CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO. Maldita (y recargada) Policía

Esta semana Darío Camerini, Roberto Carballo, Walter Skramowsky, Ariel Huck, Raúl Frare y Federico Máximo Jurado no robaron ni mandaron a robar, como lo venían haciendo durante años. Pero sí se habló de ellos en las radios, los canales de televisión y los diarios. Es que sobre este grupo de comisarios de la Policía Bonaerense acaba de dictarse una orden de detención en una causa en la que se los acusa de “asociación ilícita”.

El caso estalló en abril, cuando la división Asuntos Internos de la Bonaerense “encontró” 36 sobres con más de $154 mil en las mesas de las oficinas de esos jefes policiales, ubicadas en la Jefatura Departamental de La Plata.

Casi todas las empresas periodísticas cubrieron la noticia con titulares del tipo “un hecho inédito” o “un escándalo de proporciones”. Conductoras y conductores de noticieros pusieron caras de circunstancia y se preguntaron con indignación cómo puede ser que los jerarcas de esa fuerza de “seguridad”, a los que tantas veces se los entrevistó en calidad de “fuentes oficiales”, ahora estén hundidos en el barro del delito.

Sin embargo para gran parte del pueblo trabajador la noticia no fue que seis comisarios estén implicados en el delito, que recauden coimas o incluso que formen parte de bandas criminales. En términos estrictos, para millones de personas la noticia es otra. La noticia es que un puñado de uniformados fueron “escrachados” públicamente, y hasta puedan terminar presos, por hacer lo que hacen todas las jerarquías y escalafones de las fuerzas represivas, sean federales o provinciales.

Y como si se tratara de algo muy preparado, dos días después de que Jorge Lanata hablara de "zonas liberadas" en el conurbano bonaerense por televisión, un video se viralizó mostrando a una supuesta banda de asaltantes de bancos amenazar a comisarios y oficiales por haberlos traicionado en un robo a una sucursal en General Rodríguez. Algo que a nadie en su sano juicio puede resultar extraño.

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Un sistema de crueldad

Esta misma semana se produjo otro hecho en la provincia de Buenos Aires. Pero no contó con la cobertura de las empresas periodísticas más importantes. En La Plata la Comisión Provincial por la Memoria presentó su décimo informe anual en el que sistematiza y expone la información referida a violaciones a los derechos humanos cometidos por la Policía y el Servicio Penitenciario Bonaerense contra la población civil.

Como informó este diario, el informe “El sistema de crueldad” es un lapidario muestrario de las aberraciones que se cometen día a día en territorio bonaerense, de las cuales son víctimas los sectores más pobres de la población y, particularmente, su juventud. Se habla de personas vejadas, torturadas y hasta muertas a manos de personal uniformado, tanto en calles como en cárceles y comisarías. Y lo peor es que una de las conclusiones de la Comisión por la Memoria indica que ese sistema se reproduce sin parar desde hace décadas, con todos los gobiernos y con saldos cada vez más funestos.

Pero grave error comete quien piensa que sólo la Bonaerense es una “maldita policía”. Esta semana también se informó en este sitio que, según datos de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), durante 2015 (último año de Cristina Fernández como Presidente de la Nación y de Mauricio Macri como jefe de Gobierno porteño) las policías Federal y Metropolitana, junto a la Gendarmería y la Prefectura duplicaron la violencia contra niñas, niños y adolescentes, obviamente en su mayoría pobres de los barrios del sur de la Ciudad de Buenos Aires.

Los relatos de las casi cuatrocientas víctimas, cuyas edades van de los 10 a los 17 años, recolectados por la Procuvin son contundentes, tanto por la descripción de los métodos represivos como por la sistematicidad de las violaciones a los derechos humanos.

Esos datos son del año 2015. Pero mientras se escriben estas palabras aún resuena el último grito de La Garganta Poderosa, la organización que salió esta semana a denunciar a la Prefectura por perseguir, "apretar" y torturar a dos de sus integrantes, jóvenes de 15 años que viven en la populosa Villa 21-24 del barrio de Barracas. La misma fuerza represiva que asesinó al niño Kevin de 9 años en 2013.

“No es un policía, es toda la institución”, versa un cántico que se renueva en cada nueva marcha contra el gatillo fácil. La experiencia colectiva (avalada por los, de por sí, limitados registros de organismos del Estado) hace de esa consigna popular una verdad irrefutable. Si no, que hable la familia de Luciano Arruga.

O a la familia de Víctor González, el albañil de 37 años que hace ocho días cayó en una esquina de San Martín acribillado a balazos por uniformados de la Bonaerense. Se cree que el crimen fue para adjudicarle al fallecido la culpabilidad del asesinato de un joven de 14 años, ocurrido horas antes.

