El ex magistrado fue condenado a 16 años de prisión por su actuación durante la última dictadura militar aunque cumplirá la pena en su casa. En una de sus declaraciones, acusó al juez Bejas y al fiscal Camuña de proteger a Milani. Mientras tanto, continúa en funciones en la Corte Suprema de Tucumán René Goane, también cuestionado por cumplir funciones durante el genocidio.
Sábado 13 de junio de 2015
Fotografía de Valentina Becker (Colectivo La Palta)
Privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad, prevaricato, encubrimiento y asociación ilícita agravada son algunos de los delitos imputados al ex juez en la que constituye la primera condena a un magistrado. Fue encontrado culpable por haber actuado en complicidad con los genocidas que asesinaron a cinco militantes de Montoneros en el año 1976: Alejandra Niklison, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses, Fernando Saavedra Lamas y Atilio Brandsen. También fue considerado culpable por el secuestro de Miguel Romano, dueño de la casa donde fueron asesinados los militantes, quien se había presentado voluntariamente ante el juez luego de la masacre.
El tribunal que dictó la sentencia estuvo compuesto por los jueces Hugo Cataldi, José Asís y Mario Garzón. Los fiscales fueron Diego Velasco, Pablo Camuña y Agustín Chit, quienes habían solicitado una pena de 25 años y que su cumplimiento se diera en la penitenciaria. Las querellas fueron llevadas adelante por Alejandra Romero Niklison, Emilio Guagnini y Bernardo Lobo Bugeau.
En una de sus declaraciones protestó contra el juez Daniel Bejas y el Fiscal Pablo Camuña “El que tiene que estar sentado acá, en el banquillo, es Milani porque en 1975 integraba las Fuerzas Armadas. Y lo sorprendente es que los mismos juez y fiscal que me tienen detenido hace un año por una acusación insólita, una acusación líquida que se extiende como un mantra sobre cualquier cosa, hayan actuado a favor del jefe del Ejército”.
Diversos organismos de derechos humanos festejaron lo que consideran un fallo histórico por ser la primera condena contra un juez que revistió funciones durante el terrorismo de Estado. Uno de los mecanismos de complicidad mas evidentes lo constituía el “cajoneo” de los Hábeas Corpus –procedimiento que solicita la investigación sobre personas a las que se desconoce su paradero-. Entre 1976 y 1979 se prestaron 5.487. Finalizada la dictadura, bajo el gobierno de Alfonsín, el Senado de la Nación confirmó en su cargo a la inmensa mayoría de los jueces que había sido nombrado por los militares, garantizando desde el inicio la continuidad del régimen.
