Política. Macri: del Capitán Veto a los decretazos

La estrategia detrás de la convocatoria presidencial era clara: el hijo de la patria contratista sabe que ganó producto de una forzada polarización en el balotaje pero que su apoyo social está lejos de ese 51% obtenido. A lo sumo su base más firme hay que buscarla en el 34% logrado inicialmente en octubre. Macri necesita mostrar consenso con la oposición para las medidas antipopulares que tomará por decreto.

Lejos de cualquier política de “diálogo”, el presidente clausuró de hecho el Congreso (lugar donde si hubiésemos puesto nuestras propuestas contra el ajuste a debate) y comenzó su mandato a fuerza de decretazos.

Esta política de gobernar por decreto se emparenta a la utilizada por el PRO en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires donde se convirtió en un vetador serial, utilizando esa facultad unilateral y arbitraria en forma exacerbada y discrecional. Como Macri no cuenta con mayoría propia en las Cámaras en el Congreso para hacer pasar su política de ajuste apela a los decretos y resoluciones ministeriales. Durante sus períodos como Jefe de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, si no le gustaban las leyes votadas en la Legislatura, directamente les aplicaba el veto.

Un vetador serial

El apodo ha sido ganado con mucho esfuerzo. En sus ocho años de gobierno el PRO conquistó un extraño récord: de 271 leyes vetadas en la historia de la Ciudad de Buenos Aires Mauricio Macri vetó 130, prácticamente igualando la suma de sus cuatro antecesores (De la Rúa, Enrique Olivera, Aníbal Ibarra y Jorge Telerman).

Todas las leyes que fueron aprobadas por la Legislatura pero que terminaron su historia en el despacho del ex-Jefe de Gobierno eran favorables a los trabajadores y sectores populares de la Ciudad y por lo general iban contra algún interés de empresas privadas o alguna especie de especulador. Un ejemplo es el de la ley 2.566/07 que creaba un laboratorio estatal para la producción de medicamentos de escaso interés comercial o imprescindibles para atender los problemas de salud de los sectores más desprotegidos. El mismo debía proveer a los hospitales de la Ciudad. Sin embargo la ley se vetó por sostenerse que el Gobierno de la Ciudad carecía de los “recursos específicos para ser destinados al desarrollo del laboratorio en cuestión”.

Varios años pasaron y el laboratorio nunca se desarrolló, sin embargo para el 2016 el PRO votó un presupuesto que destinará $950 millones a un rubro tan cuestionable como publicidad. Los grandes laboratorios agradecidos.

En la misma sintonía podemos ubicar la prohibición de la venta de medicamentos de venta libre fuera de las farmacias. Aquí algún malintencionado podría pensar que esto favoreció a cadenas como Farmacity, ¡oh casualidad Mario Quintana, quien fuera presidente de esa cadena por más de una década, hoy integra el gabinete de CEOs de Cambiemos. Otras beneficiadas fueron las empresas concesionarias de peajes cuando vetó la ley que dictaba un máximo de 3 minutos de espera en los peajes.

La declaración de emergencia habitacional que prohibía el desalojo de familias que vivían en propiedades del Estado o la protección de empresas recuperadas post crisis de 2001 también fueron víctimas del “Capitan Veto”. Pero no todo se trata de negocios, el gobierno del PRO también descargó el látigo del Poder Ejecutivo para frenar una ley que creaba un fondo para localizar y restituir a menores secuestrados y nacidos en cautiverio, la creación de una oficina contra la trata de personas, y una ley que priorizaba la inserción laboral de jóvenes egresados de comunidades terapéuticas.

Pero para obtener el título de “vetador serial” él punto “destacado” fue el veto a la regulación del procedimiento para llevar a cabo los abortos no punibles. Este hecho fue tan escandaloso que la Justicia lo declaró inconstitucional.

