La Operación Lava Jato avanza en remodelar este régimen político con el fin de sustituir un esquema de corrupción por otro. Es necesaria una salida independiente de los trabajadores y la juventud.
Martes 13 de diciembre de 2016
La primera parte del testimonio como arrepentidos de los directivos de la empresa Odebrecht afecta directamente a los partidos que fueron base de apoyo del reciente golpe institucional, en primer lugar el PMDB e incluso al mismo golpista Michel Temer que habría recibido a través de la “caja dos”, por la que se asegura el financiamiento de campañas electorales con fondos ilegales, un valor de R$ 10 millones en nombre del partido.
El ex vicepresidente de Relaciones Institucionales de la empresa Odebrecht, Cláudio Melo Filho, involucró al “núcleo duro” del gobierno en los esquemas de compra de decretos, como Moreira Franco secretario ejecutivo del Programa Sociedad de Inversiones, y a Eliseu Padilha, actual Jefe de Gabinete; a varios articuladores políticos del PMDB como Jucá y Eunício Oliveira, además de dos presidentes del Senado y de la Cámara como Renan Calheiros (PMDB) y Rodrigo Maia (DEM). El tucano (como son conocidos los miembros del PSDB) Antonio Imbassahy también fue citado, un día después de que Serra y Alckmin fueran mencionados en las declaraciones. El mismo PT no estuvo exento de mención, con el vicepresidente del Senado Jorge Viana recibió R$ 300 mil.
Las declaraciones de Odebrecht no muestran solo la podredumbre de los políticos tradicionales, sino también la corrupción inherente a las empresas capitalistas que utilizan su poder económico para comprar parlamentarios o proyectos de ley que benefician sus intereses privados, como la disminución de impuestos, incentivos tributarios y la reglamentación de los ataques laborales. Como vemos se mantiene vigente la sentencia de Karl Marx, de que el Estado burgués es una junta que administra los negocios comunes de toda la burguesía.
La autoritaria Operación Lava Jato confirma su curso hacia un proceso al estilo del “Mani Pulite” italiano, afectando a los partidos de que apoyaron el golpe institucional y chocando contra el propio gobierno. No se puede descartar que el interés sea destituir a Temer aun durante este 2016 para que se convoque a elecciones directas a comienzo del año que viene – algo que el mismo expresidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) señaló como la “mejor salida” frente a la opción de elecciones indirectas, en caso de que Temer cayera.
El avance sobre sectores de la “casta política” busca revestir a la Operación Lava Jato de capacidad para “combatir la corrupción” con la cual el poder judicial convive a diario. El impeachment de Temer, las elecciones indirectas o incluso directas están al servicio de dar un nuevo respiro al régimen político de los ricos que hacen negocios en el parlamento (y en los tribunales). La Operación Lava Jato encabezada por el juez Sérgio Moro avanza en remodelar este régimen político con el fin de sustituir un esquema de corrupción por otro, dando legitimidad a la implementación más dura de los ataques que Temer no logró llevar adelante.
En medio de las disputas entre poderes los trabajadores necesitan levantar una voz propia, no apoyar a ninguno de estos sectores que no están en absoluto interesados en combatir la corrupción de los capitalistas o los abusos del poder judicial. Necesitamos imponer con la fuerza de la movilización una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, que garantice que todos los cargos políticos de jueces y senadores sean electos y revocables, ganen como una maestra, se confisquen los bienes de los corruptos y su juzgamiento por jurados populares. Para imponer una Nueva Constituyente es necesario en primer lugar que las centrales sindicales como la CUT y la CTB abandonen la tregua con Temer, al Supremo Tribunal Federal (Corte Suprema) y el Congreso, que siguen aprobando ataques a diario. Es necesario un verdadero plan de lucha y no medidas aisladas, organizar asambleas y movilizaciones en los lugares de trabajo para que los trabajadores tomen en sus manos el combate a la enmienda constitucional PEC 241/55 que pone un techo al gasto social por veinte años, a la reforma del sistema previsional y para dar una salida propia a la crisis política nacional.
