Según un informe que difundió esta semana la Agencia Presente, este 2018 hubo por lo menos noventa y cuatro ataques hacia personas lesbianas, gays, bisexuales y trans, todas vinculadas a su orientación sexual, identidad y/o expresión de género. Veintitrés de esos ataques fueron asesinatos.
Jueves 27 de diciembre de 2018 20:36
Aunque son tentativos, porque no hay cifras oficiales, los números indicarían que en comparación al pasado los ataques se redujeron, ya que fueron registrados 103 ataques en 2017. Sin embargo, no se puede hablar bajo ningún punto de vista de una mejoría siquiera tenue en cuanto a nivel de violencia que recae sobre quienes somos lesbianas, gays, bisexuales, trans.
Noventa y cuatro ataques en un año significa un ataque cada setenta y siete horas: tres días. Es decir, no hay nada que festejar. Mucho menos para las mujeres trans, víctimas de la mitad de los ataques que recibe el colectivo LGTBIQ+. De acuerdo al mismo informe, la otra mitad de las víctimas se compone en un 38 por ciento de gays, en un 11 por ciento de lesbianas y en un 1 por ciento de varones trans.
De hecho, los registros de mujeres trans asesinadas durante el 2018 arrojan la cifra de 11 mujeres víctimas de estos crímenes de odio. Eso sin contar todas las que mueren por responsabilidad estatal, por no poder acceder a un sistema de salud de calidad, o no acceder a la salud en sí, entre otras cosas. Los mismos registros señalan que 70 serían las muertas por desidia del Estado. Que la expectativa de vida de les trans se extienda apenas hasta los 36 años, no es producto del azar.
Todo esto en un contexto donde el colectivo LGTBIQ+ viene de un cierto nivel de conquistas. Esto, de todos modos, no hace más que poner en evidencia que la igualdad ante la ley no es igualdad ante la vida. Aún así, en materia de derechos, el cupo laboral trans sigue siendo una pelea que se revela con estas cifras como necesidad imperiosa, como así lo es también el derecho a acceder a un sistema de salud pública de calidad, que no amplíe sino que deshaga cada vez más la desventaja que sufren las personas trans, gays, lesbianas, particularmente cuando pertenecen a la clase trabajadora y los sectores populares.
Otro elemento que esconden estos números es que, a pesar de los derechos conquistados, la violencia estatal sigue recayendo con una saña particular sobre las personas LGTB. Las detenciones arbitrarias, el ensañamiento policial contra nuestras disidencias y las condenas lesbo-transfóbicas por parte de la justicia son algunos ejemplos, y se reproducen en todas las provincias, bajo los distintos gobiernos de turno.
Para conocer más en profundidad parte de la violencia estatal que sufren las mujeres trans, Agencia Presentes también publicó este año parte del informe que presentó Marcela Romero, presidente de ATTA (Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En dicha Comisión, Romero señaló que “en Argentina está recrudeciendo la violencia institucional hacia las personas trans” y destacó que “más de 5000 mujeres trans son detenidas, abusadas y son parte de la caja chica de la policía de Argentina”. El final de esa persecución, dijo, “termina en crímenes de odio y muertes de las personas trans”.
Para conquistar nuestros derechos
El contexto internacional, como el latinoamericano, también nos impone la urgencia de salir a enfrentar a la avanzada de la derecha reaccionaria en las calles, para que en nuestro país no suceda como en Brasil, donde la CUT y el PT se mantuvieron en absoluta pasividad, permitiendo que se consolidara la candidatura de Bolsonaro junto a toda su base electoral fascistoide, fomentando entre otras cosas los ataques contra sectores LGTBIQ.
Aunque lejos de la experiencia brasileña, vale aclarar que hoy en día ya hay en la Argentina hay sectores que se inspiran en los pañuelos celestes y que, como si tomaran la “posta” del próximo presidente brasileño, que también se opuso a lo que denominan “ideología de género”, se oponen a la educación sexual en las escuelas y tiene una importante injerencia en las políticas públicas.
Se vio también, y claramente, durante el debate por el derecho al aborto, donde la jerarquía de las iglesias católica y evangélica, así como los grupos fundamentalistas aliados a ellas, desarrollaron una enorme campaña de presión y lograron, gracias a la alianza que mantienen con los partidos mayoritarios, del oficialismo y del PJ-FPV, impedir que el derecho al aborto se convierta en ley. Poco podemos esperar de quienes nos llaman a no enojarnos con esta institución cuya cabeza recomienda mandar al psiquiatra a quien, de niñe, manifieste "conductas homosexuales".
Para conquistar nuestros derechos, para terminar contra los crímenes de odio y contra toda opresión, para acabar con la violencia que recae sobre quienes ponen en cuestión los mandatos de este sistema, para pelear por todas nuestras libertades, el 2018 vuelve a demostrar que la salida está en nuestras propias fuerzas, junto a les jóvenes que exigen la separación de la Iglesia del Estado y otras demandas elementales; junto a les trabajadores que muestran cómo pararle la mano a la política de ajuste de Macri, los gobernadores y el FMI; junto a la marea verde que salió a las calles este año, demostrando una potencialidad enorme. Esa es la perspectiva por la que peleamos desde el PTS en el Frente de Izquierda. Y por eso te invitamos a construirla con nosotres.
