Durante las últimas dos décadas la migración internacional ha cambiado, ya sea por los lugares de destino, la intensidad y la composición de los flujos. A pesar de atravesar una crisis sanitaria y económica, el flujo migratorio no paró -aun intentando cerrar fronteras- pues las condiciones que orillan a migrar se recrudecieron.
Emilia Macías @EmiliaMacas1
Miércoles 23 de marzo de 2022
La violencia, la pobreza y la precarización laboral son algunas de las razones por las cuales muchas personas emprenden camino a los países imperialistas buscando mejores condiciones de vida, pero muchas veces, los y las que logran llegar, no sólo tuvieron que enfrentar a los cuerpos represivos de Estados Unidos y México plegados en las fronteras; también se encuentran con trabajos semi esclavizantes, ultra explotadores, tal vez con mejores salarios que en sus países, pero sin estabilidad laboral.
Empleadas domésticas, jardineros, albañiles, niñeras u otros trabajos precarios para los que no necesariamente se requiere de un contrato oficial, pues muchas de ellas y ellos no cuentan con los documentos necesarios al migrar por fuera de la ley.
Por ejemplo, el trabajo agrícola es el peor remunerado en Estados Unidos y el más generalizado para trabajadoras y trabajadores mexicanos. Se estima que este sector emplea a 874 millones de personas en todo el mundo, lo que corresponde al 27.4% del total del empleo mundial.
En 2020, mientras Trump continuaba en la presidencia, declaró a este sector como “esencial” para que se reactivara a pesar de la pandemia, pero sin ninguna mejora laboral: hacinados en el transporte, sin las herramientas necesarias para prever contagios, con salarios bajísimos y horarios extenuantes.
Es además un trabajo realmente agotador. Según estimaciones de la OIT, al menos 170,000 obreros agrícolas mueren en el lugar de trabajo cada año. Esto quiere decir que corren el doble de riesgo de morir en el trabajo que otros sectores.
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Ahora, en una granja de papas en el estado de Idaho, Estados Unidos, los y las trabajadoras fueron amenazados con ser despedidos si no aceptaban salarios por debajo del límite legal. La granja no garantizó los estándares de seguridad, la salud y la vivienda, los salarios en tiempo y forma, ni siquiera el transporte.
Los y las amenazaron no sólo con despedirlos, también con deportarlos. Esta situación se repite, pues muchas y muchos trabajadores agrícolas laboran en condiciones de esclavitud, y al no contar con papeles no pueden quejarse pues serían deportados a sus países de origen.
Aun contando con permisos, siguen en esta situación. De hecho, la granja fue acusada por violar el programa H-2A, que consiste en permisos temporales para trabajos agrícolas.
La situación que atraviesan los y las agricultoras en la granja de papas no es un caso aislado. No se trata simplemente de “jefes malos” que no quieren garantizar derechos laborales, se trata de una discriminación a toda la población migrante que llega a ocupar los trabajos más precarios en los países imperialistas, así como de una condición estructural de división de clases.
Es urgente acabar con la explotación no sólo de las personas migrantes, sino de toda la clase trabajadora.
Es necesario garantizar para cada persona derechos laborales dignos, para cada migrante las mismas oportunidades de trabajo y vivienda fuera de sus países.
¡Basta ya de persecuciones y detenciones de migrantes, ningún ser humano es ilegal!
