debe estar en función de las necesidades sociales, de lo que se necesita para vivir. Y tendría que tener un estricto control realizado por los trabajadores de los grupos exportadores o importadores, de los puertos y de la aduana.

Los bancos son los que organizan hace décadas la fuga de capitales a paraísos fiscales. ¿Qué es la fuga? Fundamentalmente, los dólares que mandan al exterior o fuera del sistema legal los grandes empresarios, las multinacionales y los ricos para esconder su patrimonio y pagar menos impuestos. ¿Quiénes fugan? Está comprobado que son Techint, Clarín, Macri, Vicentín entre otros poderosos los que fugan. Los lugares a donde envían los dólares son llamados paraísos fiscales.

Existen investigaciones que indican que en 2001 el 80 % de la fuga fue organizada por el Citibank, Bank Boston, Banco Galicia y otros. Mientras vaciaban el país, al pequeño ahorrista lo bloquearon con el “corralito". Los mismos lobos de Wall Street, los fondos con lo que el ministro Guzmán acordó la reestructuración de deuda, son los que también están vaciando de dólares al país a través de la operación de “contado con liquidación”.

La nacionalización del sistema bancario, con la expropiación de los bancos privados (pero no para apropiarse de los ahorros de los sectores populares, sino para preservarlos) y la conformación de un banco público único, bajo gestión de los trabajadores, es una necesidad urgente para cuidar el ahorro nacional, financiar obras públicas (escuelas, hospitales, viviendas), otorgar créditos accesibles para los trabajadores y sectores populares, y ayuda para los pequeños comerciantes o productores arruinados por la crisis, y terminar con el vaciamiento del país vía la fuga de capitales.

Si se cumplen los pronósticos (que siempre fallan) del Presupuesto 2021, aun creciendo los próximos años, la economía argentina producirá en 2024 el mismo nivel de riqueza que en 2012. Se acentúa una decadencia económica que viene al menos de la década de 1970. La clase empresaria y el régimen político capitalista conducen a la miseria generalizada. La clase trabajadora tiene que pelear por su propia salida a la crisis.

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