El proyecto se presentaría en Diputados después de las elecciones de octubre. Con la mira puesta en lograr la aprobación de más beneficios a las patronales, funcionarios aseguran que el plan es “gradual”.
Lucía Ortega @OrtegaLu_
Martes 29 de agosto de 2017
El gobierno se enfrenta con una difícil encerrona para llevar adelante su plan de ajuste fiscal y al mismo tiempo acompañar a éste de una reforma impositiva en los términos planteados, esto es, reducir los impuestos para bajar los costos empresarios. Estos dos objetivos no tienen otro fin que dar una señal contundente a los bolsillos patronales en la transición hacia octubre y a semanas de la presentación del proyecto de Presupuesto 2018 por el Ejecutivo en Diputados.
Si la propuesta es reducir el déficit fiscal, reduciendo al mismo tiempo (y no, como sería lógico, incrementando) la recaudación, puesto que para contentar a la clase empresaria debe mostrar la intención de alcanzar una menor incidencia impositiva en los balances contables, la única vía que queda para cerrar la ecuación fiscal es avanzar con la reducción del Gasto Público. Y, como es de esperar, las partidas a recortar se vincularán con las erogaciones sociales, los subsidios a las familias, las jubilaciones, salarios públicos, educación y salud, entre otras actividades públicas. No es casual que en simultaneo se pretenda avanzar con la agenda de reforma jubilatoria regresiva. Para muestra basta un tarifazo.
Los gestos en esa dirección ya comienzan a manifestarse en pasos concretos, si más no sea por ahora para afianzar su base electoral, e ir, en simultáneo, sembrando la idea entre las patronales de que por el momento no es tan sencillo realizar una reforma tributaria “en shock”, sino que hay que conformarse con un ajuste “gradual”. La estrategia es convencer que el objetivo de los CEO en el gobierno es compartido con el de los CEO en el sector privado, sólo se trata de adecuar los ritmos a la posible resistencia que imponga el pueblo trabajador, y prepararse para dar el golpe en el momento oportuno. Paciencia y confianza, es el pedido del gobierno a los empresarios.
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A cambio de ello, ayer el gobierno hizo pública la reunión ministerial en presidencia para la discusión tributaria para garantizar esta agenda. Desde el Ejecutivo prevén que el proyecto de reforma se finalice y presente después de las elecciones generales del 22 de octubre.
Junto con Macri, participaron del encuentro el jefe de Gabinete, Marcos Peña, los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Interior, Rogelio Frigerio, además del director de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad.
Además, de la reunión participaron los vicejefes de Gabinete, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, el secretario general de Presidencia, Fernando de Andreis, y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.
¿En qué consistirá la reforma impositiva?
Si bien aún no hay información oficial sobre la letra chica de las iniciativas en discusión, las opciones “filtradas” en la prensa y en ciertas declaraciones de funcionarios son las siguientes:
Se estima para el Impuesto al Valor Agregado un gasto tributario de $135.213 millones. Con relación al gasto tributario de la ley de IVA, se destacan 3 exenciones: Asociaciones deportivas y espectáculos deportivos amateurs ($12.773 mill.), Prestaciones médicas a obras sociales y al INSSJYP (PAMI) ($12.331mill.) y Servicios educativos ($9.618 mill.). Con respecto a las exenciones de IVA otorgados por regímenes de promoción económica, el 74% ($14.360 mill.) del gasto tributario corresponde a la Ley 19.640 de Promoción económica de Tierra del Fuego.
Por su parte, el Gasto Tributario del Impuesto a las Ganancias equivale al 27% del Total del gasto tributario y alcanza a $84.748 millones (0,87% del PIB). Los beneficios más importantes en este tributo corresponden a las exenciones de los intereses de activos financieros: títulos públicos por $11.464 mill., y depósitos bancarios y obligaciones negociables, por $22.723 mill., en conjunto. Otro importante gasto tributario en Ganancias, se deriva de la exención a las entidades sin fines de lucro ($14.342 mill.) y a magistrados y funcionarios de los Poderes Judiciales nacional y provinciales ($5.606 mill.). En cuanto, a los Regímenes de promoción, se destaca el gasto tributario originado en la Ley 27.264, Régimen para el fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa, de $ 20.378 mill.
Para ellos todo, para todos nada
Basándose en el hecho real de que la estructura impositiva es poco clara en algunos aspectos y hay una serie de impuestos cruzados de distintas jurisdicciones nacionales, provinciales y municipales, el gobierno argumenta una reforma para “ordenar” los impuestos, aunque su objetivo inmediato y evidente es otorgar una fuerte reducción de la carga impositiva a las patronales para “bajar los costos” y así "fomentar la productividad y el empleo".
No hay en carpeta una eliminación del impuesto al salario, o mal llamado “impuesto a las ganancias de la cuarta categoría”, ni un aumento de las retenciones a las exportaciones de commodities de renta, ni una reducción de IVA e impuestos regresivos, ni la afectación de los patrimonios o impuestos a las grandes fortunas.
Es decir, no se trata de una reforma progresiva para los trabajadores, como lo llama a gritos el hecho más real de todos de que la mayor parte de los impuestos recae directamente sobre los ingresos de los sectores populares. Sino por el contrario, se trata de una fuerte transferencia de ingresos a las patronales de “todos los tamaños”. Como señala el oficialista diario “La Nación”, festejan desde los grandes, hasta las PyMES.
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Lucía Ortega
Economista UBA. Coeditora de la sección de Economía de La Izquierda Diario.
