El expresidente Mauricio Macri, junto a ex funcionarios de su Gobierno fueron sobreseídos por la jueza María Eugenia Capuchetti en la causa que investigaba la presunta presión a jueces durante el Gobierno de Cambiemos. A pesar de trascender este lunes, la sentencia fue firmada antes de la feria judicial de enero y ya fue apelada por el fiscal Franco Picardi.
Lunes 8 de enero 12:46
Foto: Télam
La jueza federal María Eugenia Capuchetti sobreseyó al expresidente Mauricio Macri, a su exasesor Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, al exministro de Justicia Germán Garavano, y otros exfuncionarios en la causa conocida como "mesa judicial" del macrismo.
Se trata de la causa en la que el kirchnerismo había denunciado como lawfare un presunto complot para el armado de causas judiciales y fallos a favor del Gobierno de Cambiemos, entre el macrismo y un sector del poder judicial. La jueza Capuchetti, concluyó que no existen pruebas de que haya existido tal delito.
Según la jueza, las conductas denunciadas “no constituyen delito alguno, ni tampoco las probanzas sugieren una alternativa plausible”.
En una parte de su fallo, señala que “las críticas al Poder Judicial, sean a través de medios públicos o de los sistemas institucionales previstos para la revisión del desempeño de sus integrantes (siempre dando a los magistrados denunciados las garantías del debido proceso y haciendo primar criterios jurídicos en el procedimiento), no pueden ser consideradas una vulneración a la garantía de independencia judicial”.
El fallo sobreseyó por “falta de acción” a Macri, Garavano, al exsecretario Legal y Técnico Pablo Clusellas, al exministro de Trabajo Jorge Triaca, a la entonces diputada Graciela Ocaña, al exsubsecretario de Justicia y hoy jefe de fiscales porteños Juan Bautista Mahiques y a “Pepín” Rodríguez Simón.
La sentencia de Capuchetti argumentó que los jueces afectados declararon no haberse sentido presionados ni haber modificado sus decisiones judiciales por presiones del gobierno macrista. También señaló que estos magistrados no hicieron la denuncia en ese momento, pese a que técnicamente están obligados por ser funcionarios públicos.
Uno de los puntos centrales de la presentación aludió al capítulo de Gils Carbó. La exjefa de los fiscales narró que las presiones del Gobierno de Mauricio Macri, orientadas a obtener su renuncia comenzaron en la campaña electoral y que se usaron causas penales y medios públicos para presionarla a ella y a su familia. Según dijo, colaboradores le hicieron saber que el entonces fiscal Gabriel De Vedia se había reunido con un asesor presidencial, Rodríguez Simón, y el mensaje había sido que si no renunciaba, iría presa.
Además de no dar por probada la denuncia, la jueza resaltó en el fallo que quienes supuestamente fueron presionados para direccionar las investigaciones, esto es magistrados y fiscales, nunca denunciaron en su momento los hechos ni tampoco cuando declararon.
Gils Carbó había relatado acerca de no haber presentado una denuncia que: “No lo hice por el mismo motivo por el que las víctimas de los delitos de lesa humanidad no denunciaban a los represores… había un aparato estatal organizado contra mí… era De Vedia el que tenía que hacer la denuncia”.
Se puede observar con el fallo de esta causa nuevamente la correspondencia entre los "momentos políticos" -con la llegada al Gobierno de una extrema derecha, del que forman parte funcionarios provenientes del macrismo- con el lado para dónde se inclina la balanza desde el cuasi aristocrático Poder Judicial.
Redacción
Redacción central La Izquierda Diario
