Opinion. Maltrato institucional en hogares de niños y adolescentes de Neuquén

Un adolescente filmó un video en el Hogar Conviviendo de la ciudad de Neuquén, que dejó a la luz las condiciones edilicias de los hogares que alojan a niños, niñas y adolescentes en la provincia. En el video se lo escucha decir, mientras recorre el hogar; “estas son las condiciones en las que nosotros estamos. No tenemos placares, las ventanas están todas rotas, nos morimos de frío a la noche. No podemos vivir así”.

El adolescente recorre el edificio mostrando diferentes espacios de los jóvenes y operadores en los que se evidencian puertas, ventanas, paredes rotas, la inexistencia de la intimidad ante la imposibilidad de cerrar una puerta para ingresar a la privacidad de un baño. Puertas sin picaportes, una heladera vacía en la que recalca “casi nada” y cierta restricción en el acceso a los alimentos.

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Según un informe publicado en 2018 por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia junto a Unicef, en Argentina hay actualmente 9748 niños, niñas y adolescentes institucionalizados. El 40% de ese total son adolescente y jóvenes de 13 años o más.

Las causas principales de adopción de medidas de protección excepcional que originan los ingresos a los dispositivos son las situaciones de violencia y maltrato (46%) y el abandono (37,5%), razones por las cuales el Estado debe asumir su cuidado a los fines de garantizar su bienestar y desarrollo integral.

Esta denuncia que nos resulta aberrante, como muchas otras situaciones que se visibilizan en esta pandemia, no comenzó hoy, no es de ayer. Muestra condiciones de vida que se van naturalizando y cronificando cuando los cuidados y protección de los niños, niñas y adolescentes más vulnerables, no son la prioridad para el Estado desde hace un largo tiempo.

Muchas de estas condiciones actuales vienen siendo denunciadas por los mismos trabajadores y trabajadoras de los hogares, sus equipos técnicos, y por otras instituciones que trabajan con los niños y adolescentes alojados allí.

Estos hogares que en nuestra provincia están diferenciados por sexo y edades, alojan a niños, niñas y adolescentes que han sufrido historias de vulneración de derechos en sus familias de tal grado que requirieron de estas medidas de protección por no contar con familiares o cuidadores que pudieran ocuparse de garantizar su protección y cuidados.

Infancias y adolescencias con historia de sufrimiento, abandono, maltrato y abusos de diferentes tipos, ahora expuestos a una clara situación de maltrato institucional por parte del Estado.

¿Por qué hablamos de maltrato institucional?

Se entiende por maltrato institucional a cualquier legislación, procedimiento, actuación u omisión procedente de los poderes públicos o bien derivada de la actuación individual de los profesionales que comporte abuso, negligencia, detrimento de la salud, la seguridad, el estado emocional, el bienestar físico, la correcta maduración o que viole los derechos básicos las infancias.

Esta definición es clara, la responsabilidad es del Estado porque es quien se encuentra a cargo de los niños, niñas y adolescentes. Es responsable de garantizar el interés superior del niño según lo regulan las leyes provinciales, su salud, su educación y en medio de esta denuncia que también los pone en riesgo de represalias, de su seguridad en el más amplio de los sentidos: física, mental, social, alimentaria, jurídica.

También está claro que por más pobreza y sufrimiento estos niños y adolescentes conocen sus derechos, pueden movilizarse para denunciarlos y de aquí en más no los van a callar.

La pregunta es: qué van a hacer los adultos y el Estado ahora mismo, porque esta situación requiere una solución inmediata y urgente. Los niños y adolescentes bajo el cuidado del Estado no pueden vivir en esas condiciones.