TRAS PACTO CON LA CGT. Macri ataca las luchas y plantea achicamiento del Estado

El pacto que las cúpulas de la CGT sellaron con el gobierno a espaldas de los trabajadores no sólo implica pérdida del poder adquisitivo del salario, despidos y suspensiones.

Dos consecuencias más vienen aparejadas con el acuerdo: un envalentonamiento del gobierno y las patronales para atacar a los que luchan, y un mejor escenario para que el macrismo se proponga nuevos avances en su plan neoliberal.

Con la certeza de haber evitado el paro general a cambio de un bono de fin de año de monto muy bajo, y restringido a un pequeño sector de los trabajadores, el gobierno se permite golpear las peleas en curso, aisladas por responsabilidad de las cúpulas sindicales.

Es el caso por ejemplo de los choferes de colectivos de la empresa Nuevo Expreso de La Plata, que este lunes encontraron represión como única respuesta a sus reclamos.

Ayer mismo, el presidente Mauricio Macri utilizó su aparición pública en la Quinta de Olivos para atacar el derecho a huelga. Lo hizo a propósito de un reclamo ferroviario que interrumpió el servicio en distintas líneas, y de un pleito en Aerolíneas Argentinas. Los primeros piden por despidos, restitución de servicios de larga distancia y encuadre de personal fuera de convenio, mientras que los segundos reclaman por salarios.

Macri afirmó que "son protestas que van en contra del mensaje y de las políticas que está llevando adelante el Gobierno para ayudar a los argentinos que luchan por salir adelante. Todos tienen que entender, los que tienen responsabilidades de conducir una provincia, una ciudad, un gremio, una empresa, que esta Argentina demanda que seamos todos responsables y solidarios en lo que hacemos”.

Dicho de otro modo, el presidente hizo un llamado a la “paz social”, sin protestas para enfrentar el ajuste. El mensaje dirigido a estos trabajadores, era en realidad una advertencia contra toda lucha social.

Más explícito fue el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, quien sentenció sobre la medida de fuerza ferroviaria que "no fue un paro; simplemente, un grupo de inadaptados cortaron las vías; hicieron un acto ilegal y por eso iremos a la Justicia".

Junto con el ataque al derecho a huelga, el presidente y su ministro cuestionaron el déficit de las empresas ferroviarias y aerolíneas, que son servicios públicos, en una retórica de claro tono neoliberal. Paradójicamente, o no tanto, hicieron este discurso el mismo día que su Justicia amiga daba vía libre para aumentar la tarifa del subte, en beneficio de la empresa privatizada Metrovías que el Estado financia con más de 1600 millones de pesos anuales salidos del presupuesto estatal.

De forma demagógica, Macri sostuvo que “hoy Aerolíneas nos cuesta dos jardines de infantes por semana, y tenemos que construir 3.000 jardines para que todos los chicos de hasta 5 años tengan la mejor preparación antes de entrar a la escuela primaria, porque si no mejora la educación pública los chicos no van a tener un buen trabajo en el futuro”.

Con cinismo, Macri adjudicó el problema de los balances contables de las compañías y la falta de recursos para los jardines de infantes a los reclamos de los trabajadores y no a los sueldos de toda la burocracia estatal, ni tampoco cuestionó el hecho de que el Estado dispone de fabulosos recursos para mejorar éstos y otros servicios públicos, pero el presupuesto 2017 enviado al Congreso Nacional prefiere adjudicarlos, por ejemplo, al pago de la deuda externa. El ajuste es sólo para los trabajadores, no para los buitres ni para los grandes empresarios amigos del gobierno.

Por su parte, Dietrich también se sumó a este discurso del déficit en los ferrocarriles para explicar por qué según él no se pueden atender los reclamos: “Es imposible, es una empresa deficitaria”.

El “diálogo” macrista, y los acuerdos sellados por la CGT, llevan a una política de mayor ataque sobre el pueblo trabajador. Los avances contra los ferroviarios y aeronáuticos, no son más que un ensayo de ataque a la acción directa y un señalamiento sobre el déficit fiscal, que también buscarán, nuevamente, apuntar contra el conjunto de los trabajadores estatales con más despidos y techos salariales.