Un aspecto poco analizado de los motines policiales del 3 y 4 de diciembre de 2013 fue su impacto en el régimen político cordobés.
Viernes 5 de diciembre de 2014
Cuando los policías decidieron autoacuartelarse en reclamo de “mejoras salariales”, todavía resonaba en Córdoba el eco de las movilizaciones contra el fraude sufrido por el Frente de Izquierda en las elecciones legislativas. Cientos de miles de cordobeses se sentían estafados en el único acto de decisión que les permite la democracia: el voto. Era lógico que la Justicia hiciera su aporte para apuntalar al régimen político que ya venía debilitado por el narcoescándalo y por los ajustados porcentajes con los que ganaron el PJ y la UCR en octubre; de esta forma se impedía que el FIT pudiera acceder a su cuarta banca nacional.
Con todos sus problemas al parecer resueltos, De la Sota partió de viaje a Colombia dejando la provincia en manos del Jefe de Gabinete, Oscar González. Esta jefatura la había creado el gobernador en su tercer mandato (también había ampliado la cantidad de ministerios) justamente para tener las manos libres de las “menudencias” de la gestión provincial y dedicarse a tender lazos en pos de lograr su ambición presidencial.
Fue González quien se reunió varias veces con el abogado de los uniformados, Miguel Ortiz Pellegrini, para intentar desactivar la protesta. Pero el jefe de ministros no estuvo “a la altura de las circunstancias” y volvió a su puesto en la Legislatura. La jefatura de gabinete dejó de existir y De la Sota se puso nuevamente al frente del gobierno. Ante el evidente fracaso de su gestión, la Ministra de Seguridad y la cúpula policial, que habían estado en sus cargos por sólo 84 días, renunciaron antes de que los echaran. El Ministerio de Seguridad volvió a ser una secretaría dependiente del Ministerio de Gobierno y Seguridad. Hoy la dirige el abogado Matías Pueyrredón, que nunca habló en público hasta el momento.
Luego de la crisis y en una movida pensada para lograr apoyo territorial en el interior, se incorporaron varios intendentes como ministros y secretarios. Entre ellos, Martín Llaryora (Industria y Comercio), Julián López (Agricultura) y Walter Saieg (Gobierno y Seguridad).
De la Sota anunció la capitulación al “partido policial” como si fuera una gesta heroica en la que él tenía el rol protagónico. Acusó al gobierno nacional de no colaborar en la resolución de la crisis (no mandando a Gendarmería, por ejemplo) y se tiró contra los uniformados que no habían cumplido con su deber. Acto seguido, los mandó a “perseguir delincuentes”.
La salida a la crisis política se definió hacia la derecha, llenando la ciudad de policías decididos a remontar su desprestigio a fuerza de “corralitos” y controles a los motociclistas, “símbolos” vivos de los saqueos. La prepotencia del Jefe de Policía llegó al punto de amenazar a un periodista que cubría el caso de gatillo fácil de “Were” Pellico.
Un cambio que no afecta lo sustancial
Para recuperar imagen política De la Sota tuvo que recurrir a su viejo latiguillo populista (de derecha): el diálogo. En la apertura de las sesiones legislativas del 2014 anunció la modificación del Código de Faltas, que ahora pasaría a llamarse “Código de Convivencia”. Un reconocimiento al desprestigio que tiene la Policía en grandes sectores de la sociedad. El 11 de junio se aprobó en la Legislatura la nueva Ley de Ambiente que, bajo un discurso de defensa del ambiente, abre el juego para que Monsanto pueda insistir en instalarse. Ese día, cientos de policías salieron a cazar manifestantes que protestaban contra esta ley y 26 personas fueron detenidas, algunas de las cuales sólo pasaban por el lugar. Al principio, el PJ y la UCR acusaron a la banca de la izquierda por incitar a los desmanes contra los legisladores, pero el rechazo que provocó la razzia los hizo retroceder y la acusación se archivó.
Más allá de estos giros coyunturales, en el 2014 se profundizó la derechización del régimen político de conjunto, apoyado en un creciente poder otorgado a las fuerzas represivas.
Sin embargo tanta policialización no deja de crear costos políticos para el gobierno. Las enormes movilizaciones de la Marcha de la Gorra y el cuestionamiento creciente a un jefe policial que abusa de su poder expresan algunos de estos costos. A pesar de esta situación, sectores de la juventud siguen resistiendo a tanto uniforme azul y empiezan a organizarse. La Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil es un símbolo de esta organización, que tiende lazos con los jóvenes universitarios y con los trabajadores de Volkswagen, de Valeo y de Cargo, con docentes y trabajadores de la salud. Para que en Córdoba no haya ni un pibe menos asesinado por la Policía.
A contramano
De manera totalmente incoherente con esta realidad, hay una organización que en los últimos días se jactó de haber incorporado a una policía a sus filas. Adriana Rearte es la secretaria general del Seppa (Sindicato de Empleados Penitenciarios, policiales y afines de Córdoba) y se sumó al MST, un partido que supo apoyar al bando de las patronales campestres en el 2008, en el 2011 se hizo juecista y tiene un historial de haber apoyado la enorme mayoría de los reclamos corporativos policiales. Sin embargo, según afirman, son la “nueva izquierda”.
