Por 60 días más, el Presidente Maduro prorrogó el Estado de excepción y Emergencia económica que le permite gobernar por decreto, que fuera lanzado el pasado 14 de enero y sancionado en mayo.
La Izquierda Diario Venezuela @LaIzqDiario_VE
Viernes 15 de julio de 2016
Maduro había firmado el Decreto en mayo por dos meses y entonces dijo que podría extenderlo hasta el 2017, con el argumento de que “necesita poderes especiales” para luchar contra una supuesta "guerra económica" de empresarios y de la derecha. Según el texto publicado en la Gaceta Oficial y difundido este jueves, el decreto tiene por objetivo "que el Poder Ejecutivo pueda seguir brindando protección a los venezolanos contra la guerra económica".
Pero en verdad, el Decreto lo que busca es fortalecer los aspectos más bonapartistas, es decir autoritarios, del gobierno, algo opuesto a los intereses de los trabajadores y el pueblo, y así lo denunciamos en su momento. Maduro pide más poder para que “el gobierno se defienda y defienda al país”, pero lo que los trabajadores necesitan para derrotar todo avance reaccionario, venga de donde venga, y defender sus intereses, son las más amplias libertades democráticas, de organización y movilización, algo que el gobierno ya viene retaceando.
Como escribimos en nuestra declaración del 16 de mayo: La incorporación de la figura de “estado de excepción”, aunque se haga con el pretexto de un supuesto “golpe de Estado” o “contra la derecha”, condiciona las libertades públicas y amplía las atribuciones de las fuerzas de seguridad, apunta a reforzar el control social ante el enorme malestar popular que puede estallar en saqueos y bloqueos, así como contra los paros y luchas de los trabajadores, justificando una mayor “militarización” de las zonas populares, la “criminalización de la protesta obrera y popular" y, eventualmente la represión.
Si se trata de enfrentar realmente a la derecha empresarial y proimperialista, entonces el pueblo trabajador necesita las más amplias libertades democráticas, para discutir, organizarse y movilizarse, sin restricciones desde el poder. Demás está decir que la oposición de los socialistas revolucionarios no tiene nada que ver con el punto de vista de la derecha, que muy bien siempre aplicará Estados de “excepción” para reprimir estallidos sociales o las huelgas y tomas de fábrica por los trabajadores, como ya lo ha hecho en otras épocas.
La Asamblea Nacional, dirigida por la derecha, hipócritamente y como era de esperarse rechazó la nueva prórroga del Decreto. Decimos hipócritamente, pues en su historial político, partidos como Acción Democrática, o los derivados de Copei como Primero Justicia, prácticamente en su época, gobernaban con Estados de Excepción permanente. Y si nos referimos a medidas económicas contra el pueblo, ya Ramos Allup, presidente de la AN ha confesado que un eventual gobierno de la derecha tomará medidas antipopulares.
Aunque el Decreto tiene la desaprobación de la Asamblea Nacional, Maduro se respalda en la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que ha manifestado que el Decreto es “constitucional”, declarando su plena "validez" y "vigencia".
La declaración de la emergencia económica permite a Maduro, entre otras atribuciones, disponer de recursos sin control del Parlamento, así como de “bienes y mercancías de empresas privadas para garantizar el abastecimiento”, además de restringir el sistema monetario y el acceso a la moneda local y extranjera. Así como la suspensión de sanciones contra funcionarios de alto rango del Gobierno que puedan venir por parte de la Asamblea Nacional.
Maduro también podrá dar atribuciones "extraordinarias" a las autoridades para garantizar -incluso mediante la intervención de las Fuerzas Armadas- cualquier acción en el marco de lo que llama “la emergencia económica”. De hecho, Maduro lanzó un programa de “abastecimiento” bajo el mando militar este lunes 11.
La “emergencia económica” ya la hemos visto en acción en los meses de vigencia del anterior decreto: ha servido para aplicar una política económica que descarga el fardo más pesado sobre las espaldas de los trabajadores y el pueblo, combinando inflación y medidas de ajuste y aumentos de precios como los anunciados hace un par de meses para los bienes de la canasta familiar.
Un Decreto más de este tipo no sirve para combatir el desabastecimiento ni detener las maniobras de los empresarios que fugan capitales, especulan o paralizan la producción, porque está al servicio de justificar la desastrosa orientación actual y buscar un pacto con la burguesía en nombre del “nuevo modelo productivo”.
Hasta la fecha los poderes especiales que ha pedido Maduro en nada han servido para solventar la profunda crisis económica que se vive, y menos aún para evitar que sea el pueblo el que siga sufriendo lo peor de esta situación agobiante.
