Nota De Tapa. Macri impune por la represión en el Borda

En días de guerras de servicios y escuchas telefónicas en el tapete, la Policía Metropolitana creada por el “Fino” Palacios (acusado, entre otras cosas, por encubrimiento en el atentado de la AMIA) consiguió una buena cuota de impunidad para lo que fue uno de sus mayores actos represivos desde que fue creada en 2008 con los votos del PRO y del kirchnerismo en la Legislatura porteña.

Para que recuerden los lectores. En la mañana del 26 de abril del 2013, los trabajadores del Hospital Borda se encontraron con un mega operativo policial que defendía las topadoras prestas a demoler el Taller Protegido N° 19, mientras estaba en pie una medida cautelar que impedía dicha demolición. Con una gran represión que duró todo el día contra los trabajadores y pacientes del Borda, contra los trabajadores estatales solidarios, contra legisladores porteños, estudiantes y hasta contra los periodistas presentes, se terminó llevando adelante esta demolición ilegal. La represión fue transmitida durante todo el día por los medios. Mientras, Macri y su gabinete tuvieron que salir en conferencia de prensa a dar explicaciones por lo brutal y escandaloso de una represión dentro de un hospital neuropsiquiátrico, que conllevó un repudio generalizado y un paro de ATE con una movilización masiva. El saldo de la represión fue de 8 detenidos y más de 60 heridos.

El gobierno privatista de Mauricio Macri avanzaba de este modo a palazos sobre la salud pública, así como lo había hecho antes sobre el derecho a la vivienda, conjuntamente con el gobierno nacional, en el Parque Indoamericano, dejando muertos y heridos mientras beneficiaba y sigue beneficiando a los pulpos inmobiliarios que hacen grandes negocios en la Ciudad.

En el día de ayer la Sala Sexta de la Cámara del Crimen sobreseyó por la brutal represión en el Borda al Jefe de Gobierno Mauricio Macri, a la Vicejefa María Eugenia Vidal, al jefe de la Policía Metropolitana, Horacio Giménez, a otros jefes policiales, al Jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta y a los ministros Guillermo Montenegro y Graciela Reybaud.

El único funcionario que sigue siendo investigado es el Ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain, pero no por la represión sino por el trámite administrativo por el cual se dispuso la demolición del Taller Protegido N° 19, dentro del predio del Hospital Borda, cuando estaba en pie una medida judicial que se lo impedía. Una simple causa administrativa.

El tribunal consideró sobre los funcionarios políticos del Gobierno de la Ciudad que “aun cuando estos funcionarios estuvieran al tanto de los acontecimientos, ello no los vincula o compromete con los excesos de un efectivo policial en el operativo, al punto de considerarlos ejecutores de órdenes abusivas o aquiescentes con el comportamiento desviado de algún subalterno como el que evidenciara el ya sujeto a proceso". ¿Cómo puede ser que una represión que duró todo un día, con funcionarios que salieron por los medios explicando dicho operativo y donde se estaba llevando una acción ilegal por la medida cautelar, solo fuese un exceso de un efectivo policial? Esto claramente es impunidad para los funcionarios y policías represores. A su vez, el tribunal sostuvo que el jefe de la Metropolitana, Giménez, tuvo una "actitud conciliadora, tratando de apaciguar la tensa situación que se generara en el lugar".

Como símbolo de la impunidad y la Justicia a favor de los empresarios y de la casta política que gobierna para ellos, los que continúan procesados son cinco trabajadores del Hospital Borda, acusados de lesiones, atentado y resistencia a la autoridad contra oficiales de la fuerza.

Amplio repudio al sobreseimiento

La resolución del tribunal generó un amplio y extendido repudio.

Desde la izquierda, el Legislador electo del PTS-FIT Patricio del Corro señaló que “el sobreseimiento de Mauricio Macri y sus funcionarios es un verdadero escándalo. Con este fallo, los responsables políticos de la violenta represión y el desalojo del Taller Protegido 19 en el Borda quedan libres de cargo mientras cinco de los trabajadores que fueron bestialmente reprimidos continúan procesados. La actuación del PRO y la Metropolitana en el Borda es un claro ejemplo del modelo privatista que pretende expulsar a los sectores más castigados de la ciudad. No es la primera vez que el PRO impone sus planes con represión. Éste no ha sido un incidente aislado sino que la misma actitud vimos en los desalojos del barrio Papa Francisco, el Indoamericano o la Sala Alberdi”.

Por su parte, desde el MST, Alejandro Bodart señaló mediante un comunicado que “es una pésima señal de esta injusticia, que siempre deja impunes a los gobernantes y para colmo mantiene procesados a cinco trabajadores. Además de brutal, el operativo policial fue totalmente ilegal: la obra estaba suspendida por una cautelar, no se dio previo aviso al director del Borda y se incumplieron los protocolos de demolición”.

A su vez, desde ATE-Capital señalaron que “repudiamos el fallo judicial y dejamos constancia que vamos a recurrir el mismo porque consideramos que todos y cada uno de los funcionarios sobreseídos son responsables directos de la represión sufrida por los pacientes, los trabajadores y los profesionales de la salud en el Hospital Borda”.

Desde distintos sectores anunciaron que se realizarán recursos y presentaciones para cuestionar los sobreseimientos, mientras se insiste en la necesidad de redoblar la organización para enfrentar los avances represivos.