La Ley de Dependencia ha sido gravemente recortada. Siguen siendo las mujeres las que se hacen cargo de todas aquellas tareas de cuidados de las cuales el Estado se desentiende.
Àngels Vilaseca Barcelona / Trabajadora de Servicios Sociales
Viernes 13 de mayo de 2016
“127.000 personas dependientes han fallecido sin llegar a recibir la prestación que por Ley ya tenían reconocida.” Así lo denunciaba esta semana la Coordinadora Estatal de Plataformas por la Dependencia. En un comunicado responde las cínicas declaraciones que realizó el pasado lunes la Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad al alabar la “gran vocación social” del Gobierno de Rajoy y decir que su “prioridad ha sido mantener en estos años de crisis el Estado del Bienestar”.
La cifra es escalofriante, y más allá de meras estadísticas es una clara muestra de los devastadores efectos que están provocando los recortes y unas políticas sociales que ya eran escasas desde antes. En este caso, dejan a la estacada a miles de personas que requieren de apoyo para hacer frente a necesidades tan básicas del día a día como poder vestirse, ducharse, comer, hacer la compra o sencillamente poder salir de casa y bajar las escaleras de un quinto piso sin ascensor.
Como sabemos, la “Ley de promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de dependencia” se implementó durante el Gobierno de Zapatero.
En su momento se vendió como un gran avance que fortalecería el cuarto pilar del “Estado del Bienestar”, los Servicios Sociales. Sin embargo, se quedó en el mero discurso, ya que poco tiempo después sería uno de los principales “blancos” de los recortes iniciados por el mismo PSOE, y que continuaron con el Gobierno del PP. Durante la legislatura del Gobierno de Rajoy se recortaron más de dos mil millones del presupuesto destinados a esta cuestión alegando de que se trata de una “propuesta inviable”.
Pero el problema no es solo que se paralizó por completo el despliegue de la ley de la dependencia, sino que de por sí los recursos y servicios que reconoce la misma también son limitados. Si se aplicara lo que legalmente se estipula, está claro que supondría una mejora, no obstante, no ofrecería una respuesta profunda a las necesidades para acceder a una vida digna de las personas en situación de dependencia, así como los familiares que muchas veces son sus cuidadores.
Por ejemplo, para muchas personas que requieren una atención especial de prácticamente las 24 horas del día, la propia ley solo ofrece un servicio externo de pocas horas de cuidados diarios. De la misma manera, la separación estipulada por grados de dependencia es muy engañosa y da pie a muchas trampas para encasillar a personas a un grado de dependencia que no corresponde a sus necesidades reales, así se ahorran de destinar los recursos requeridos.
Las mujeres siguen cargando con las tareas de cuidados
La misma ley también se vendió como un avance para ayudar a todos aquellos familiares (en un 93% mujeres) que ejercen la tarea de cuidador no profesional en su propio hogar. Supuestamente con esta nueva ley se desplegarían una red de servicios y recursos públicos que suplirían, al menos en parte, las tareas que hasta el momento desarrollaban mayoritariamente las mujeres.
Mientras no se ejercía un despliegue más amplio de todos estos recursos, una de las ayudas económicas que contempla la ley es la “prestación de cuidados en el entorno familiar”. En un principio, esta se establecía en “carácter excepcional” para poder compensar económicamente a los cuidadores familiares no profesionales de personas dependiente de mayor grado. Sin embargo, son prestaciones completamente ridículas que muchas veces ni llegan a los 300 euros. Resultó ser un engaño más, ya que conceder esta ayuda económica suplía la posibilidad de, por ejemplo, conceder una plaza residencial o de remunerar a una cuidadora profesional, algo que saldría muchísimo más caro. Es decir, que al fin y al cabo seguía perpetuando el rol de la mujer en el hogar. Este tipo de ayudas también se han recortado y a más de 83.000 personas se les dejó de conceder esta prestación. A parte que des de julio del 2012 estas cuidadoras también perdieron su cotización a la Seguridad Social que antes corría a cargo del Estado.
Son muchas las mujeres que se ven obligadas a dedicar el 100% de su vida a atender a un familiar dependiente que requiere de atención durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Mujeres a las que no se les reconoce su trabajo, y que en un futuro tampoco van a poder acceder a ningún tipo de pensión de jubilación viéndose abocadas a la pobreza y a la marginación.
El fracaso de la Ley de la Dependencia es parte del desmantelamiento de la gran mayoría de los servicios públicos como la sanidad y la educación, que se ha producido después de la crisis.
Esto ha provocado una mayor intensificación de las tareas domésticas y de cuidados para las mujeres, que suplen de forma gratuita todas aquellas tareas de las cuales el Estado no se hace cargo.
A ello le sumamos las consecutivas Reformas Laborales tanto del PSOE como del PP, que han profundizado la precariedad y las dificultades para poder conciliar la vida laboral y familiar. Para las mujeres trabajadoras ahora la “doble jornada” laboral es cada vez más dura, o aún peor, queden fuera del mercado laboral y se ven obligadas a retornar por completo al hogar.
Esto es lo que provoca el capitalismo, un sistema que sigue estigmatizando a las personas mayores, a las personas enfermas o las personas con diversidad funcional como “improductivas”, de forma que destinar recursos hacia estos colectivos no es “rentable”. En su alianza con el patriarcado, seguirá esclavizando a millones de mujeres en los hogares en condiciones cada vez más precarias.
