A más de un año y medio del inicio de la rebelión popular en Chile, continúan los juicios contra los detenidos durante esas jornadas. Al igual que durante el Gobierno de Piñera, bajo el actual Gobierno de Boric es el Ministerio del Interior el que continúa con la criminalización de esas y esos jóvenes al negarse a retirarse de la causa como parte de la querella.
Lunes 11 de julio de 2022 09:34
El 3 de marzo de 2020, cuando la revuelta chilena ya llevaba varios meses al menos 60 manifestantes fueron detenidos durante una protesta realizada en las inmediaciones de Plaza Dignidad. Las detenciones durante aquella jornada fueron justificadas por la Policía señalando que se trataba de miembros de la "Primera Línea", las y los jovenes que por aquél momento se organizaban para enfrentar la represión policial en las calles. De aquellas 60 personas detenidas, solo pasaron 40 a control de detención y luego de los procesos posteriores, se redujo a 15 el número de detenidos juzgados.
Este viernes 8 de julio, el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, emitió su veredicto de esos 15 jóvenes detenidos. Como resultado de 28 meses de procedimiento, que contó con el Ministerio Público y el Ministerio del Interior como querellantes, sólo cinco de ellos fueron encontrados culpables, pero por el delito de desórdenes públicos.
Durante todo este tiempo tanto bajo el Gobierno de Piñera como ahora bajo el Gobierno de Boric el Ministerio del Interior, ahora liderado por Izkia Siches, nunca dejó de ser parte de la causa como querellante. Es decir que este órgano del estado se mantiene hasta el día de hoy como eje de la criminalización de las y los jovenes que formaron parte de una rebelión que cuestionó en las calles un sistema quebrado, expresado en los 30 años de continuidad con la herencia del pinochetismo, es decir la continuidad de una profunda políitca y medidas económicas ultra neoliberales que fueron mantenidas por cada uno de los gobiernos que siguieron al fin de la dictadura.
En conversación con la redacción del medio digital Interferencia, Nicolás Pavez, abogado de uno de los acusados que resultó absuelto de ambos delitos por los que se lo perseguía, señaló que "los 15 acusados fueron absueltos del delito de interrupción del tránsito, porque fue demostrado en juicio que el tránsito lo interrumpió Carabineros", y agregó que le parece "inaudito que se haya perseguido a estas personas por este delito por tantos meses y sin tener buenas pruebas. Nos parece una demostración de que se trata de un juicio que busca criminalizar la protesta y una persecusión política".
