"SEGURIDAD". Mano dura sin grieta en Ensenada: la campaña de Mario Secco y el Frente de Todos

Hay que reconocer que en la gestión de Secco la inversión en “seguridad” no es solo propaganda electoral, es una política de Estado, a tono con el intendente platense de Cambiemos Julio Garro, que “militarizo” Plaza San Martín para desalojar violentamente a manteros y trabajadores migrantes, iniciando una “caza de brujas”, con la colaboración de la policía de Ritondo.

Para ambas alianzas electorales, Macri-Pichetto y Fernández-Fernández-Massa, la prioridad es la inversión en la “maldita policía” y no en educación, salud y vivienda para resolver los problemas de las mayorías populares.

En la provincia de Buenos Aires la desocupación en los hombres de hasta 29 años es del 19,9 %, mientras que en las mujeres, en la misma franja etaria es del 25,8 %, según las cifras del Indec del primer trimestre del año en curso; mientras el 40,3 % de niños y jóvenes de entre 0 y 17 años recurre a la asistencia estatal para comer y más de 350 mil jóvenes no estudian ni trabajan, a los que el gobierno de Vidal les ofrece meterlos en los cuarteles de la Gendarmería.

Ensenada, es parte de esa misma realidad que el gobierno municipal intenta tapar con inversión en “seguridad”.

Escuelas con problemas edilicios, sin gas o con conexiones precarias que producen escapes, como denunciaron los docentes de la primaria 2 y secundaria 9, que podrían producir explosiones como la de Moreno que dejó como consecuencia la muerte de Sandra y Rubén; alumnos hacinados porque no hay inversión en edificios para escuelas secundarias, como es el caso de la secundaria 7 de Villa Rubencito, o la 8 en pleno centro de Ensenada, donde 50 estudiantes comparten el mismo salón de clases; maestras y auxiliares con un promedio de 20 mil pesos de sueldo con 12 años de antigüedad, mientras Secco cobra más de 220 mil pesos; cientos de jóvenes que trabajan en cooperativas para el municipio con contratos temporales y con un salario muy por debajo de la canasta familiar.

La respuesta del gobierno municipal ante el reclamo de la comunidad educativa frente a la desidia del Concejo Escolar es responsabilizar a provincia. A su vez, desde provincia responsabilizan al municipio. Una mano lava la otra y ninguna gestión se hace cargo de la desinversión y la ausencia total de cuentas claras con respecto al presupuesto educativo que le corresponde al municipio y a que se destina.

Sergio Massa, nuevo socio del “Frente de todos”, seguramente esté muy de acuerdo con la inversión de Secco en policía. Fue uno de los principales impulsores de sacar el ejército a la calle para llevarlo a los barrios populares del conurbano con la excusa de combatir el narcotráfico, un mensaje temerario, cuando los verdaderos narcotraficantes viven en el Nordelta y se codean con empresarios, funcionarios del gobierno de Macri y Vidal, políticos y dirigentes sindicales del PJ, ricos y famosos.

Massa antes de pasarse a la oposición al macrismo votó en el Congreso junto a su bloque, todas las leyes antipopulares del gobierno nacional, incluidas las que proponían aumentar el presupuesto para las fuerzas represivas.

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad es la única alianza que plantea que hay que invertir las prioridades, destinar millones al presupuesto educativo, invertir en salud, vivienda, no en la policía del gatillo fácil y de la criminalización de la juventud, con la que intentan ocultar la pobreza que los mismos gobiernos generan. El oficialismo y la falsa “oposición” de los Fernández-Massa necesitan fortalecer el aparato represivo, naturalizar entre la población la invasión permanente de policías, para poder aplicar los ajustes fiscales y la reforma laboral y previsional que indica el acuerdo con el FMI.

No se puede poner el eje en cómo pagarle o “renegociar” con el fondo (como plantea el Frente de Todos), la prioridad tiene que estar en trabajo para todos con un salario acorde a la canasta familiar, en inversión en educación pública, laica y de calidad para todos los hijos de los trabajadores, en salud, en las jubilaciones, en un plan de obras públicas y la nacionalización de todos los servicios, que hoy están en manos de empresas privadas, bajo gestión de sus trabajadores y usuarios.