La alcaldesa de Madrid se muestra incapaz de enfrentarse a las empresas concesionarias de estos servicios municipales, manteniendo así una situación de ultraprecariedad para sus trabajadores.

Juan Carlos Arias @as_juancarlos
Jueves 2 de junio de 2016
Foto: EFE
A Carmena le siguen lloviendo conflictos laborales contra la de precariedad laboral que padecen una buena parte de los trabajadores de servicios municipales bajo gestión privada. Una situación ante la que el Ayuntamiento del “cambio” se muestra totalmente incapaz de dar una respuesta favorable a las reivindicaciones obreras.
Continúa sin obligar a las empresas al cumplimiento de unas condiciones laborales dignas, ni mucho menos dan pasos hacia la remunicipalización de estos servicios públicos prometida en campaña electoral.
El miércoles de la semana pasada se convocó por parte de los profesores de las escuelas de música y danza municipales de Madrid una jornada de huelga y protestas reclamando una bajada de las tasas que se cobra a los alumnos, mejoras salariales y el mantenimiento del empleo. La jornada de paro afectó a unos 6.000 alumnos y a unos 230 trabajadores, el total de profesores de música y danza actualmente existentes.
Los docentes denunciaron que el Ayuntamiento no ha cumplido su promesa, realizada públicamente en un Pleno, de disponer de un millón y medio de euros para rebajar las tasas que tienen que pagar los alumnos y elevar el salario de los profesores que, desde la privatización que se realizó en 2012, lo han visto reducirse en un 30%.
La jornada de huelga se acompañó de una concentración en la Plaza de Cibeles, frente al Ayuntamiento. Se denunció la inexistencia, tras el incumplimiento de la promesa, de garantías para que a principios de 2017 realmente se cumplan las promesas realizadas.
Por otra parte, cualquier modificación en la estructura de las enseñanzas de música y danza una vez comenzado el curso perjudicaría a los alumnos. Son escuelas que volverán a salir a concurso según los antiguos pliegos, sin introducir ninguna de las mejoras prometidas dado que se ha prorrogado la situación durante cinco meses más, hasta principios de 2017.
En la concentración se demandaba también un compromiso por escrito de que se cumplirán estas promesas viendo que las palabras del Ayuntamiento se las había llevado el viento. Marta Higueras, primera Teniente de Alcalde, salió a las puertas del Ayuntamiento para comprometerse a cumplir las promesas a primeros de año. Sin embargo, los trabajadores no le creían y exigían esas promesas por escrito, lo que no se produjo en ningún momento.
Por otra parte, el pasado martes eran los trabajadores de la Asociación de Servicio Integral Sectorial para Ancianos (ASISPA), acompañados de usuarios solidarios de la Red Municipal de Atención a Personas sin Hogar del Ayuntamiento de Madrid, los que realizaron un concentración frente al Centro Abierto “La Rosa”.
La protesta exigía el fin de los despidos, la aplicación del Convenio de Intervención Social y finalizar con la represión patronal ejercida contra ellos para acallar sus legítimas reivindicaciones.
La entidad que gestiona estos centros, supuestamente sin ánimo de lucro, está vinculada al Opus Dei y está sometiendo a los trabajadores a una fuerte persecución antisindical para evitar las protestas y las denuncias sobre la situación en la que se encuentran los empleados y los propios usuarios, dado que las condiciones de trabajo e higiene laboral son lamentables.
Las represalias hacia estas trabajadoras y trabajadores ha llegado hasta el punto en que se efectúan despidos de personal por maternidad, o simplemente por preguntar cuál es la compensación en días por trabajar en festivo.
El convenio que se les aplica es el de residencias, sin embargo, el que debería aplicárseles es el de Intervención Social que les resulta algo más favorable en derechos sociales y permite unificar las condiciones laborales de los trabajadores y , en todo caso, es el que legalmente les corresponde dada su actividad profesional. Los salarios son de miseria y la precariedad impera absolutamente, con jornadas muy cortas y derechos mínimos.
Dado que se trata de un servicio público de responsabilidad municipal, aunque se gestione de forma privada por parte de ASISPA, los trabajadores del Centro de “Luis Vives” y los del Centro Abierto “La Rosa” se han reunido en varias ocasiones a través de sus representantes con responsables municipales del área de Servicios Sociales para hacerles conocedores de la situación y pedirles apoyo para obtener soluciones viables.
Sin embargo, el Ayuntamiento les ha dado muy buenas palabras pero nada más. Hasta ahora, el consistorio de Manuela Carmena ha mirado para otro lado y no ha querido saber nada. Incluso a pesar del riesgo de represalias que han corrido los trabajadores al reunirse y denunciar esta situación. No obstante, desde el gobierno municipal no se han vuelto a poner en contacto con los trabajadores ni han tomado ninguna iniciativa para apoyar sus derechos laborales y garantizar un servicio de calidad en estos centros.
Servicios municipales como el de la limpieza y jardinería o el 010 vienen bregando también desde hace un año por la remunicipalización y mejores condiciones laborales, sin que desde el equipo de Carmena se den soluciones.
Esta situación de conflictividad en las empresas que gestionan los grandes contratos de los servicios públicos municipales y que se viene produciendo casi desde la misma llegada de Manuela Carmena a la alcaldía, se está enquistando y se relaciona directamente con la fuerte precarización y represión antisindical existente en estas empresas desde la etapa del PP. Situación insostenible a medio y largo plazo para los trabajadores y para cuya resolución esperaban una posible modificación de fuerzas en su favor tras la llegada de Ahora Madrid al Ayuntamiento de Madrid, con un programa electoral que se supone establecía medidas como la remunicipalización de los servicios o, al menos, la exigencia en el cumplimiento estricto de lo establecido en los pliegos de concesión y la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de esas empresas.
Sin embargo, las medidas prometidas en campaña no han tenido por el momento ninguna aplicación práctica en favor de los trabajadores, ni desde luego han servido para contribuir a la modificación en la relación de fuerzas a favor de éstos. Más bien el Ayuntamiento ha actuado en sentido contrario, reuniéndose ante cualquier conflicto con los grandes propietarios empresariales y financieros y adoptando medidas para garantizarles su confianza y darles seguridad en sus negocios.

Juan Carlos Arias
Nació en Madrid en 1960. Es trabajador público desde hace más de 30 años y delegado sindical por UGT de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Es columnista habitual de Izquierda Diario en las secciones de Política y Economía. milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español.