El Gobierno nacional dispuso esta semana un nuevo recorte presupuestario para los fondos destinados al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. El recorte, que se estima en unos $3.699.756 pesos, será destinado fundamentalmente a financiar gastos del Ministerios de Seguridad de la Nación, y afecta entre otras cosas a los programas orientados a erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres.
Sol Bajar @Sol_Bajar
Jueves 22 de junio de 2017
La noticia, que comenzó a circular este miércoles, se apoya en las disposiciones publicadas por un nuevo Boletín Oficial que lleva la firma del jefe de Gabinete Marcos Peña y del ministro de Hacienda Nicolás Dujovne. Allí, tras una larga serie de “considerandos”, los funcionarios disponen el recorte de casi 700 mil pesos originalmente destinados al programa de “Formulación e Implementación de Políticas Públicas de la Mujer”, para ser girados a diversos gastos de las fuerzas de seguridad. De acuerdo al Presupuesto 2017, que votó en noviembre del año pasado el Congreso de la Nación, este programa, el número 17, tiene como unidad ejecutora al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y funciona a través del Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) a cargo de Fabiana Túñez, la ex directora de la Asociación Civil La Casa del Encuentro.
La medida, que no tardó en despertar rechazos, hace recordar a una disposición semejante que intentó imponer el gobierno de Cambiemos en febrero de este año, cuando dispuso el recorte de 67 millones de pesos al CNM y al Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. En aquella oportunidad, tras la denuncia realizada por diversas organizaciones, el gobierno devolvió los fondos mediante la Decisión Administrativa 149/2017, argumentando que “en realidad” se trataba de un “error”.
Ahora, como en febrero, la titular del CNM Fabiana Túñez, quien fue promovida para ocupar este cargo bajo el argumento de su compromiso con los derechos de las mujeres, no tardó en salir al auxilio de la medida oficial. Con un mensaje difundido desde Twitter, buscó desmentir los hechos afirmando que la decisión de este miércoles “no constituye un recorte del presupuesto”, ya que las partidas serán destinadas “al pago de servicios de la policía federal para garantizar la seguridad de las y los trabajadoras/es, la integridad de los bienes y muebles de los edificios del Consejo Nacional de las Mujeres, parte del patrimonio del Estado Nacional”. Por si faltaba, también destacó que “el fortalecimiento del mecanismo nacional para la igualdad de género ES política de Estado”. Nada más alejado de la realidad de las mujeres, como refleja esta nota.
NO HUBO RECORTES https://t.co/yNVJyduL4i El presupuesto del CNM aumento un 400% de 2016 a 2017 y esta vigente @fabianatunez
— CNM (@CNMujeres) 22 de junio de 2017
“Política de Estado”
La Ministra de Seguridad Patricia Bullrich y la titular del Consejo Nacional de Mujeres, Fabiana Túñez, en el evento Vital Voices que financia Paul Singer
Las “aclaraciones” de Fabiana Túñez y el Consejo Nacional de las Mujeres resultan verdaderamente cínicas. De acuerdo a la Decisión Administrativa de este miércoles, la nueva disposición del gobierno tiene, en realidad, el objeto de asignar los fondos que estaban destinados a la protección de las mujeres nada menos que al Ministerio de Seguridad de la Nación. Más concretamente, según reza el propio texto, esas partidas serán utilizadas para pagar gastos “adicionales” realizados por efectivos de la Policía Federal y para “la atención de las jubilaciones, retiros y pensiones de la Gendarmería Nacional”, entre otros gastos semejantes.
Hablamos, nada más ni nada menos, que de dos de las principales fuerzas represivas del Estado, implicadas en la desaparición de cientos de mujeres y niñas a manos de las mafiosas redes de trata para la explotación sexual. Un negocio millonario e ilegal, que se sostiene y garantiza con los cuerpos esclavizados de las mujeres y con la complicidad y hasta la participación activa de jueces, gendarmes, policías, empresarios y funcionarios políticos de todos los niveles y partidos (como Cambiemos y el PJ), y que cuenta por ello con absoluta impunidad. Tanta, que según denuncia la hija del empresario y ex agente de la SIDE Raúl Martins, esto ha significado incluso jugosas sumas de dinero para campañas electorales como las de Mauricio Macri.
