Profesores. Los profesores y el proceso constituyente de 1925 ¿Qué lecciones nos deja?

Hacia 1925, la república parlamentaria se encontraba en una profunda crisis económica, política y social, principalmente a causa de que el régimen no dio soluciones distintas a la represión al conjunto de problemas relacionados con las condiciones laborales y de vida que en conjunto se denominaron como “cuestión social”.

Para los profesores tampoco era muy distinto. El sistema de educación público se encontraba dividido entre la educación primaria, secundaria y universitaria, los cuales tenían financiamientos similares, pero coberturas muy distintas, de hecho, a partir de 1860 en adelante el sistema educativo primario siguió aumentando en cobertura de manera más o menos constante: de un total de 882 escuelas primarias, 486 de las cuales eran fiscales y 80 municipales, en 1880 aumentó a un total de 1.025 (de las cuales 620 eran fiscales), a 2.115 (1.547 fiscales) en 1900 y a un total de 3.643 (3.214 fiscales) para 1920. La matrícula también aumentó en concordancia, de un total de 39.629 estudiantes en 1860 a 63.900 en 1880, 165.201 en 1900 y finalmente 401.251 estudiantes en total para 1920 [1] . Esto contrasta notoriamente con la expansión de los niveles secundarios y superior, que contaban para 1920 con un total de 292 y 19 establecimientos respectivamente, aunque accedían a alrededor del 45% del presupuesto total de educación. Es decir, el estado siguió gastando, individualmente, más en los estudiantes de nivel secundario y superior a pesar de que su cobertura era notoriamente menor que la primaria, donde acedía el grueso de los niños y niñas de sectores obreros y populares. Como reflejo de esto, los docentes de la educación primaria eran también los que percibían los sueldos más bajos, e incluso con retraso [2].

La Asociación General de Profesores de Chile (AGP) surge a partir de una tradición anterior de organizaciones docentes mutuales y sindicales buscando resolver estas problemáticas, pero lo que la destacó del resto fue que logró transformarse en la primera representación del magisterio a nivel nacional, con cientos de afiliados a lo largo del país, de los distintos niveles de enseñanza, aunque fundamentalmente de la generación más joven de la enseñanza primaria, siendo Gabriela Mistral una de sus impulsoras más conocidas.

Así, hacia 1925, los docentes de la AGP venían luchando contra las consecuencias de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria impulsada por el gobierno de Alessandri en 1920, que no sólo re encasilló a los docentes bajando notoriamente sus salarios, sino que también porque la propia ley, a dos años de su promulgación, estaba siendo cuestionada por los cambios reales que aportó. La obligatoriedad de la educación permitió al Estado sancionar y perseguir a las familias que no cumplían que esta exigencia, sin embargo la posibilidad material de realizar este control estaba muy lejos de realizarse, sobre todo en sectores rurales, donde el Estado siquiera existía. Por otro lado, la obligatoriedad exigía de vuelta un sistema educacional capaz de absorber esta demanda, lo cual estaba también muy lejos de a realidad, pues hacia 1921 existían 3.152 escuelas fiscales y otras 419 particulares que atendían en conjunto a 472.720 niños, sin embargo el censo de 1920 arrojó un total de 843.778 niños en edad escolar, por lo que cruzando ambos datos un total de 371.058 niños [3] quedaban excluidos del sistema escolar por falta de capacidad del propio sistema, que consolidaba su principio de discriminación social característico.

Ante esto, los docentes organizados en la AGP realizaron un extenso debate en torno al rol social y político de los propios profesores, y como era necesario que el magisterio llevara adelante un proyecto pedagógico propio que lograra transformar el sistema educativo desde sus bases, que lo resumieron en estos principios: "El Estado debe proporcionar los fondos para la enseñanza pública, que debe ser gratuita desde la escuela primaria hasta la Universidad. A los consejos de maestros, padres y estudiantes corresponden la plena dirección de la enseñanza. La única intervención del Estado en la enseñanza pública debe ser la de proporcionarle los fondos para que esta realice sus fines propios y la de ejercer el control de la capacidad técnica de los educadores, respetando en forma absoluta la libertad de la cátedra y el espíritu del magisterio.” [4]

Para la AGP estos principios tenían una forma concreta de organizarse, por lo que propusieron un sistema unificado compuesto por un Kindergarten de dos años, una escuela primaria de seis años, en vez de los cuatro establecidos en la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, y un tramo secundario compuesto por seis cursos. Pedagógicamente, este sistema contemplaba la aplicación de las metodologías activas en todos sus niveles, además del principio de coeducación de ambos sexos.

Desde el punto de vista de su orientación, la propuesta de la AGP sostenía el principio de autonomía, bajo el cual la educación se debía mantener independiente de los gobiernos, por lo que le entregaba la dirección y administración del sistema a los propios educadores y otras personas relacionadas con el quehacer educativo, que serían los que además darían las directrices de la formación docente.