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Herederos de López Rega

La historia de la Policía en Argentina se remonta a los inicios mismos de la formación del Estado. Sin embargo las bases estructurales y de funcionamiento de las fuerzas represivas actuales datan de un poco más acá en el tiempo.

Para el investigador y periodista Ricardo Ragendorfer la actual Policía Bonaerense (aunque el esquema es aplicable al resto de las fuerzas provinciales) se formateó en tres etapas históricas clave: con José López Rega, durante la dictadura y en los años 90.

En una entrevista realizada por este diario a principios de año, Ragendorfer recordó que el ministro de Bienestar Social de Péron e Isabel tuvo “una gran incidencia simbólica en la Policía”, ya que fue quien reclutó para sus bandas parapoliciales a todo tipo de criminales que habían acumulado gran experiencia en años previos como uniformados. Luego de esa etapa, el periodista indica a la dictadura militar como el segundo elemento que incidió profundamente en “la conversión de la Policía Bonaerense de recaudador de impuestos en prostíbulos, naight clubs y por tareas de contrabando en la década del 50 y del 60 a currar con delitos muy pesados y, en algunos casos, aberrantes como es el secuestro de personas”.

La tercera etapa de esa evolución en la Bonaerense, define Ragendorfer, se da en los 90 con Menem, Duhalde y Pedro Klodczyk (exjefe de la Bonaerense), “que convierten esa estructura recaudadora en una empresa, donde tenés que tributar en un determinado día del mes y donde la guita va de abajo hacia arriba”.

Como bien indica el periodista, las diferencias entre la fuerza de la provincia más importante de Argentina y las otras policías es de matices o, a lo sumo, de métodos. “La Policía Federal tiene una relación con los delitos que comete mucho más prolija que la Bonaerense”, afirma Ragendorfer. Y dice que es así, sobre todo, “porque, entre otras cosas, es más fácil amasijar a un tipo en una calle de tierra de Quilmes que en Callao y Corrientes”.

Pero como para despejar cualquier duda sentencia que “todas las fuerzas de seguridad que actúan en este país, lo repito hasta el cansancio, viven de la recaudación”.

Un dato nada menor es que gran parte de los jerarcas actuales de todas las fuerzas de seguridad se formaron con los cuadros de la dictadura en los primeros tiempos de la democracia.

Más poder de fuego

El episodio de los seis comisarios de la Bonaerense sobre los que cayó esta semana un pedido de detención se inscribe en una coyuntura en la que la gobernadora María Eugenia Vidal intenta pactar cierta gobernabilidad con las tropas en un contexto en que esa fuerza represiva le resulta ultranecesaria a la gestión de Cambiemos.

Es que no hay posibilidades para el Gobierno bonaerense, como para ninguna otra gobernación y menos aún para Mauricio Macri, de llevar adelante el ajuste que pretenden descargar sobre las espaldas de la clase trabajadora y el pueblo pobre sin contar con fuerzas represivas cohesionadas y dispuestas a cumplir las órdenes cuando lo crean necesario.

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Por eso, mientras la gobernadora y su ministro de Seguridad Cristian Ritondo (“un incompetente muy limitado”, al decir de Ragendorfer) parlotean sobre “transparencia” y “reformas profundas del sistema”, cada una de sus políticas dan un nuevo paso en darle mayor poder de fuego a esas mismas bandas de criminales con uniforme.

Como ya se describió en este diario, nunca en la historia argentina las fuerzas de seguridad federales y provinciales contaron con tanta cantidad de efectivos como en la actualidad. Nunca hubo como hoy tantos patrulleros, tantas pistolas 9 milímetros, tantas cámaras de video en calles y edificios, tanta tecnología de punta para control urbano ni tanta estructura de comunicaciones dedicados a “combatir el delito”. Y como consecuencia de eso la inversión estatal, tanto a nivel nacional como provincial y municipal, bate récords año tras año con presupuestos que superan en proporción a lo destinado a educación pública, salud, vivienda e infraestructura.

Esas fuerzas armadas y criminales, al servicio de y sostenidas por presidentes, gobernadores, jueces y por el gran empresariado, están conformadas en su totalidad por comisarios, oficiales y suboficiales como los seis caídos en desgracia esta semana.

Por eso otra de las conclusiones a las que arribó esta semana la Comisión Provincial por la Memoria es que aunque “el gobierno que asumió en diciembre de 2015 lleva aún pocos meses de gestión y es pronto para una evaluación integral”, de consolidarse las políticas que vienen implementando, "no harán sino más que empeorar el panorama" en términos de violaciones a los derechos humanos.