La Secretaría de Relaciones Exteriores de Peña Nieto autorizó la entrega de Guzmán Loera a las autoridades del gigante del norte.
Bárbara Funes México D.F | @BrbaraFunes3
Sábado 21 de mayo de 2016
Una segunda fuga espectacular, una recaptura no menos mediática y la entrevista del escándalo realizada por Sean Penn y Kate del Castillo. Todo eso fue la antesala.
Una “demostración” de que el gobierno “de verdad” lleva a cabo una lucha contra el crimen organizado, tanto ante el pueblo de México como ante la administración estadounidense. Sobre todo, para volver a ganar credibilidad para Obama -y sus posibles sucesores-, así como para el capital internacional.
Desde enero pasado, cuando Peña Nieto se congratuló de haber atrapado de nuevo a uno de los narcotraficantes más importantes, el pedido de extradición por parte de Estados Unidos estaba ahí.
En el medio, distintos escándalos pusieron los reflectores de nueva cuenta en los estrechos vínculos entre el crimen organizado y los partidos al servicio de los empresarios.
Fue el caso de la chapodiputada. Fueron las declaraciones de la “hijas” del Chapo, luego desmentidas, de que le temían porque él podía hacer públicos todos los favores que les hizo a políticos hoy en el poder. A lo que suma las cercanas relaciones entre los carteles guerrerenses y los partidos tradicionales que se evidenciaron con la masacre de Iguala y la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Ahora, en plena campaña electoral para las próximas elecciones estatales del 5 de junio -a realizarse en 14 entidades del país- también se suceden las acusaciones de vínculos con el narco entre el PRI y el PAN, en particular en Tamaulipas.
Y es claro que es imposible que los negocios de la economía “ilegal” -tráfico de drogas, de órganos, de armas, trata de personas- puedan desarrollarse y crecer sino es con aprobación de los gobiernos.
En particular, la expansión de los carteles y la degradación de las instituciones de esta “democracia” de los ricos y los poderosos son el resultado de la integración y subordinación al gobierno estadounidense y sus dictados, especialmente la política prohibicionista sobre las drogas, proveniente de Washington.
El Chapo, la extradición y la relación con Estados Unidos
Ahora, el gobierno mexicano aceptó realizar la extradición del líder del cartel de Sinaloa. Pero no será una cuestión de rápida resolución.
Se abrirá el juicio de amparo y su revisión. La estrategia legal de la defensa, según se dio a conocer, se centrará en la presentación de tantos amparos como sea posible para retrasar la extradición. En el mejor de los casos, puede llevar meses.
De siete causas que tiene abiertas el Chapo en Estados Unidos, el gobierno de Peña Nieto aceptó sólo dos. Una radicada en San Diego, California, relativa al delito de asociación delictiva para vender cocaína. Otra realizada en una corte de Texas, en la que está acusado de homicidio, asociación delictiva, delincuencia organizada, narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas de fuego.
Peña Nieto tiene en juego su eficiencia como administrador ante los ojos del gobierno imperialista. Una nueva fuga no sería bien vista. Por eso el gobierno se juega a resolver este asunto de la extradición lo antes posible. Y hasta acercó a Guzmán Loera a la frontera al trasladarlo a una cárcel de Ciudad Juárez.
En particular está muy expuesto por el escándalo de la anterior fuga, donde se ha llegado a afirmar en algunos medios que el líder del cartel de Sinaloa no se fugó, sino que le dejaron la puerta abierta.
La aprobación de la extradición constituye una muestra más de la alineación del gobierno mexicano con la administración del gigante del norte en el terreno económico, político y militar.
Con el Chapo libre o encarcelado, lo cierto es que el avance del narcotráfico en la región no ha encontrado resistencia, y fue promovido por la CIA.
El despliegue de la militarización -financiada por la Iniciativa Mérida, que incluyó entrenamiento a militares, así como la presencia de agentes estadounidenses encubiertos que pueden portar y hacer uso de armas de fuego en territorio mexicano- fue la respuesta dada ante el narcotráfico.
Excusas: porque en realidad la militarización sólo trajo ejecuciones, desapariciones forzadas, desplazamientos, torturas contra el pueblo trabajador. Una forma nada sutil de amordazar cualquier oposición a los planes que el imperialismo y las trasnacionales tienen para México.
Pero la resistencia existe, aun con límites. En el magisterio que enfrenta la reforma educativa, en los padres de Ayotzinapa que no se rinden, en los pueblos originarios que se oponen a los megaproyectos.
