El crimen aberrante de la joven, investigado como “homicidio”, fue el detonante para poner en cuestionamiento el accionar de las fuerzas de “seguridad”.
Ana Álvarez Diagonal
Viernes 30 de diciembre de 2016 17:39
La localidad de Hurlingham, en la provincia de Buenos Aires, se vió conmovida por el brutal crimen de Lucía Arguello, que fue encontrada sin vida en casa de unos amigos, lugar que cuidaba por el período vacacional, ubicada en la zona a la altura del km 18.
Si bien el hecho está bajo investigación, se sabe que la asesinaron con un arma blanca y que la apuñalaron reiteradas veces en la zona abdominal y la cintura, así como que habría sufrido un corte en el cuello. Por la brutalidad y el método utilizado para matarla, no se descarta que el hecho sea un femicidio, una muestra de un odio atroz hacia su condición de mujer. La investigación está a cargo de la UFI 3 de Morón, que actúa en el hecho bajo la presunción de que se trató de un “homicidio”.
Ante el enorme repudio que generó su asesinato, el intendente de Hurlingham Juan Zabaleta expresó su solidaridad a la familia, lamentando el femicidio (por las características del hecho) en un comunicado que rezaba "Ni una Menos".
Pero esto no hizo más que encender la bronca de los vecinos del barrio de Villa Club, que desde la primera hora se manifestaron cortando las avenidas principales del Km.18 (Vergara y Roca) con pedidos de justicia y también de "seguridad". “¡¿Dónde están los patrulleros nuevos que presentó el Intendente?", se escuchaba en referencia a la “flamante” presentación de los nuevos móviles blindados y motocicletas que entregó el Intendente hace poco mas de un mes a la policía local.
Esto fue seguido por una convocatoria que circuló a través de las redes sociales, donde se organizó una juntada frente a la Comisaría Quinta de Villa Club. Allí unas 200 personas reclamaron la presencia del Comisario, quien en ningún momento se hizo presente. El reclamo por mas presencia policial en las calles y la indignación por los reiterados robos en la zona empezó a levantar también el grito de “que se vayan todos”, con diversos reclamos hacia la policía, principalmente de parte de los comerciantes de la calle Granaderos, quienes se quejaron de las grandes sumas de dinero que la policía pide para “cuidar” los locales y sus amenazas de “liberar la zona” sino pagan por “seguridad”. También acusaron al Comisario y Jefe de Calle de “arreglar con los narcotraficantes”, permitiéndoles "vender droga en los barrios".
Con sus diversas expresiones, lo que nuevamente quedaba al descubierto es lo que a cielo abierto se ve: un lazo profundo y permanente de la policía y el resto de las fuerzas de seguridad con el delito organizado, que cuenta con una enorme impunidad que garantizan los gobiernos nacionales, provinciales y municipales y las instituciones del Estado, como la justicia.
La respuesta de los oficiales que rodeaban la Comisaría fue una propuesta de militarizar la zona con la presencia de Gendarmería, cosa que no conformó a nadie y rápidamente exigieron la presencia del Intendente. Para ello, y ante la falta de respuestas, se decidió espontáneamente marchar hacia la intersección de la Av. Vergara y Av. Roca, donde se cortó el paso y las vías del ferrocarril Urquiza. Allí se volvió a pedir por la presencia de Zabaleta, pero quienes se hicieron presentes fueron el Jefe de Gabinete de Hurlingham Pablo del Valle y el Secretario de Seguridad Municipal Damián Feu, quienes aseguraron que trabajarían con mas fuerzas en la zona, que comprendían la situación, pero que se estaba violando el derecho de circular y debían actuar en consecuencia, demostrando claramente a quienes “cuida y protege” la policía y su función de reprimir a los sectores populares cuando se movilizan ante algún reclamo.
Recordaron también el Plan de Seguridad que se propuso el Intendente desde que asumió, aumentando en consecuencia un 70 por ciento la presencia de efectivos en las calles. Zabaleta había declarado: “El Estado municipal, como corresponde, se hace cargo también de la seguridad y para eso ya contamos con 20 nuevos patrulleros, con 70 cámaras más, con más de 200 agentes de la Policía Local incorporados y con 30 motopolicías con el objetivo de seguir mejorando día a día esta situación que viven los vecinos” .
Evidentemente el aumento en la capacidad de fuego y todos los recursos que se le brindaron a las fuerzas de “seguridad” (recordemos que el presupuesto anual de seguridad en el municipio para el año próximo es de 51 millones, la mitad de lo que recibirá Educación, por ejemplo) ha reforzado el creciente delito -organizado por esas mismas fuerzas- en el distrito bonaerense. No por nada la gente asociaba a las fuerzas policiales con hechos de corrupción y organización de delito organizado.
Te puede interesar: De la mano del FVP Hurlingham se satura de fuerzas policiales
El reclamo de mayor seguridad tiende a fortalecer a la misma fuerza que se denuncia, dándoles un mayor poder de fuego e impunidad que se volverá contra los mismos que nos movilizamos exigiendo justicia, contra los pibes de los barrios y los trabajadores cuando salgamos a luchar. Casos recientes como el de Flores dejan al desnudo la connivencia de la policía con el gran delito, como el de la trata de personas para la explotación sexual, el narcotráfico, las zonas liberadas, etc. La policía de Hurlingham no esta por detrás de estos antecedentes.
La organización de las mujeres en un gran movimiento de lucha, independiente de los gobiernos y funcionarios de turno, así como de las instituciones del Estado, como la justicia y las fuerzas de seguridad, es un primer paso para avanzar en la lucha para que no haya Ni Una Menos.
