Los partidos independentistas se declararon "coautores" del 9-N después de que este viernes finalmente la Fiscalía General del Estado presentara la querella contra Artur Mas y otros miembros del Gobierno catalán
Sábado 22 de noviembre de 2014
Fotografía: AGENCIA EFE
Este viernes, finalmente la Fiscalía General del Estado presentó la querella contra el presidente de Catalunya, Artur Mas, por desobediencia grave, prevaricación, malversación y usurpación de funciones en la jornada del 9-N de masiva participación. La querella también se dirige contra la vicepresidenta catalana Joana Ortega y la consejera de Enseñanza Irene Rigau.
La primera respuesta de Artur Mas ha sido el día jueves en el Palau de Pedralbes, donde declaró que "el pueblo catalán quiere poder dejar sentir su voz, que se le escuche y que se le tenga en cuenta, y, finalmente, que se le deje decidir". Y que ante "hacer posible la libertad de expresión, nos hemos encontrado con la reacción que nos hemos encontrado".
El duro ataque de parte de la Fiscalía General del Estado, aunque convierte hoy a Artur Mas en el "mártir" del proceso catalán, es percibido por un amplio sector de la población catalana, que se viene expresando en las calles, como un ataque a sus reclamos; que también se expresaron masivamente durante la jornada del 9-N.
Por su parte, los portavoces de los grupos parlamentarios de CiU (Convergencia i Unió), ERC (Esquerra Republicana de Catalunya), ICV-EUiA (Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa) y CUP (Candidatura de Unión Popular) han enviado una carta al Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, declarándose "los mandantes y coautores de las acciones que se imputen a los miembros del Gobierno de la Generalitat derivadas de la organización y ejecución del 9N".
La semana pasada, antes de la presentación de la querella, estos grupos habían aprobado en el Parlamento catalán una moción en la que se asumía "de forma solemne y colectiva todas las consecuencias que se pudieran derivar" de la jornada del 9-N; y en la que rechazaban cualquier intento de exigencia de responsabilidad por vía judicial.
El fiscal jefe catalán ha tenido que firmar la querella a pesar su negativa, junto a los otros ocho fiscales que componen la junta en Cataluña, a acusar al presidente catalán. De ahora en más se conformará la sala de admisiones que está formada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y dos magistrados más. Esta sala resolverá la admisión o no de la querella presentada, decisión para la que no tiene plazo.
Cada delito tiene diferentes penas: multas de tres a doce meses, inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a tres años, e incluso entre siete y diez años por el delito de prevaricación administrativa.
Esto complica aun más el eventual proceso de negociaciones entre el presidente del Gobierno Mariano Rajoy y Artur Mas. Así lo ha expresado de forma contundente la vicepresidenta del Gobierno de la Generalitat, Joana Ortega "Se hace muy difícil negociar con este Gobierno" porque "cada vez nos empujan más fuera de España". Por su parte, la consejera de Enseñanza también afirmó que presentar una querella criminal contra el president Mas, ha constatado que "el diálogo lo ha roto" el Ejecutivo de Rajoy.
La cuestión de la Independencia en Catalunya continúa siendo uno de los problemas políticos más agudos del Régimen español. En una especie de laberinto de negociaciones entre los partidos independentistas y el presidente Rajoy, parecía que este conflicto podía empezar a tener un cauce, aunque siempre se mostró muy lejana su solución
Cynthia Lub
Doctora en Historia en la Universidad de Barcelona (UB), especializada en clase trabajadora durante el franquismo y la Transición, también en estudios sobre género y clase, feminización del trabajo y precariedad. Docente de educación secundaria pública.