Manifestación por femicidios exige justicia y menos impunidad

Este lunes 23 de agosto, familiares de víctimas de femicidios se hicieron presentes en las afueras del Tribunal de Justicia de San José, para denunciar que el poder judicial no ha garantizado una verdadera justicia a los casos de femicidios.

Recientemente, el Tribunal Penal de Cartago sentenció al culpable del femicidio de Allison Bonilla, a 18 años de cárcel, absolviéndolo de violación; mientras que en el femicidio de Luany se sentenció al sujeto a 19 años de cárcel. Ambas sentencias pasaron como homicidio simple. Por otra parte, en casos como el femicidio de María José, Fernanda y Raisha, se mantienen en impunidad.

Momentos antes de la manifestación, se firmó en Casa Presidencial, una modificación a la ley de violencia contra las mujeres. Esta modificación consiste en incluir el femicidio ampliado o en contexto, dentro dicha ley. Además, esta modificación incluye que se otorguen condenas de 20 a 35 años de prisión en caso de femicidios, y condenas de 3 meses a 10 años para los casos de maltrato y amenazas. La relación con la víctima se extiende a amistades, parentesco, autoridad o relaciones de poder, que cuenten con antecedentes de violencia, explotación sexual o por actos de venganza.

Una verdadera justicia más allá de las leyes

Si bien la modificación a la ley de violencia contra las mujeres permite que más casos sean calificados como femicidio, la ampliación de derechos y las conquistas parciales no deben ser la única salida estratégica posible que el movimiento de mujeres y las familias de las víctimas de femicidios se plantee.

La ampliación de derechos como estrategia única, pone la lucha contra la violencia de género en manos de la gestión estatal, misma que no ha garantizado más que impunidad y justicia patriarcal, y que, además legitima y reproduce la violencia hacia las mujeres, especialmente al tratarse de mujeres de sectores pobres, precarizando y empobreciendo sus condiciones de vida. La misma institución judicial perpetúa la impunidad, o, como menciona una familiar de una víctima de femicidio “los mismos funcionarios que llevan el caso nos ocultan cosas a la familia”, o “no muestran interés por buscar pruebas que nos ayuden a brindar justicia para nuestras hijas, hermanas o sobrinas”.

Aun cuando se avance con algunos derechos en la ley, estos tienen alcance restringido en la vida cotidiana, un alcance limitado en cuanto a la población que puede ejercerlos y un alcance que puede delimitarse a un corto tiempo, pues, así como fueron dados, también pueden recortarse. La igualdad ante la ley, no es la igualdad ante la vida, y los derechos establecidos en la ley, no siempre y necesariamente llegan a las mujeres de sectores pobres y clase trabajadora; mientras que, muchas veces, las leyes sirven para perpetuar la impunidad, especialmente cuando se trata de encubrir a algunos sectores, como lo han sido Óscar Arias y algunos funcionarios de peso de la institución de la Iglesia.

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Desde Pan y Rosas saludamos la organización que ha llevado adelante el grupo de Familiares Sobreviviendo a Femicidios, haciendo visibles sus situaciones y denunciando la justicia patriarcal. También han demostrado que, si queremos una verdadera justicia, no podemos confiar en la buena voluntad del Estado y sus instituciones, como lo es el OIJ. En su lugar, la justicia se garantiza a través de la organización y la lucha en las calles, confiando en nuestras propias fuerzas y métodos de lucha, como familiares de víctimas de femicidio, movimiento de mujeres y organizaciones sociales y políticas con independencia política del gobierno.

Convirtamos el dolor en rabia productiva, y que esto nos conduzca a poner en pie un proyecto común de todos los sectores oprimidos, por un mundo libre de explotación, opresión y discriminación. Otra forma de garantizar justicia es posible, y para esto es necesario que se creen refugios para víctimas de violencia de género, que se otorguen salarios de cuarentena, para que las víctimas de violencia puedan tener independencia económica y no dependan de su agresor, atención psicológica gratuita y de calidad para las mujeres y familiares víctimas de violencia que lo requieran.

También es necesario crear un Comité de investigación independiente, conformado por familiares de las víctimas de femicidios, por organizaciones sociales, políticas y de mujeres, que sea políticamente independiente del Estado, pero que exija al Estado todos los recursos económicos y materiales necesarios para llevar adelante la investigación, con acceso a las carpetas de investigación por parte del Comité y familiares.