Cambiemos hacia los DNU

Con la reforma constitucional nacida del “Pacto de Olivos” el presidente puede prácticamente legislar creando normas que no pasan por el mecanismo de sanción de leyes del Congreso. Ello puede hacerse mediante los decretos que tienen origen en las facultades delegadas en el Presidente o directamente por decretos de “necesidad y urgencia” (DNU). El estrecho límite que el mismo art. 99 de la Constitución coloca es que no pueden versar sobre materia penal, tributaria, electoral o el régimen de partidos políticos.

Pese a que fueron sancionados en 1994, gobiernos anteriores como el de Raúl Alfonsín (con el Plan Austral-Decreto 1096/85), y especialmente Carlos Menem habían utilizado este tipo de normas que se emparentan tristemente con los decretos leyes que utilizaron las dictaduras militares a lo largo de la historia de nuestro país. Carlos Menem, con 545 DNU lidera el ranking de los presidentes que utilizaron este tipo de normas.

En el caso de Mauricio Macri, parece que se prepara para seguir la trayectoria de quien tanto apoyó a su familia. No hay que olvidar que el grupo económico del presidente fue uno de los grandes favorecidos en la década de los 90. Basta nombrar la escandalosa privatización que “vació” el Correo Argentino en septiembre de 1997. Con sus recientes DNU, Mauricio Macri modificó nada menos que la Ley de Ministerios, y, entre otras medidas, le hizo el regalo de Navidad más esperado a los sectores que en 2008 supieron conformar la Mesa de Enlace agraria (Sociedad Rural Argentina, Confederación Rural Argentina, Coninagro y Federación Agraria). Eliminó las retenciones al trigo, maíz, girasol y carne y se las bajó a la soja. El nombramiento por "dedazo" el 14 de diciembre imponiendo a dos nuevos miembros del máximo tribunal de Justicia confirma el camino.

El falso republicanismo y el Frente de Izquierda

En el Congreso Nacional hemos podido escuchar reiteradamente a dirigentes radicales como Mario Negri y Ángel Rozas rechazar de plano la utilización de los DNU sosteniendo que "no bastará una situación de crisis legislativa, sino que es preciso que esa crisis impida subsanar o atender con la inmediatez necesaria la situación de grave riesgo social, ante las circunstancias excepcionales que deben ser palmarias" (OD 1627 12/12/2014), o al ex diputado nacional Adrián Pérez, hoy flamante funcionario del Ministerio de Seguridad encabezado por Patricia Bullrich, cuando se oponía a la aprobación de un decreto de necesidad y urgencia firmado por Cristina Kirchner con los siguientes argumentos: “Sólo casos de severos colapsos en la economía nacional que no permitirían sujetar al debate del Congreso Nacional las vías de solución, o supuestos de cierre del Congreso frente a situaciones de guerra u otro tipo de catástrofe que mantenga al Parlamento sin funcionar o impida la espera del debate legislativo por inminencia y gravedad de los daños a reparar, habilitarían el dictado de decretos de este tipo” (OD 1627 12/12/2014).

El Gobierno de Macri busca mediante los DNU, resoluciones ministeriales o del Banco Central, descargar un ajuste que recaerá sobre las espaldas de las mayorías populares. Por el contrario los diputados y legisladores del PTS-Frente de Izquierda exigen la apertura de sesiones en el Congreso para debatir de cara al pueblo las medidas que ya se están implementando y que afectarán los intereses de millones de argentinos. El Frente Renovador y el Frente para la Victoria ya le están prestando colaboración al gobierno del decretazo. Las bancadas del PTS en el Frente de Izquierda del Congreso Nacional y de las Legislaturas de CABA, Córdoba, Mendoza y Neuquén propondrán al resto de los miembros del FIT el lanzamiento de una campaña contra el ajuste y por la exigencia de sesiones en todos los ámbitos legislativos, nacional y provinciales, para debatir estas medidas y exponer nuestros proyectos, opuestos por el vértice a que la crisis la paguemos los trabajadores, y organizar la resistencia en los lugares de trabajo, estudio y en las calles.

Fanpage de Myriam Bregman

Fanpage de Patricio del Corro