Por medio del Decreto 721/2016, le otorgó más poder a las Fuerzas Armadas, al anular una resolución que regía desde 1984. Un intento de avanzar en la reconciliación nacional.

Rosa D’Alesio @rosaquiara
Jueves 2 de junio de 2016
A partir de ahora será facultad del Jefe del Estado Mayor Conjunto de las FF.AA. la designación de los oficiales y suboficiales del Estado Mayor, así como la definición de los traslados y la convocatoria a militares retirados para funciones docentes. De esta forma habrá menos controles aún para ascender a genocidas, o trasladarlos donde mejor puedan ejercer su rol de represores.
El presidente, durante su reciente discurso en el acto por los festejos de los 206 años del Ejército, no sólo se quejó de que las FF.AA. fueron “desatendidas” por el anterior gobierno, sino que dio claras definiciones sobre cómo será orientada su política en el terreno militar.
Allí Macri comunicó a los militares que “resulta necesario establecer procedimientos ágiles que permitan atender las cuestiones relacionadas con la gestión del personal de las Fuerzas Armadas”. Eso es lo que quedó dispuesto en el decreto que se conoció ayer.
En lo que constituye una clara reivindicación de las Fuerzas Armadas, Macri dijo en ese mismo discurso el Ejército que la Armada y la Fuerza Aérea “vienen de años en los cuales el Estado las ignoró y las abandonó, y eso trajo problemas de presupuesto, problemas de equipamiento, de infraestructura”. Ese mismo día anunció un incremento salarial adicional para los militares, por sobre el porcentaje que recibieron el conjunto de los estatales.
Esta reivindicación que hace el presidente de una de las instituciones responsables de crímenes de lesa humanidad ocurridos en Argentina, podría no sorprender si se toma en cuenta que su familia le debe muchos favores a los genocidas que intervinieron en el golpe del 76.
Pero esta reivindicación tiene que ver, más que agradecimientos por el pasado, con las necesidades del presente y del futuro. Se trata de una carta blanca al autogobierno y al cese de controles, muy formales dicho sea de paso.
Es preciso señalar que el “control civil” no permitió terminar con la impunidad de muchos de ellos. Solo en el Ejército hay 3.381 miembros que provienen de la dictadura y continúan en actividad.
Lo que anticipa el decreto
Desde que asumió el nuevo gobierno de Cambiemos el mensaje fue claro: controles y amenazas de represión a los piquetes para frenar la resistencia ante los planes de ajustes y despidos; emergencia en Seguridad para fortalecer el aparato represivo del Estado.
Pero si la primera norma, con la que pretendían controlar las calles, fue por el momento congelada porque los estatales, docentes y estudiantes, junto a organismos de derechos humanos mostraron que no abandonaran los reclamos en las calles; con la ley de derribo no le fue mejor. En general se suscitó un alto repudio a esta medida, vista en amplios sectores como lo que es, una pena de muerte.
Cambiemos, que se propone ser claramente el partido del orden y del ajuste, necesita avanzar más en la reconciliación de la sociedad con las Fuerzas Armadas y en fortalecerlas como institución, una tarea que se propusieron todos los gobiernos post dictadura.
Un poco de historia
Raúl Alfonsín solo juzgó a las Juntas Militares porque un amplio movimiento democrático lo reclamaba. Pero, posteriormente, celebró un pacto con los Carapintadas que tuvo su expresión en las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
En el alzamiento de Semana Santa de 1987, ante la inmensa movilización de repudio, Alfonsín, junto a la UCR y el PJ, decidieron salvar a las FF.AA. y aplastar las demandas democráticas de millones de personas.
El gobierno de Menem, después de los Indultos a las cúpulas de esas mismas fuerzas, buscó subordinarlas al poder civil y mejorar su imagen. Una parte de eso fue hacerlas intervenir como parte de las misiones internacionales de las Naciones Unidas.
Durante los últimos 12 años, los gobiernos kirchneristas ensayaron distintos modos de recomponer a esta institución. Una de esas acciones fue la de bajar el cuadro de Videla para mostrar que un sector de las FF.AA. estaba comprometido con la democracia y que nada tenían que ver con ese pasado oscuro.
La presencia de César Milani, que se identificó como parte del “proyecto nacional y popular”, al frente del Ejército fue una de las señales más claras de esa política de reconciliación con los militares genocidas. Así, en la última cena de Camaradería, lo expresó Cristina Kirchner.
Macri tiene por delante el desafío de continuar con la tarea que comenzaron sus antecesores. Dio muchos mensajes claros y firmó un decreto que muestra su política hacia los militares donde va más allá de los discursos y se expresa en valores concretos: la autonomía de las FF.AA.; ir recortando el control civil con un decreto que retrotrae parte del manejo de las FF.AA. en la dictadura y allana el camino para que puedan funcionar como un cuerpo autónomo, ensanchando su poder político.
Lo que evidencia este decreto es que el gobierno y sus aliados no son ingenuos a la hora de pasar el brutal ajuste contra los trabajadores y el pueblo: hay y habrá resistencia, se preparan para enfrentarla.
Solo un amplio movimiento en las calles puede impedir que se fortalezca una política que apunta a darle mayor poder de fuego a las fuerzas armadas para ser utilizada en pos de garantizar el ajuste.

Rosa D’Alesio
Militante del PTS, columnista de la sección Libertades Democráticas de La Izquierda Diario; se especializa en temas de narcotráfico y Fuerzas Armadas.