El presidente Maduro se apoya en el TSJ para evitar a la Asamblea Nacional controlada por la oposición derechista. El por qué de esta medida bonapartista que no favorece a los trabajadores y el pueblo.
Viernes 14 de octubre de 2016
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió la madrugada de este miércoles que el presidente Nicolás Maduro podrá presentar el proyecto de presupuesto 2017 sin pasar por la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, rompiendo con la supuesta normativa constitucional.
Días atrás, el propio Maduro había solicitado al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que analizara la medida bajo el argumento de que el parlamento se encuentra en "desacato", por lo que “todas sus actuaciones son nulas hasta que no separe a tres diputados acusados de comprar votos”.
Acto seguido, un comunicado del Tribunal que acompañó la sentencia favorable al gobierno declara que: "el presupuesto nacional deberá ser presentado por el Presidente de la República ante la Sala Constitucional, bajo la forma normativa de decreto que tendrá rango y fuerza de ley".
De esta manera, el máximo órgano del sistema judicial del país justificó su decisión con el argumento de "la imperiosa necesidad de cumplir una fase del proceso de formación jurídica del presupuesto nacional (...) y con el propósito de mantener el funcionamiento del Estado, la garantía de los derechos fundamentales y el orden constitucional". Además, la decisión del Tribunal Supremo prohíbe a la Asamblea Nacional la "reconducción presupuestaria", es decir, que no podrá alterar las partidas presupuestarias, ni obstruir, ni incidir en el presupuesto aprobado. Nada distinto a como ha venido actuando el TSJ en los últimos tiempos.
Maduro, como si tal decisión del TSJ emanase realmente independiente del lineamiento gubernamental declaró que: "Yo estoy obligado a cumplir la sentencia". Y haciendo pose de que las decisiones que tomarán tendrán ratificación popular afirma que: "Voy a convocar a una asamblea popular (...) el viernes y aprobaré por decreto ley, y entregaré al Tribunal Supremo el presupuesto del año 2017". Nada más lejos de la realidad la tal aprobación “popular” pues hasta el momento nadie conoce dicho Presupuesto que estaría por votarse y menos que menos el pueblo tendría alguna facultad para incidir en el mismo.
Maduro busca evitar la Asamblea Nacional controlada por la oposición de derecha.
Obviamente la decisión del TSJ iba a ser objetada por la derecha que controla la Asamblea Nacional. Así, José Guerra economista de la bancada derechista y también presidente de la subcomisión presupuestaria, sostuvo que si el TSJ aprueba la partida para el próximo ejercicio, será nula. "Si el Gobierno aprueba el presupuesto él mismo, ese presupuesto será nulo. Quien realice un gasto o lo autorice será sancionado", opinó Guerra en su cuenta de Twitter.
Si el Gobierno aprueba el presupuesto él mismo, ese presupuesto será nulo.Quien realice un gasto o lo autorice será sancionado. Hoy o mañana https://t.co/kblVCl7xwU
— Jose Guerra (@JoseAGuerra) 11 de octubre de 2016
Es de destacar que en el marco del conflicto de poderes, desde que la oposición ganó el control de la Asamblea Nacional se ha opuesto a todas las decisiones del Ejecutivo Nacional, pero también el TSJ ha torpedeado la gran mayoría de las leyes que busca aprobar la Asamblea Nacional, incluso antes de ser aprobadas. No era de extrañar y totalmente previsible que el Parlamento nacional se lo votaría en contra para torpedearlo también buscando acelerar su crisis.
Aumentan las medidas bonapartistas del gobierno chavista
Por eso aquí no se trata de que la derecha, si el Presupuesto pasase por la Asamblea Nacional le hubiese puesto restricciones para que tuviese disposiciones de partidas mayores en beneficio del pueblo, todo lo contrario, la oposición, acorde a sus intereses, viene sosteniendo políticas en la Asamblea Nacional de acuerdo a los intereses empresariales.
Lo que hablamos aquí es el mecanismo bonapartista (autoritario) que hace el gobierno con la utilización del TSJ cuando la figura presidencial, herramienta nodal del poder político en Venezuela, aparece marcada por su propia debilidad dentro de la crisis imperante y del conflicto de poderes de un Estado también en crisis. De esta manera la cúpula de jueces del TSJ se presenta a sí misma como “titular Judicial” del gobierno de Maduro, todo esto en el marco del estado de excepción así como el decreto de emergencia económica imperante en el país desde hace muchos meses.
A mediados de septiembre, Maduro extendió por cuarta vez tales decretos. Cuando los promulgó por primera vez, sostuvo que los había firmado con el argumento de que “necesita poderes especiales” para luchar contra una supuesta "guerra económica" de empresarios y de la derecha. Pero hasta la fecha estos decretos y poderes especiales que se ha atribuido Maduro en nada han servido para solventar la profunda crisis económica que se vive, y menos aún para evitar que sea el pueblo el que siga sufriendo lo peor de esta situación agobiante. En verdad, estos decretos lo que han servido es para fortalecer los aspectos más bonapartistas, es decir autoritarios, del gobierno, algo opuesto a los intereses de los trabajadores y el pueblo.
Entre las muchas atribuciones que tiene Maduro con el decreto de emergencia
económica está la de disponer de recursos sin control del Parlamento. El TSJ se ampara en estas disposiciones de los decretos para autorizar a Maduro para promulgar el presupuesto nacional sin necesidad de pasar por la Asamblea Nacional. Aunque existe un hecho real a lo largo de todos estos años, es que cada vez menos se presta atención al presupuesto del país, ya que las partidas extrapresupuestarias terminan superándolo con creces. La derecha dentro de sus facultades también haría lo mismo caso fuese gobierno como cuando gobernaba en décadas anteriores donde el país vivía también casi bajo permanentes estados de excepción.
Maduro argumenta que se atribuye más poderes para que “el gobierno se defienda y defienda al país”, pero lo que los trabajadores necesitan para derrotar todo avance reaccionario, venga de donde venga, y defender sus intereses, son las más amplias libertades democráticas, de organización y movilización, algo que el gobierno ya viene retaceando. Lo que estamos viendo es cómo el gobierno incluso con todos estos decretos y demás leyes lo que hace es violar las propias leyes que ellos mismos se han hecho votar como son las contenidas en la propia Constitución nacional, cuestión que la propia derecha practicaba también antes de la llegada del chavismo. Nada nuevo aquí con respecto a cómo los sectores dominantes se pisotean sus propias leyes que se promulgan en función de sus intereses políticos y económicos.
Maduro ha venido sosteniendo una política económica que descarga el fardo más pesado sobre las espaldas de los trabajadores y el pueblo, combinando inflación y medidas de ajuste así como la autorización para los aumentos de precios para los bienes de la canasta familiar incluso anunciando recientemente que los alimentos se venderán a precios internacionales en los supermercados, mientras a los empresarios y a las transnacionales se les viene garantizado sus ganancias. Lo mismo ya lo ha adelantado la derecha que aplicaría también un programa de medidas antipopulares de llegar al gobierno. Por eso el pueblo no puede entrar en la demagogia de la derecha, todo lo contrario debe bregar por forjar una política independiente tanto del gobierno como de los partidos de la oposición.
