El funcionario deberá responder ante el Juzgado a cargo de Alicia Vence por delitos de espionaje a organizaciones de derechos humanos, políticas y sindicales durante la dictadura.
Miércoles 18 de julio de 2018
Fotografía: quedigital.com.ar
El fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello deberá finalmente declarar en calidad de imputado por delitos de lesa humanidad. El próximo 9 de agosto y tras una dilación por cuestiones de competencia, la Jueza Alicia Vence citó a indagatoria al actual fiscal marplatense, quien durante su juventud revistió carácter de espía como integrante de Dippba (Dirección General de Inteligencia de Buenos Aires) de la localidad de San Martín.
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Según consta en los documentos del archivo, durante la dictadura cívico militar el ahora fiscal general se desempeñó primero como oficial ayudante y luego como oficial subinspector en la delegación de San Martín. De acuerdo a la denuncia de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) “entre 1978 y 1982, Fernández Garello participó en 17 intervenciones de espionaje político y gremial e infiltración en organismos de derechos humanos; todos estos actos de inteligencia fueron realizados en el marco de las acciones persecutorias y represivas que fueron constitutivas del terrorismo de Estado”.
En noviembre del último año Garello debía enfrentar un jury de enjuiciamiento en su contra, lo que podía motivar su separación del cargo como jefe de los fiscales del Ministerio Público de la ciudad balnearia. Aquel primer paso fue llevado adelante por la secretaría permanente de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados de la provincia de Buenos Aires.
El proceso finalmente fracasó frente a la decisión del archivo de las actuaciones por parte del Tribunal reunido en la Legislatura Provincial. Esto constituye una forma de garantizar impunidad para los genocidas por parte del propio Estado, en su decisión de mantener funcionarios judiciales y policiales en función, en el marco de la complicidad reflejada en un pacto político del que participaron legisladores de Cambiemos y el Frente Renovador.
En el expediente a cargo del Juzgado Federal en lo Correccional y Criminal N° 1 de San Isidro, consta la documentación que aportó la CPM, que demuestra que el fiscal, como agente de la Dippba, tuvo participación en el secuestro y tortura de militantes como en tareas de inteligencia. Pruebas no son lo que falta para que Garello sea condenado frente a graves delitos cometidos durante la última dictadura y así lo expresan tales documentos que fueron determinantes para la solicitud de juicio político de Fabián Uriel Fernández Garello . Entre los firmantes se encontraban Adolfo Pérez Esquivel, Estela de Carlotto y Nora Cortiñas, además de otros referentes de derechos humanos.
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Posteriormente a aquella audiencia la jueza federal Sandra Arroyo Salgado notificó a la CPM que postergaba su audiencia indagatoria y la de otros cinco imputados, sin poner fecha alternativa. Finalmente en medio de la feria judicial de invierno se llamó al Fiscal y los demás imputados.
El fiscal general de Mar del Plata está acusado de persecución, secuestro y torturas contra militantes del Partido Comunista (PC). Se encuentra denunciado en los juzgados federales de San Martín y San Isidro, donde se tramitan causas por crímenes de lesa humanidad. En una de ellas se investiga el secuestro, torturas y asesinato de la militante del PST Ana María Martínez. En la otra está acusado por la persecución, el secuestro y torturas de militantes del PC, como parte de un grupo de tareas conformado por fuerzas conjuntas de la delegación Dippba de San Martín, el destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo y la Brigada de Caseros, lugar que funcionó como centro clandestino de detención.
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Frente a todas las acusaciones que pesan en su contra, Garello hasta tuvo la osadía en su momento de hacer público un comunicado en un claro carácter provocador, rechazando la denuncia que dijo conocer a través de “versiones periodísticas".
Entonces la pregunta se impone. ¿Cuantos otros Fernández Garello hoy operan desde las sombras? ¿Cuántos otros funcionarios actuales de esta "democracia" fueron parte del genocidio? ¿Cuantos más fueron parte del esquema represivo desplegado por el terrorismo de Estado? Una respuesta contundente nos la daría la apertura de forma total y completa los archivos que están en poder del Estado, de las grandes empresas y de la Iglesia Católica, y que la información estuviese en manos de comisiones investigadoras independientes, conformadas por los propios organismos de derechos humanos, sobrevivientes y familiares de las víctimas. Mientras, ninguna de las variantes democráticas han tenido interés en avanzar por el juicio y castigo a todos los genocidas.
La lucha continúa.
