Barcelona. Los sindicatos policiales declaran la guerra a la CUP y BeC mira para otro lado

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En diciembre intentaron sentar en el banquillo a Josep Garganté, regidor cupaire y conocido activista de las huelgas de TMB bus. El motivo, haber intercedido en un centro de salud para que un vendedor ambulante, que había resultado herido en uno de tantos operativos policiales del Ayuntamiento contra el “topmanta”, pudiera ejercer su derecho a ser atendido por un médico sin la presencia de los agentes y poder así dar testimonio del verdadero origen de sus heridas sin presión alguna.

Como en los peores tiempos de la Ciutat Morta, el médico dio por bueno el testimonio del paciente obtenido con la presencia intimidatoria de los urbanos, toda la prensa se tiró en contra de Garganté -al que le acusó de intentar intimidar al facultativo- y los sucesos quedaron, nuevamente, impunes. La única novedad en este caso, es que muchos de los que antes eran parte de la defensa de los derechos humanos frente a los abusos policiales, hoy salían en defensa de la Guardia Urbana y su buen hacer, empezando por la misma alcaldesa Ada Cola.

El juicio finalmente, previsto para el 1 de diciembre, ni si quiera se celebró, ya que el médico en cuestión explicó que él en ningún momento había presentado denuncia. Curioso entonces que se hubiera llamado a Garganté ante el juez si ni siquiera había denuncia. Toda una muestra de como funciona, casi de oficio, el entramado entre la Urbana, los jueces y el aparato del Estado, incluido su nivel municipal. Quedo por lo tanto absuelto, algo que enfadó y mucho a los policías que se concentraban a las puertas de la Ciudad de la Justicia.

Cuando apareció el regidor, éste fue recibido por otros cargos, militantes de la CUP y de otras organizaciones de la izquierda catalana. A la vez los policías concentrados se avalanzaron en actitud nada amistosa sobre él cuando se dirigía a hacer unas declaraciones a la prensa. Un momento de bastante tensión que se saldó sin llegar a mayores.

Sin embargo, esta semana el sindicato policial CSI-F ha anunciado que un agente de la Guardia Urbana -Eugenio Zambrano, secretario de organización de este sindicato- había interpuesto una denuncia contra las otras dos regidoras de la CUP-CapgiremBCN, María José Lecha y Maria Rovira, con la peregrina acusación de haberle agredido, insultado y amenazado. Eso sí, todo por debajo de la cintura, por lo que ninguno de los más de una docena de medios gráficos presentes en ese momento pudieron captar instantánea alguna.

Ambas regidoras tendrán por lo tanto que sentarse en el banquillo el próximo 31 de enero acusada de un delito menor -lo que antes se catalogaba como falta- por lesiones leves. La desproporción entre las declaraciones de Zambrano y el delito final del que se les acusa es solo una muestra más del carácter de opereta de todo esto.

Para echar algo más de leña a la operación de criminalización de la CUP, el próximo 17 de enero diferentes sindicatos policiales han convocado una manifestación hasta la Plaza Sant Jaume -a la que llaman a participar a los agentes de los diferentes cuerpos- en la que, según la convocatoria, se quiere denunciar el "acoso constante a la Guàrdia Urbana y a la policía en general y la impunidad delictiva por parte de miembros de la CUP".

Esta actitud de los sindicatos policiales, que se muestran envalentonados y dispuestos a que se criminalice y persiga a toda formación política que alce la voz ante los abusos policiales, es parte de la campaña que vienen desarrollando con éxito desde que Barceloa en Comú accediera al gobierno. Haciéndo suyo el lema de “la mejor defensa es un buen ataque” y desde una posición victimizante, la Urbana ha logrado, con poco esfuerzo por cierto, que el nuevo equipo de gobierno se plegara desde el primer día a que nada cambiase en el cuerpo, ni si quiera mínimamente. Hoy, como siempre, el equipo de gobierno está al lado de sus agentes y defiende incondicionalmente todas sus actuaciones.

De hecho, no solo las defiende, sino que es impulsor directo de las más denunciadas históricamente por la izquierda y los movimientos sociales de la ciudad. Es el caso de la persecución del “topmanta”, que tal y como denuncian los “manteros” y las organizaciones sociales y políticas que les vienen apoyando, se ha intensificado aún más bajo el gobierno Colau. Incluso este gobiernio, el del “bien común”, tiene el dudoso mérito de contar ya con un preso político, el “mantero” Sidil Moctar, en la cárcel por defenderse de una agresión de la Guardia Urbana.

Como en tiempos de Trias, las diferentes agresiones siguen quedando impunes y con el equipo de gobierno apoyando a los agentes y su versión, como vimos con los casos de  Pape Diop, Ndiaw Diakhompa o Isaa Seye, que pasó 52 días en el CIE tras su detención por parte de la Guardia Urbana.

Hasta el momento los regidores de la CUP-CapgiremBCN han sido los únicos en denunciar estos y otros casos, así como los únicos que han presentado en el pleno propuestas como la disolución del cuerpo de antidisturbios de la Urbana -que también prometía BeC en campaña electoral- o recientemente que se abriera una investigación para esclarecer los vínculos de este cuerpo con la extrema derecha. El resto de regidores, incluyendo los de BeC, se han opuesto a todas y cada una de estas medidas.

Mientras toda esta campaña sigue en marcha el equipo de gobierno y los regidores de BeC siguen son la misma política que hasta ahora: mirar para otro lado, para en el momento que terminan posicionándose lo hagan del lado de los “agentes” o alegando que se trata de una denuncia “particular” o el sano derecho de manifestación ejercido por los uniformados.

La nueva denuncia contra Lecha y Rovira y la manifestación del próximo 17 de enero, más allá de lo esperpéntico que puedan resultar, deben servir como alerta para el conjunto de la izquierda y los movimientos sociales de la ciudad. La policía y sus organizaciones corporativas defienden que se les dejen las manos libres para desarrollar su función, y ello constituye un grave peligro para los derechos y libertades más básicos. Es necesario dar una respuesta que acabe con este envalentonamiento.

BeC ya ha dejado claro que no lo va a hacer, más bien al contrario, se ubica como parte del otro lado, apoyando a los agentes. Es necesario y urgente que desde la CUP y el resto de las organizaciones políticas, sindicales y sociales que mantienen la independencia política del gobierno municipal se articule una respuesta en la calle para acabar con la impunidad policial y la represión de los luchadores, los inmigrantes y la juventud que se viene incrementando día tras días.