Para intentar cubrir la alta demanda de personal para atender los espacios destinados a la vacunación contra covid que arrancaron esta semana, el gobierno de la CDMX convoca a trabajadores de programas sociales, que no cuentan con ningún tipo de prestación ni seguro médico.
Miércoles 17 de febrero de 2021
La pandemia ha cobrado más de 170 mil vidas en el país y cada día van en aumento. Los estragos que dejará esta crisis sanitaria en todos los aspectos de la vida de la mayoría de la población aún no se han determinado por completo. Pero, como siempre, se puede asegurar que los más afectados serán los trabajadores.
Desde los inicios de la crisis sanitaria quedó en evidencia que no había el personal necesario para atender a todos los pacientes; el personal médico que enfrenta la enfermedad en la primera línea hace esfuerzos inhumanos y no se da abasto. Los trabajadores del sector salud se encuentran agotados.
La saturación no se limita solamente a los hospitales que hace meses se han quedado ya sin camas ni ventiladores. Debido a la presión por la falta de pruebas, se instalaron kioskos para la aplicación de pruebas rápidas de detención de covid, programa que implicó movilizar a una cantidad considerable de personal para cubrir todos los aspectos necesarios. Pero con los trabajadores de salud luchando en los hospitales, ¿quién se pondría al frente para garantizar estas tareas? El gobierno, dentro de su plantilla, encontró a los candidatos perfectos.
No es secreto que miles de trabajadores del gobierno laboramos sin contrato y sin reconocimiento de ningún tipo de relación laboral. Al no tener un contrato en el que se especifiquen claramente nuestras tareas, nos convierten en los elementos perfectos para cubrir las labores que, en condiciones menos crueles, implicarían por lo menos contar con seguro médico.
Los “beneficiarios” de programas sociales somos una figura ambigua dentro de la plantilla de las diferentes secretarías. No contamos con contrato y con ningún tipo de prestación. Se nos convoca para cumplir determinadas funciones, por ejemplo en la Secretaría de Cultura, donde realizamos actividades culturales gratuitas de forma virtual por la pandemia. Si bien tenemos una lista predeterminada de tareas, nos encontramos completamente subordinados a las solicitudes de los coordinadores.
Ya es una situación compleja la figura de “beneficiario de programa social”, en la que se borra por completo el nombre de trabajador para así librarse también de todas las responsabilidades que podría tener el Estado con un empleado. La mayoría de los pertenecientes a estos programas son jóvenes que no encontramos empleo y nos vemos obligados a laborar así para poder tener un ingreso, en medio de una pandemia que ha dejado a millones sin trabajo.
Sumado a esta evidente precariedad, cubrimos labores de alto riesgo en diferentes puntos. En algunos casos, se nos solicitó que apoyáramos en la logística del acceso de las personas al centro histórico, repartiendo gel antibacterial.
Posteriormente nos requirieron como apoyo en los kioskos covid, pues el personal que los atendía no era suficiente. Así que muchas compañeras y compañeros tuvieron que asistir a apoyar con labores logísticas y de organización. Con “equipo de protección” (cubre bocas y guantes) en un sitio de algo riesgo, con personas potencialmente contagiadas.
Cuando promotores culturales externaron esta preocupación, argumentando que no contaban con servicio médico para tratarse en caso de contagiarse, la respuesta de la coordinación fue que vieran la situación como una ventaja, ya que si sospechaban de estar contagiados se podrían hacer la prueba ahí mismo.
Algo similar sucedió ante el anuncio del inicio de la campaña de vacunación contra el covid: a los integrantes de los programas culturales nos “ofrecieron la oportunidad” de participar en apoyo logístico, tratando con población de riesgo. A cambio nos ofrecían ponernos la vacuna de manera anticipada.
Esto no sólo se brinca todos los protocolos del ya de por si deficiente sistema de vacunación, sino que también juega de manera cruel con un deseo legítimo, que es el querer inmunizarse ante una enfermedad tan terrible como la que estamos padeciendo.
En primera instancia podría considerarse como algo positivo recibir la vacuna; sin embargo, es a costa de seguir exponiendo la salud, pues las labores de logística se desarrollan en sitios con una amplia concentración de personas de riesgo y la vacuna no garantiza no contagiarse.
En la primera fila para combatir el coronavirus, además de las y los médicos, se encuentran una serie de trabajadores precarizados que, de manera poco visible para la mayoría, realizan actividades de riesgo, sin ningún tipo de garantía en caso de contagiarse y tampoco pueden hacer ningún tipo de reclamo.
Los trabajadores estatales tienen que ser reconocidos como tales. Continuar con las figuras de “beneficiarios” solamente aumenta la precarización laboral y pone en un completo estado de indefensión a aquellos que en los hechos cumplimos con todas las funciones de un trabajador. Es contradictorio y aberrante que dentro de las mismas secretarías estatales se perpetúe de manera tan burda la sobreexplotación de las y los trabajadores.
