Lo acordaron el jueves, luego de una semana de cruces entre intendentes de la zona y el gobierno provincial.
Sábado 28 de mayo de 2016
El lunes pasado, los medios de comunicación anunciaban que móviles de Gendarmería Nacional estaban patrullando las calles de la localidad serrana de Villa Allende. El intendente de dicha ciudad, el ex golfista y amigo personal de Macri, Eduardo “Gato” Romero, dijo a los periodistas que personal de Gendarmería “está haciendo un relevamiento y está viendo cómo crear un plan de trabajo conjunto”. En el desfile que se realizó en su ciudad por el aniversario del 25 de mayo, el intendente se paseó sobre una camioneta de Gendarmería.
Enseguida se desataron varios cruces entre Romero y las autoridades provinciales. El primero en mostrar su desacuerdo fue el Ministro de Seguridad, Carlos Massei. En una radio, manifestó: “No estoy para nada de acuerdo. Tenemos que trabajar de manera coordinada. Después me enteré por los medios que hay un convenio firmado para un patrullaje nocturno, cuando lo podemos hacer nosotros. Nos parece que eso para un solo municipio no sirve”. Es decir, si les hubieran avisado antes, no había problema.
Massei le envió una carta a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. “Sin entrar a evaluar esta decisión, veo sorprendido que la misma no haya sido coordinada con este Ministerio a los efectos de que los esfuerzos sean eficaces. Todos queremos que la gente esté más segura. Por eso de haber coordinado con usted esta medida, podríamos haber sumado más acciones de la fuerza de Gendarmería en zonas donde estamos luchando contra la venta de droga, el narco menudeo y el crimen organizado”, escribió el ministro.
Por su parte, el subjefe de la Policía Provincial, Gustavo Folli, afirmó que los delitos registrados en Villa Allende han mermado en comparación con datos de 2015 y que la decisión de Romero fue una decisión política.
Desde el PRO apoyaron la decisión del ex golfista. El viceintendente de Córdoba, Felipe Lábaque dijo que Romero había pensado en el bien de su pueblo. “Tengo tres asaltos traumáticos que sufrí y entiendo cuando pasan cosas así”, agregó.
Pedidos de intendentes
Desde Unquillo, Jorge Fabrissín expresó su desacuerdo con la decisión de Romero: “No me parece bien que se tome sólo a Villa Allende como si los problemas no existieran en otro lado. Cuanto más fuerzas de seguridad tengamos para la prevención, va a ser mejor”. A esto agregó su propia “teoría del derrame”, según la cual, si no se trata la problemática de forma global, el delito de Villa Allende se derramaría sobre las otras ciudades. Unas horas después, Fabrissín anunció que el municipio que dirige tendrá problemas para pagar los sueldos del mes de mayo y analiza el pago desdoblado. Recordemos que apenas asumió, el pasado diciembre, el jefe municipal decidió despedir a 246 trabajadores de los cuales 38 fueron reincorporados como monotributistas, poniendo como excusa el alto gasto público que generaban. Advirtió que está situación se está generalizando “en todo el corredor de sierras chicas”.
En Río Ceballos, Gendarmería tiene un asentamiento fijo desde hace tres meses. El intendente Omar Albanese planteó que allí “la gendarmería no viene a patrullar las calles ni a cumplir el rol de la policía provincial. Llegaron con la premisa de instalar algunos puestos de control contra el narcotráfico sobre todos sobre las rutas. Indudablemente realizarán tareas de inteligencia para determinar en qué lugar realizar los controles, pero sólo en relación a controles por drogas”. Agregó que “Hoy tenemos 72 gendarmes en un núcleo y hacia fin de año tendremos unos 200 efectivos, pero por ahora no van a patrullar las calles. Nosotros estamos trabajando muy bien con la policía de la provincia que trabaja con cuatro móviles y unos 12 efectivos, y para nosotros alcanza”.
Como era de esperarse, tantos cruces y exigencias comenzaron a molestar al gobernador, que se presenta como un fiel colaborador del gobierno nacional. Las últimas muestras habían sido la reunión de todos los gobernadores en Córdoba la semana pasada y la abstención de los diputados de Unión por Córdoba en la votación de la ley antidespidos, a contramano del massismo.
El jueves, Schiaretti anunció en el acto que compartió con Macri en Jesús María que 500 gendarmes y 500 policías de la Federal llegarán a la provincia “para la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad” hasta julio, cuando egresen 1.500 policías provinciales. Los integrantes de las fuerzas nacionales cubrirán todo el cordón de Sierras Chicas, desde La Calera hasta Ascochinga.
Falsas polémicas
Todo el asunto fue presentado por los medios de comunicación de Córdoba como una “polémica”, pero en ningún momento se discutió cuál será el verdadero rol de la Gendarmería en las localidades serranas.
Esta fuerza de seguridad fue ampliamente utilizada por el gobierno kirchnerista, bajo el mando del ahora senador de Buenos Aires Sergio Berni, para reprimir brutalmente a los trabajadores de Lear y a los de la línea 60 que reclamaban por sus puestos de trabajo y ocupar los barrios de Rosario para detener a los “soldaditos” y no a los jefes del narcotráfico. Esta política de ocupación en distintos lugares del país, generalmente no dejan más que decenas de denuncias de violencia institucional, ataques homofóbicos, golpizas y hasta asesinatos por parte de los gendarmes.
Bajo el macrismo, nada cambió. Berni ya no está, pero Patricia Bullrich ocupa su lugar. En lugar de Lear, ahora reprimen en Cresta Roja y a los chicos de las murgas.
Como señaló el periodista Ricardo Ragendorfer en una entrevista para este medio, “el narcotráfico es una excusa para engordar la Ley Antiterrorista” y fortalecer al aparato represivo. Los distintos gobiernos municipales de las Sierras Chicas, con la inestimable colaboración de Schiaretti y Macri, justifican mediante el discurso de la “inseguridad” la saturación del espacio público que les permitirá criminalizar la pobreza y reprimir conflictos sociales cuando sea necesario.
