El joven fue baleado el 9 de noviembre por un agente de la Policía Metropolitana, el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires solicitó al Ministerio de Justicia y Seguridad porteño un informe sobre el ataque del agente y las medidas que tomaron los responsables de la Metropolitana.
Miércoles 2 de diciembre de 2015 17:58
Lucas Cabello estaba por ingresar a su domicilio de la calle Martín Rodríguez, en el barrio porteño de La Boca, cuando recibió tres disparos, uno a la altura de la nuca, otro en el bazo, y el último en el testículo. Ricardo Ayala, un agente de la Metropolitana, responsable de este ataque, fue detenido y liberado a los pocos días.
La gobernadora electa, María Eugenia Vidal, horas más tardes de conocerse el hecho salió en defensa del agente Ayala. Vidal sostuvo que Cabello tenía restringida el ingreso a su domicilio por una denuncia sobre violencia de género. La esposa del joven baleado desmintió que hubiera realizado una denuncia contra su marido. Lucas Cabello continúa internado en el Hospital Argerich, con pronóstico reservado según el parte médico.
Mientras tanto, a través de un comunicado de prensa, el Observatorio de Derechos Humanos solicitó al gobierno porteño que no sea la misma Metropolitana la que investigue los hechos, y consideró que "la investigación imparcial debe dirigirse certeramente a analizar si el agente ha actuado ilegalmente y con un alto grado de irresponsabilidad y falta de ética profesional lesionado derechos fundamentales de las personas en violación al art. 25 y 26 de la ley citada (Ley N° 2894 de ’Seguridad Pública NdE)".
A continuación reproducimos los puntos que contiene el pedido de informes que solicita el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires al Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
El pedido de informes concluye con un pedido al gobierno de la Ciudad:
Resulta urgente que el Gobierno de la Ciudad preste la mayor colaboración posible y condene el actuar ilícito de sus funcionarios. De comprobarse en la investigación que el policía actuó en forma irregular en el uso del arma de fuego, nos encontraríamos frente a una clara violación por parte de dicho agente de diversos artículos de la Ley N° 2894 de “Seguridad Pública”. Es por esto, que recomendamos que no sea la propia fuerza quién lleva adelante la investigación, como sucede habitualmente por delegación judicial.
La investigación imparcial debe dirigirse certeramente a analizar si el agente ha actuado ilegalmente y con un alto grado de irresponsabilidad y falta de ética profesional lesionado derechos fundamentales de las personas en violación al art. 25 y 26 de la ley citada.
Entre 2011 y 2014 se registraron cerca de 20 muertes por uso letal de la fuerza por parte de agentes de la Metropolitana. Desde el ODH reclamamos justicia y nos sumamos al masivo pedido de Ni un pibe Menos por parte de la Policía Metropolitana.
