Un derecho, no un negocio. Lucrando con la luz: la italiana Enel pone a la venta Edesur y otras empresas de Argentina

Edesur , la distribuidora de electricidad que opera en la Zona Sur del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), acaba de confirmar que sus activos, hoy en manos de la estatal italiana Enel , serán puestos a la venta junto a otros activos que la firma europea tiene en Argentina. Según informó la propia Edesur en un comunicado, el desprendimiento de las acciones se da “en el marco del plan de desinversión a nivel mundial anunciado” por Enel como parte de su proceso de “transición energética”.

El comunicado, firmado por la apoderada de Edesur Mónica Diskin ya fue remitido a la Comisión Nacional de Valores y a Bolsas y Mercados Argentinos , “a fin de confirmar que la sociedad controlante Enel SpA ha presentado su plan estratégico para el periodo 2023-2025”.

“En dicha presentación, entre otros aspectos, anunció como parte de su proceso de transición energética, la intención de desinvertir en ciertos activos de su propiedad, entre los cuales hizo referencia a Argentina”, precisa el escrito.

Te puede interesar: Al FMI le gusta esto: Edenor y Edesur suben hasta 27% las tarifas eléctricas en noviembre

Los activos puestos a la venta corresponden a Edesur , a las centrales térmicas Costanera y Dock Sud , a la concesión de la hidroeléctrica El Chocón , más líneas de transmisión y de transporte de electricidad.

Enel estima que su “plan” de venta de activos a nivel mundial representará unos 21.000 millones de euros, con salidas de mercados como el argentino, el peruano y el rumano. También busca despegarse del negocio de gas en el Estado español, tiene el 70 % de las acciones de Endesa.

Con esas ventas, buscará reducir su deuda hipermillonaria de 69.000 millones de euros (a septiembre). Vendiendo parte de lo que posee, buscará reducir el pasivo a no más de 52.000 millones de euros a fines de 2023.

De todos modos, Enel mantendrá sus inversiones en Italia, Estados Unidos, Brasil, Chile y Colombia, en tanto mantendrá parte de sus activos en otras empresas españolas.

Enel es dueña de Ededur desde 2008 , cuando compró la mayoría accionaria de la española Endesa. Por esa compra también se hizo propietaria de las centrales a gas Costanera y Dock Sud y de la hidroeléctrica El Chocón (que comparten las provincias de Neuquén y Río Negro). La concesión de esta última vence en 2024 y, de no renovarse o volver a concesionarse, debería regresar a manos del Estado.

Te puede interesar: Por segunda vez se movilizaron trabajadores de Luz y Fuerza

¿Un negocio o un derecho?

Las movidas de compra y venta de megaempresas generadoras y distribuidoras de energía se dan en un contexto económico y social en el que recae sobre las mayorías populares tanto el aumento de tarifas como el deterioro incesante de un servicio público en el que abundan los cortes, las fallas y la más que evidente desinversión. Paralelamente, el Estado nunca dejó de transferirles a las empresas distribuidoras miles de millones de pesos en concepto de "subsidios". Como si el acceso a la energía (indispensable para la vida social) no fuera un derecho básico sino un mero negocio que puede funcionar o dejar de funcionar según los caprichos de un grupo e parásitos capitalistas.

Edesur es un ejemplo claro de ese largo proceso de saqueo, desinversión y “castigo” a la población , amparado por todos los gobiernos que gestionaron el Estado en las últimas décadas. Desde las privatizaciones menemistas hasta las autorizaciones de aumentos fenomenales de tarifas del macrismo, pasando por los gobiernos kirchneristas, delarruista y frentetodista.

Algo que, huelga decirlo, no se debe explicar mucho. Millones de habitantes del AMBA lo comprueban día a día, al apretar las teclas de la luz y al recibir las facturas de la distribuidora.

Te puede interesar: [Videoinforme] Tarifazos: ¿cómo es la "energía para pobres" que impuso Macri y el Gobierno mantiene?

En el caso del gobierno del Frente de Todos, su pacto con el FMI tuvo como una de sus cláusulas centrales la reducción de los subsidios de los servicios públicos (entre ellos la distribución de energía) para “disminuir el gasto”. Lo que derivó obviamente en el aumento de las tarifas que impacta de lleno en el aceleramiento de la inflación.

Por eso, si realmente se piensa el acceso a la energía como un derecho, hay que empezar por poner en cuestión y terminar con ese proceso constante de saqueo. Un primer paso es cortar con el negocio de las privatizadas. Los servicios de electricidad y gas deberían ser nacionalizados en todas sus etapas (producción, transporte y distribución) bajo gestión de los propios trabajadores y con control de usuarios populares para brindar un servicio de calidad, sin cortes.