Campaña represiva. Lunes de furia contra la protesta social

Los titulares que pasan uno detrás de otro por algunos canales de televisión y portales de noticias gritan a una sola voz: el que protesta por el ajuste será condenado.

Fotógrafos, cineastas, artistas y estudiantes protagonizaron este lunes una manifestación en la calle pidiendo la renuncia del director del Incaa, Luis Puenzo, cuando fueron golpeados y se llevaron al menos a 3 detenidos, en el marco de un fuerte operativo de la Policía de la Ciudad a cargo de Horacio Rodríguez Larreta.

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La orden del gobierno porteño es para empezar a mostrar algunas acciones que acompañen sus declaraciones días anteriores contra los cortes de calle. No es casual que esta señal suceda a días de una nueva jornadade los movimientos sociales independientes del Frente de Todos para reclamar el aumento de los planes “Potenciar Trabajo”, su monto, y fondos para los comedores. Larreta quiere mostrar que puede ejercer el “control de calle” por el cual vociferan y compiten todos los dirigentes de la derecha dentro de Juntos por el Cambio, como Patricia Bullrich, Mauricio Macri y el radical Gerardo Morales que en Jujuy tiene detenidos a quienes se movilizaron para poder comer. La campaña contra los más pobres también tiene eco y se cuela desde el propio gobierno del Frente de Todos, con Sergio Berni y el propio Zabaleta, ministro de Desarrollo Social.

De artistas a desocupados, el ataque a la protesta incluye también a los sindicatos y a quienes ocupan tierras baldías para poder vivir.

El juez Alejo Ramos Padilla dictó un fallo determinando que no hubo delito en la ocupación de tierras en Los Hornos, La Plata, y fue bombardeado con ataques de la derecha y una campaña del macrismo que llamó a movilizarse de forma reaccionaria contra los más pobres. Un discurso para fomentar el miedo y criminalización de la pobreza que solemos encontrar en estos casos: que el que ocupa tierras -vacías, sin uso- desplazados por el hacinamiento y privados de vivienda digna, son delincuentes que la justicia deja impunes y podrían tomar cualquier propiedad o casa sin consecuencias. Muy parecido a lo que se escuchaba para justificar la represión del desalojo en Guernica. Con alquileres exorbitantes, salarios de pobreza, y sin plan de viviendas populares, buscar donde vivir también sería un delito por el cual hay que perseguir a los pobres.

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La embestida de esta campaña continúa y hasta pone en la mira a uno de los sindicatos más importantes del país. Diputados de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto al Congreso Nacional para pedirle al Poder Ejecutivo, mediante el Ministerio de Trabajo, le quite la personería gremial nada más ni nada menos que al sindicato de Camioneros conducido por Hugo Moyano.
La dirigencia sindical es la que no lucha para enfrentar el ajuste, la que dejó pasar la caída del salario por debajo de la inflación, y a pesar de esto las patronales opinan que tiene que haber menos fuerza de la clase trabajadora y más subordinación de los sindicatos. El trasfondo del ataque es otra campaña constante de sectores derechistas pidiendo la eliminación de todo derecho laboral, pero saben que para transitar ese camino hace falta disminuir y limitar la capacidad de resistencia de la clase obrera, incluso de los sindicatos que vienen cumpliendo de controladores y freno al descontento que se extiende por abajo.

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Salarios de pobreza. Desocupación. Falta de vivienda. Ataques patronales. Hambre. El ajuste del Frente de Todos ya se siente en muchos sectores de las clases trabajadoras y populares, de distintas maneras, y su explosión es contenida por una simple idea: “no se puede”. No se pueden dar más planes sociales, no se pueden aumentar más los salarios, no se puede bajar la inflación, no se puede dejar de obedecer al FMI, no se pueden priorizar las necesidades populares antes que las del patrón. El gobierno del Frente de Todos, con los grandes sindicatos y centrales como aliados, milita la resignación al ajuste y a poner el país a los pies del Fondo.

Con una inflación galopante -Guzmán admitió que en marzo superará el 6%- y 17 millones de personas viviendo en la pobreza, el Frente de Todos dice “no se puede”, a lo cual Juntos por el Cambio responde: “y al que no le gusta, represión”.

La crisis social aguda asoma, con los fantasmas de estallidos de nuestra historia recientes que pusieron en jaque a gobiernos, y con el pacto de entrega al FMI para pagar la deuda habrá poco para contenerla.El oficialismo y la oposición de derecha no tienen un programa que logre busque revertir las penurias que sufren las mayorías populares, menos bajo el cogobierno con el FMI, por eso buscan disciplinar y limitar la acción en las calles. Por un lado, se posicionan Juntos por el Cambio (y Avanza Libertad) como recambio de gobierno que sea capaz de poner “orden” en un país en crisis, pero también en lo inmediato fomentan un clima represivo atacando el derecho a la protesta social, con posibles consecuencias fatales.

Cuando la protesta no solo es un derecho, sino una necesidad, la foto que intentan evitar por todos los medios es que los reclamos terminen por confluir imponiendo una agenda donde lo que se discuta sea el trabajo genuino, salarios dignos, vivienda y servicios públicos que hoy están privatizados, y no el saqueo de recursos para el FMI y los fondos buitres. En este sentido el Frente de Izquierda viene proponiendo una medida urgente como una jornada laboral de 6 horas con un salario igual a la canasta básica, que como explicó Nicolás del Caño podría generar un millón de puestos de trabajo.

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