Derecho a la salud. ¡Luchemos por la salud y la vida de las mujeres trabajadoras!

Recientemente una compañera de la agrupación Nuestra Clase y Pan y Rosas ha sido diagnosticada con cáncer de mama, lo que compromete su salud.

Acudió urgentemente a valoración médica privada, ya que en el ISSSTE con pase “prioritario” la cita se la brindarían en 20 días y los primeros estudios para saber la evolución del cáncer podrían iniciar en hasta 6 meses.

Mientras continúa con los trámites burocráticos en el ISSSTE para ser referida al tercer nivel de atención en oncología, sigue trabajando pues ya agotó sus días económicos y licencias para trámites y estudios. A pesar de la saturación y trámites, se mantiene firme en la lucha por su salud.

Ninguna autoridad o institución de salud habla de cómo han aumentado las enfermedades que padecemos las mujeres y las consecuencias psicológicas en la desesperada búsqueda de atención inmediata. Esto también es parte de la violencia y la opresión que enfrentamos las mujeres, sin acceso urgente a la salud que tenemos derecho. Tampoco hablan de la angustia de no llegar a fin de mes con suficiente dinero para mantener a las familias. ¿Qué pasa con una mamá que al salir del trabajo debe correr para pelear su turno para tener atención médica mientras en su casa están solas sus hijas e hijos y encima al llegar hacer comida, limpiar y lavar?

El cáncer de mama afecta a las trabajadoras

Durante el primer año de pandemia el cáncer de mama se cobró la vida de 10 millones de mujeres en todo el mundo, sobre todo en países dependientes. En México mueren más de 12 mujeres al día a causa del cáncer de mama, por lo que se le considera la primera causa de muerte por cáncer, entre la población femenina de 25 a 60 años.

Está enfermedad afecta principalmente a las mujeres pobres y trabajadoras, debido a la falta de acceso a la prevención y detección temprana, a un diagnóstico definitivo y a un tratamiento oportuno de forma gratuita. En los últimos 16 años esta enfermedad ha incrementado alarmantemente en nuestro país, debido a que un grueso de las trabajadoras enfrenta severas dificultades, como son la falta de seguridad social (son 33 millones de personas quienes no cuentan con ningún afiliación a salud pública, según datos del censo del INEGI); acceso a servicios de salud pública, que en el caso de las que son derechohabientes del IMSS o el ISSSTE, deben recorrer tortuosos caminos de trámites burocráticos para acceder a tratamientos médicos para salvar sus vidas, lo que provoca que miles de mujeres no llegan a tiempo, teniendo en cuenta que el criterio de “urgencia” también es algo que nos es negado dado los excesivos casos de gravedad.

En el caso del cáncer, el tiempo es fundamental. Atender este padecimiento tiene fuertes costos en muchos aspectos, desde aceptar la enfermedad para poder afrontarla, tener que comunicar el diagnóstico a nuestros seres queridos, hasta conseguir el recurso financiero necesario para iniciar el tratamiento. Porque sí, es una enfermedad sumamente cara, según la aseguradora GNP el precio promedio de su tratamiento es de $250 mil pesos y hay casos que superan esa cantidad, mientras el salario mínimo se encuentra en $172.87 pesos diarios y la tasa inflacionaria aumentó un 7.88% (siendo el registro más alto en los últimos 20 años). Está claro que para muchas de las mujeres y familias trabajadoras, costear esta enfermedad es muy difícil sino imposible, pues la mayoría de nosotras no contamos con seguridad social ni acceso a servicios de salud.

¡Estas muertes son evitables, con acceso a la salud y educación públicas!

La salud de las mujeres tiene múltiples dimensiones físicas, psicológicas, sexuales y reproductivas, todas ellas sufren las graves consecuencias de un sistema económico y capitalista, que combina el machismo patriarcal con la precarización de nuestras vidas, salud y cuerpos.

Sumado a esto, la crisis sanitaria por el COVID-19 dejó en evidencia el severo desmantelamiento y crisis de los sistemas de salud pública, que bajo décadas de ofensivas y políticas neoliberales, fueron privatizados y saqueados en detrimento de la salud del pueblo trabajador y en donde las mujeres sufrimos las peores consecuencias. La pandemia también mostró que las mujeres trabajadoras somos el 70% del personal de salud en todo el mundo y la primera línea en la lucha contra el COVID-19 y por la defensa de la vida, a pesar de no contar con condiciones laborales dignas, equipos de protección ni los insumos suficientes.

