El pasado 2 de febrero el periódico El País publicó una entrevista al jefe de gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, quien no ha intentado ocultar sus intenciones de sacar una candidatura presidencial para el 2018.
Sábado 4 de febrero de 2017
Al inicio de dicha entrevista, Mancera señala que “la unidad nacional es de los mexicanos, no con el gobierno”, refiriéndose al llamado a la unidad nacional que distintos personajes de la casta política, encabezados por el presidente Peña Nieto, e incluso el multimillonario Carlos Slim, han hecho en las últimas semanas.
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Sin embargo, en cuatro ocasiones Mancera recalca la importancia de los empresarios tanto en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC), como para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Nada más alejado de la realidad: los empresarios son los que imponen jornadas agotadoras para la clase trabajadora y los salarios más bajos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Habló de las medidas de la Ciudad de México (CDMX) en cuanto a las deportaciones de migrantes en Estados Unidos, el funcionario dice “a los migrantes deportados y a los que han retornado los incluimos en procesos productivos. Por eso necesitamos de los empresarios”. Lo que evidencia esta afirmación es la estrecha relación que mantiene Mancera con el capital privado.
Otro ejemplo que ilustra la subordinación del gobierno de la CDMX a los empresarios es la construcción de la Ciudad del Futuro que se pretende realizar en los Pedregales de Coyoacán. Este proyecto consiste en el desalojo de una gran zona habitada y arbolada para convertirla en edificios y negocios a los que sólo las clases privilegiadas podrán tener acceso. Lejos de mejorar la calidad de vida de los pobladores de estas colonias, la Ciudad del Futuro agrandará los bolsillos de los inversionistas y grandes empresarios que impulsan el megaproyecto.
Por otro lado, a inicios del año pasado fueron despedidas trabajadoras de Intendencia del Instituto de Educación Media Superior (IEMS), trabajadoras que estaban contratadas bajo el modelo de subcontratación (o outsourcing) quienes llevaban ya más de siete años luchando por su basificación y actualmente además de que no se les han cumplido las demandas que han levantado se les ha criminalizado por luchar, amenazando a tres de estas mujeres con cárcel de seguirse organizando.
El outsourcing es la contratación indirecta de empleados, mediante esta medida las empresas se libran de tener que asegurar los derechos laborales básicos a sus trabajadores y trabajadoras, seguro de salud, cotizaciones para el retiro o créditos para la vivienda, incluso el derecho a pertenecer a un sindicato.
El caso de las trabajadoras despedidas del IEMS no es un hecho aislado, “en el país existen alrededor de 900 empresas que ofrecen servicios de outsourcing. Sin embargo, sólo 100 de ellas están registradas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y tan sólo 40 pagan los impuestos correspondientes.”
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Y en el caso específico de la CDMX, son aproximadamente 300,000 mujeres quienes trabajan bajo el modelo de subcontratación.
Si bien son las empresas de outsourcing y las que contratan a estas las culpables directas de las precarias condiciones con las que día tras día millones de trabajadores y trabajadoras tienen que vivir, es evidente que hay un régimen político que le abre las puertas y les prepara el terreno a los empresarios para que puedan explotar a su antojo al pueblo.
En específico en la Ciudad de México, el político lacayo del capital privado, es Miguel Ángel Mancera, a quien no le basta con mantener a los importantes sectores de capitalinos en la miseria, sino que ha intentado en diversas ocasiones mantener al pueblo callado con represión y desalojamientos violentos, como en los varios casos en los que se desmantelaron a base de macanazos, patadas y gases lacrimógenos los plantones de los maestros de la Coordinadoora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que llevan ya varios años luchando en defensa de la educación pública. El jefe de gobierno lleva ya una buena historia en cuanto a represión se trata.
En el 2014 publicó la ley de movilidad, la cual “dispone que para la realización de manifestaciones, mítines políticos, caravanas, etc., con finalidades lícitas, se tiene que solicitar el plan de ruta, lugar y fecha del mitin, protesta o evento que se pretenda realizar en ejercicio de la libertad de expresión, a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). No se pueden afectar las principales vialidades de la ciudad y señala que la misma Secretaría tomará medidas para evitar bloqueos, etc.”
¿Finalidades lícitas? En este punto resulta pertinente cuestionarse, ¿quién decide qué finalidades son lícitas? Casualmente son los mismos contra los que los manifestantes nos organizamos y salimos a las calles. Los mismos que queremos fuera.
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Con estos pocos ejemplos, ahora podemos preguntarnos ¿es Mancera, con o sin el PRD, la alternativa política que los trabajadores, las mujeres, los jóvenes y la comunidad sexodiversa necesitamos?
Es más que claro que ni Mancera, ni ninguno de los compadres del capital privado, ni de los partidos al servicio de los empresarios representa una salida de la profunda crisis económica, política y social por la que México está pasando, porque han demostrado más de una vez para quién gobiernan y a quién le cuidan las espaldas. Nuestra opción política no está en sus urnas ni en su circo electoral del 2018.
Lo único que nos permitirá salir de la crisis es que todos los sectores oprimidos y explotados profundicemos las protestas contra el gasolinazo de Peña Nieto y las trasnacionales.
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