Seguramente todo esto también explique porqué, mientras se aumentan las partidas para las fuerzas de seguridad en detrimento de la atención de las mujeres, “sólo el 4% de los imputados ha recibido una condena”. Así lo informa el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y lo demostró también, más recientemente, la detención de seis policías y comisarios de Lomas de Zamora, el brutal femicidio de Araceli Fulles en la localidad de San Martín o la desaparición de Daiana Garnica en la provincia de Tucumán, con más de 10 policías implicados, detenidos y posteriormente liberados sin que aún haya podido darse con el paradero de la joven, desaparecida hace ya casi 50 días.
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Algo similar sucede con numerosos casos de femicidios, cuyas frías estadísticas crecen cada día. Como también señala el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), muchos de estos crímenes fueron cometidos por agentes de las fuerzas represivas del Estado: mujeres asesinadas con un arma de fuego reglamentaria, provista por las propias instituciones de seguridad. La cifra es constante, y vuelve a poner en evidencia la responsabilidad estatal. En total, desde el 2008 hasta el año pasado, son 129 los femicidas con uniforme, y 222 los efectivos que tienen prohibido llevarse el arma a su casa porque están denunciados como “violentos”. Y sí, también son esas mismas fuerzas las que persiguen y reprimen a las mujeres cuando salen a luchar por sus derechos. Lo vimos con las maestras que exigían un salario igual a la canasta familiar; o con las jóvenes que se manifestaron por #NiUnaMenos el pasado 8 de marzo y fueron reprimidas, detenidas y procesadas bajo las órdenes de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, de manera totalmente arbitraria.
Emergencia ya
Mientras la gestión de Cambiemos mantiene casi el mismo presupuesto que el kirchnerismo para las políticas orientadas a erradicar la violencia machista; mientras avanza en el recorte de programas fundamentales y despide y precariza a quienes los sostienen a diario, la persistente negativa a declarar la emergencia contra la violencia de género sigue condenando a miles de mujeres a sufrir las peores consecuencias de este flagelo.
La “política de Estado” de la que habla Fabiana Túñez también esconde esta realidad: su gobierno se limitó a alentar la demagogia punitiva y a presentar un “plan de acción” que contempla la creación de tan sólo sesenta y nueve hogares transitorios para las víctimas de violencia, con capacidades limitadas, para el 2019: algo más de dos hogares por provincia, mientras se reciben -según los propios datos del Consejo Nacional de las Mujeres- 650 llamadas diarias sólo a su #Linea144. Llamados que, detallan, corresponden en el 98% de los casos a distintas formas de violencia que las mujeres sufren dentro del hogar. No es una política muy distinta a la que mantiene por ejemplo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que aún con datos similares decidió recortar el también escaso presupuesto asignado a la Dirección General de las Mujeres en más de 10 millones de pesos.
No hay timbreo que pueda ocultarlo. Y no es “falta” de dinero. Plata hay, pero el problema son los intereses y las prioridades de los gobiernos de turno, de sus funcionarios, de las instituciones del Estado que gestionan y de los legisladores parlamentarios que los reprensentan y/o comulgan con ellos. Como plantea la candidata a diputada de la Ciudad de Buenos Aires, Myriam Bregman (PTS/Frente de Izquierda), solamente con los impuestos que dejaron de cobrarles a las patronales agrarias y mineras y con las propiedades ociosas cedidas por todos los gobiernos a la Iglesia, ya podrían haberse construido cientos de refugios y garantizado licencias y planes de trabajo y de vivienda para las víctimas de violencia: medidas mínimas, urgentes y elementales que debería implementar el Estado de inmediato para paliar al menos la situación que atraviesan, como plantea el proyecto de ley que presentó junto a Nicolás del Caño la referente del FIT, ya en el año 2015, sin que aún reciba tratamiento.
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Como venimos señalando, la persistente negativa a declarar la emergencia, que hoy sigue condenando a miles de mujeres, golpea con mayor dureza a quienes menos recursos materiales tienen para enfrentar este flagelo. Hay que exigir ya mismo al gobierno nacional que retroceda en este nuevo ataque a los derechos de las mujeres y, al mismo tiempo, que se debata y se apruebe ya mismo en el Congreso Nacional el proyecto de Ley presentado por el Frente de Izquierda, que propone la creación de un Plan Nacional de Emergencia contra la violencia hacia las mujeres, con las medidas mínimas e indispensables que permitirían que hoy, muchas de ellas, estén con nosotras, vivas. Por las que ya no están, y porque no queremos #NiUnaMenos, tenemos que fortalecer también nuestro movimiento de lucha, para ser miles en las calles hasta conquistar nuestros derechos.