Se propuso la descentralización del servicio educativo, con la formación de cuatro grandes Regiones Educacionales coordinadas por una Superintendencia cuya principal tarea es mantener la unidad general del sistema y de cada una de sus ramas: Educación Primaria, Secundaria, Universitaria y Artística. En cada región funcionaría un Consejo de Educación Primaria y Secundaria, una Universidad y una Academia de Bellas Artes, y cada consejo estaría formado por representantes del profesorado, un médico, un obrero, un empleado, un artista y un representante de la región, los cuales serían elegidos cada cuatro años, y tendrían a su cargo la organización y el funcionamiento de sus respectivos servicios. [5]

Sin embargo, este progresivo proyecto educativo no lograría imponerse por su confianza en las autoridades e instituciones del régimen, y por falta de confianza en las fuerzas propias y en la alianza con otros sectores obreros y populares.

En septiembre de 1924 los militares intervienen en la política nacional, obligando al Congreso a aprobar una serie de leyes sociales que habían mantenido estancadas desde 1920, llevando al poder a una Junta Militar compuesta por los altos mandos de las Fuerzas Armadas. La AGP, como el resto de las organizaciones obreras, saludaron en un primer momento la intervención militar, pero rápidamente el apoyo se transformó en oposición cuado la Junta Militar cerró el parlamento, exilió a Alessandri, empezó a restringir las libertades cívicas y suspender las leyes sociales aprobadas, principalmente porque los altos mandos tenían un origen oligárquico y buscaban frenar los cambios al régimen, lo que generó grandes protestas exigiendo la vuelta de Alessandri y una Asamblea Constituyente. En enero de 1925 ocurre un segundo golpe militar contra los altos mandos, de la oficialidad joven, que trae de vuelta Alessandri, esta vez bajo la tutela de Carlos Ibáñez del Campo en el Ministerio de Guerra, anunciando un proceso constituyente.

La AGP, junto a otras organizaciones como la FOCH, la FECH, la Unión de Empleados y otros sindicatos autónomos impulsaron la Asamblea Constituyente de Asalariados e Intelectuales, la cual sesionó durante 3 días y convocó alrededor de 1.250 inscritos de un amplio espectro político, desde sindicalistas independientes, sectores anarquistas y anarcosindicalistas, comunistas, demócratas, radicales y feministas, entre otros.

En esta instancia lograron acordar una serie de principios constitucionales que apuntaban hacia un Estado de garantías democráticas y de derechos, muy progresivo para la época, donde se incorporó completamente la propuesta educacional de la AGP, pero luego de la instancia ninguna de las organizaciones impulsó este programa y se volcaron a incidir en el proceso constitucional del gobierno. La AGP en particular siguió agitando por camino propio, gremialmente, su propuesta educacional, dejando pasar una importante oportunidad de contar con una mayor fuerza social, junto a trabajadores y estudiantes, que fuera capaz de imponer un proyecto educativo y de país desde y para las grande mayorías.

De esta forma Alessandri y los militares, sin la oposición del Parlamento y con el poder de facto de su lado, desecharon rápidamente la idea de realizar una Asamblea Constituyente, bajo el pretexto de “falta material de tiempo para verificar las inscripciones del electorado, para instalar enseguida la Constituyente y para que ésta dispusiera del tiempo necesario para terminar su misión y alcanzar a fijar las reglas de la elección del Congreso y del Presidente” [6] que debía sucederlo el 23 de diciembre de ese mismo año, y en su lugar impuso dos comisiones con integrantes elegidos por el propio gobierno y en tan sólo un mes, se convocó un plebiscito donde votaron apenas 134.421 personas de un padrón de 302.304, y fue aprobada por sólo 127.509, siendo promulgada el 18 de septiembre de 1925 con amplios cuestionamientos a su legitimidad.

Como podemos ver a través de esta experiencia, es importante que los profesores forjemos alianzas con otros sectores y depositemos nuestra confianza en las fuerzas propias como única forma de poder garantizar nuestras demandas. Hoy el escenario es distinto al de 1925, en lugar de comisiones elegidas por el gobierno existe una convención constitucional que sin embargo no se encuentra exenta de limitaciones y trampas ¿Es posible garantizar estas demandas ciñéndose a los establecido por el Acuerdo de Paz firmado a espaldas de los miles de movilizados? Nosotros creemos que no, por eso al mismo tiempo que exigimos especialmente a los constituyentes que dicen representar al pueblo, y a aquellos que representan a los docentes, luchamos por un movimiento docente organizado desde las bases dispuesto a llevar adelante banderas como la necesaria liberación de las y los presos políticos de la rebelión y del pueblo mapuche, por el fin de las AFP, por sistemas de salud y educación financiados por el Estado gestionados por los trabajadores y quienes ejercen sus derecho a la salud y la educación, entre otras, en asambleas abiertas a la comunidad educativa que pueda impulsar cada comunal del Colegio de Profesores para forjar esa necesaria fuerza social.