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En el terreno educativo, se visibilizó también que carecemos de contenidos curriculares en los diferentes niveles educativos para dotar de herramientas sobre salud sexual y reproductiva sin la moral conservadora de la iglesia, para que nuestros estudiantes dentro y fuera del aula puedan cuidarse, prevenir, tener la capacidad de elegir y de ejercer una sexualidad plena y satisfactoria, pero también, la posibilidad de contar con el conocimiento para prevenir enfermedades y evitar morir por cáncer.

Por todo eso, se hace indispensable pelear por una educación sexual integral que atienda nuestras necesidades sin que se disocie de los avances progresivos que hemos conquistado con la despenalización del aborto en 9 estados. Sin embargo, esto no es suficiente, hay que luchar luchar por la legalización para acceder a la interrupción del embarazo de forma gratuita sin que sea un privilegio de clase pudiendo solo acceder quienes tienen los recursos.

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No podemos resignarnos a seguir perdiendo a nuestras compañeras, madres, hijas y amigas por sistemas de salud colapsados y saturados, no debemos resignarnos a que ninguna maestra o trabajadora más, tenga que vivir la enfermedad en silencio o en difíciles encrucijadas económicas para ellas y sus familias. Exijamos firmemente que frente a la saturación de las especialidades producto de la crisis sanitaria y de las políticas de los distintos gobiernos, se ponga a disposición toda la capacidad hospitalaria del sector privado, con la centralización del gobierno y funcionando bajo control de sus trabajadores, con atención gratuita para que las mujeres pobres y trabajadoras no sigan pagando con sus vidas y su salud la negligencia del Estado y los empresarios.

No es casual que las prioridades de la administración del gobierno de la 4T destinaran el presupuesto 2022 principalmente a: megaobras para la construcción del Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la militarización con un recurso aprobado de 315.7 millones de pesos y un aumento del 60%, para la Guardia Nacional equivalente a 25 mil millones. Mientras tanto, en salud el aumento en medio de la pandemia fue del 26%, equivalente a 40 mil 823 millones de pesos, sin que ese recurso se contemple para atender las cuestiones estructurales del sector sino para operar el Plan Nacional de Vacunación.

Es urgente implementar un programa interdisciplinario de orientación, cuidado y acompañamiento de la salud de las mujeres y mantener en funcionamiento con condiciones de trabajo seguras y atención en todos los hospitales de referencia y abastecimiento de medicamentos, equipo y tratamientos modernos para el sector salud. A la par de una urgente contratación de personal sanitario con plenos derechos laborales y basificación en todos los centros hospitalarios.

Esta lucha, debemos darla en conjunto con todas las que se encuentran en curso contra la precarización, la violencia feminicida y por plenos derechos laborales, ya que luchar por la salud de las mujeres no se reduce sólo a evitar enfermedades. Hablar del derecho a la salud para las mujeres trabajadoras supone el derecho a una vida digna, con una alimentación de calidad, vivienda, transporte, derecho al ocio y acceso a la cultura, educación y salud gratuitas y de calidad para nosotras y para todas las familias pobres y trabajadoras.

Frente a la situación de salud que está afrontando una maestra de las Agrupaciones Magisterial y Normalista Nuestra Clase y Pan y Rosas, apelamos al apoyo del magisterio democrático para cubrir el costo de los estudios y tratamiento de nuestra compañera, a través de una Campaña Solidaria por la vida y salud de las mujeres trabajadoras. Llamamos a más trabajadores, madres y padres de familia, así como organizaciones solidarias a sumarse para exigir al Estado nuestro derecho a la salud digna para acceder a un tratamiento oportuno que preserve nuestras vidas.

Organicémonos para que cada derecho conquistado, sea el motor para ganar más, hay que agruparnos en nuestros lugares de estudio y trabajo y retomar las calles en defensa de la vida y la salud de las trabajadoras. ¡Súmate al impulso de está campaña! ¡Ni una menos sin derecho a la salud! ¡Por la vida y salud de las mujeres trabajadoras!