La empresa Efacec cerró en octubre su planta en la ciudad de Córdoba, despidiendo a 40 operarios y 22 empleados administrativos. Los trabajadores han reclamado por sus fuentes de trabajo ante distintas instancias pero aún no tienen respuestas. Ayer estuvieron en la Legislatura, donde el Frente de Izquierda presentó un proyecto para exigir que se reabra la planta. La Izquierda Diario dialogó con ellos.
Jueves 12 de noviembre de 2015
Efacec es una firma proveedora de componentes y equipos de media tensión de capitales portugueses, con presencia en 65 países. La única planta en el país era la de Córdoba, aunque las oficinas están en Buenos Aires. Entre sus clientes figuraban Edenor, Edesur y Epec, pero también industrias y hasta countries, además de exportar a Brasil, Chile, Venezuela, Puerto Rico y otros países.
En el 2013 ya había despedido a 90 trabajadores mediante un preventivo de crisis y durante este año los delegados ya venían observando irregularidades, como disminución en la cantidad de trabajo durante períodos muy largos, o la venta de piezas por el valor del cobre que contenían. “Un día llegó un tablero de Portugal, normalmente nosotros lo refuncionalizamos y lo enviamos al cliente, pero esta vez lo bajaron en la fábrica y antes de que nadie lo toque, lo metieron en un camión y lo mandaron al cliente en Buenos Aires. Y nos enteramos de que allá había una empresa tercerizada que se encargaba de lo que antes hacíamos nosotros” decía uno de los delegados presentes en la Legislatura ayer.
Los delegados plantearon a la empresa su preocupación por estas situaciones pero la respuesta fue que el trabajo estaba asegurado hasta el 2017. En el Ministerio de Trabajo hicieron algunas averiguaciones, pero nada concluyente. “El viernes 16 de octubre nos fuimos a nuestro hogar a descansar el fin de semana y estando en casa me entero de que había entrado la Guardia de Infantería a la fábrica. Nos enteramos por el presidente de la empresa, que está en Buenos Aires, de que el grupo había tomado la decisión de cerrar la fábrica. El lunes 19 nos hicimos presentes a tomar nuestro puesto de trabajo y no nos dejaron ingresar. A partir de ahí empezamos a tratar de revertir esta situación”, relata otro trabajador.
Trabajo no, Policía sí
Como el causal del despido era económico, la indemnización se redujo un 50%, pero luego de que el Ministerio de Trabajo decretara la ilegalidad de los despidos, la empresa se comprometió a que fueran sin causa para que la indemnización sea mayor. Ante esta situación, los trabajadores respondieron: “No queremos que nos despidan ni el dinero de la indemnización, queremos las fuentes de trabajo y por eso estamos peleando. Creemos que hay una mentira, no hay pérdidas en la empresa sino que quieren buscar una manera más fácil y más ‘productiva’ sacándonos a nosotros del medio”. Cuando dicen “más productiva” se refieren a los rumores que hablan de una posible reapertura de la planta con trabajadores contratados por consultora.
El martes 20 de octubre los trabajadores ocuparon de manera pacífica la planta y fueron desalojados por la Guardia de Infantería, que continúa en el lugar. “Vamos todos los días a que nos den tareas porque los despidos son ilegales, tenemos una carpa frente a la planta. Quienes están ocupando la planta es la Guardia de Infantería, que está ‘custodiando’ los bienes de la empresa, que en ningún momento hemos querido romper ni nada. Inclusive tenemos sospechas de que la están vaciando, cargando cosas en los autos de la Policía”.
Si bien continúan siendo asesorados legalmente por el sindicato metalúrgico, los operarios decidieron en asamblea acercarse al Frente de Izquierda para buscar otros apoyos. El proyecto presentado por la legisladora Laura Vilches, del PTS en el FIT reclama al Poder Ejecutivo que haga cumplir la resolución de ilegalidad de los despidos emitida por el Ministerio de Trabajo y que tome las medidas necesarias para que la planta se reabra con la totalidad de los empleados despedidos. Por último, exige que se retire el personal policial instalado en el interior de la empresa.
En la sesión del día de ayer, a los trabajadores no se les permitió entrar al recinto y el proyecto fue pasado a comisión. Laura Vilches declaró, una vez finalizado el debate: “Pedimos a la Legislatura que actúe ante la total ilegalidad de la empresa, el Ministerio de Trabajo en manos del partido gobernante actuó en complicidad al no tomar ninguna acción para que se respete su propio decreto. Nosotros vamos a seguir apoyando a los trabajadores en la pelea por sus puestos de trabajo”.
