El joven Marcel Vivet, ha sido condenado este miércoles a cinco años de prisión por una manifestación contra el sindicato policial de Jusapol. Una pena impuesta con el rol cómplice de la Generalitat que ha ejercido como acusación particular en el juicio.
Jueves 17 de junio de 2021
Este miércoles la Audiencia de Barcelona condenaba a Marcel Vivet a cinco años de prisión por una manifestación contra el sindicato de policía Jusapol. Además, se le impone una multa de 600 euros y pagar una indemnización de 1.511 a un agente de los Mossos por las supuestas lesiones. En los próximos diez días, se podrá presentar el recurso de apelación.
En la sentencia de 22 páginas se considera un “instrumento peligroso” el palo de la bandera que llevaba Marcel y se califica la manifestación-holi como "técnicas de guerrilla urbana". Clasificar de este modo un acto festivo, que consiste en el lanzamiento de polvo de colores y pintura, parece más ridículo aún que tratar un palo de bandera – presente en cualquier manifestación – como si se tratara de algún tipo de arma letal.
A pesar de que se reconoce que no hay imágenes gráficas que acrediten las supuestas agresiones, el magistrado ha considerado que las declaraciones del policía son suficientes para imponer la condena. Una vez más, queda evidenciada la complicidad entre policía y judicatura. La palabra de un agente no solo vale siempre más que la de un manifestante, sino que pude convertirse en la única prueba que imponga 5 años de privación de libertad.
A pesar de ser condenado por enfrentar un sindicato de extrema derecha como Jusapol, la acusación particular de este juicio no era Javier Ortega Smith, sino la misma Generalitat. Por si la petición de la Fiscalía, que pedía cinco años y medio de prisión, no acababa de convencer al juez, ya estaba la administración catalana para reclamar cuatro años y nueve meses.
La actuación de la Generalitat va en la línea de lo que ya hizo el día 29 de septiembre de 2018 durante la concentración, cuando envió a los Mossos d’Esquadra a proteger a los policías que habían convocado un acto para homenajear a la Policía Nacional y la Guardia Civil que reprimieron durante el referéndum del 1 de octubre.
Esta participación de la institución catalana como acusación particular en juicios contra independentistas no es una novedad. Así lo hace en numerosos procesos, como en decenas contra los manifestantes que protestaron contra la sentencia del procés en 2019.
Esta sentencia sale a la luz pocas semanas después del juicio a trece estudiantes para defender la rebaja de tasas. Allá, los Mossos d’Esquadra llegaron a reconocer que disponen de un archivo y un banco de imágenes de protestas estudiantiles, una verdadera “lista negra” que constituye una práctica totalmente ilegal. Vista la buena colaboración entre policía y judicatura, la Generalitat puede estar muy tranquila cuando no está como acusación particular.
Desde hace tiempo estamos denunciando la brutal represión por parte de la Generalitat hacia la juventud, especialmente contra aquellas y aquellos que nos organizamos. Nos cierran la universidad, degradan y elititzan la educación pública, nos precarizan, nos imposibilitan emanciparnos y nos reprimen cuando salimos a enfrentarlos en la calle. Recordamos las luchas contra el Pla Bolonia cuando enviaron los Mossos a reprimir en las universidades; los desahucios donde envían policía o las recientes protestas contra el encarcelamiento de Hasél donde los Mossos acabaron sacando el ojo a una chica y cargando sin excusa (para variar).
El punto del acuerdo entre la CUP y ERC para la retirada de la Generalitat como acusación particular contra participantes en manifestaciones tiene un alcance prácticamente nulo. Se limita a los casos sin denuncias de lesiones a los agentes, pero en la mayoría de los casos los Mossos d’Esquadra alegan lesiones o agresiones para justificar su denuncia contra los manifestantes. Ni siquiera en un caso como el de Marcel -donde no hay imágenes, con una manifestación festiva y como protesta contra la represión del 1 de octubre- la Generalitat se ha retirado.
La Generalitat no es una aliada de la juventud y no entendemos como una fuerza que se reivindica anticapitalista puede apoyar en un gobierno que nos reprime. Se trata de un gobierno liderado por el impulsor de una ley de externalizaciones y que tiene como consejero de Economía a un exdirectivo de la Caixa.
Desde Contracorriente, queremos mostrar todo nuestro apoyo a Marcel Vivet y su familia, así como sus compañeros y compañeras. Denunciamos la complicidad de la judicatura y la policía junto con el rol de la Generalitat para encarcelar a un joven activista que salió a enfrentar la provocación de un sindicato policial.
No combatiremos a la extrema derecha con un Gobierno que envía los Mossos a proteger las manifestaciones de la extrema derecha y la policía, mientras encarcela aquellos que salimos a enfrentarlas. No conseguiremos enfrentar la represión policial de la mano de ERC y JxCat cuando son ambas formaciones las que la orquestan.
Esta escalada represiva solo la podremos parar desde la movilización, volviendo a la calle como hicimos contra el encarcelamiento de Hasél, transformando la rabia en organización. Es hora de empezar impulsar asambleas contra la represión en todos los centros de estudio y los barrios de cara en el curso que viene. Así, las organizaciones juveniles como lo SEPC, Arran o el Sindicato de Estudiantes tendrían que tomar esta tarea en sus manos. Desde Contracorriente, hacemos un llamamiento a estas organizaciones y otras que puedan compartir esta visión para hacerlo de forma unitaria.
Porque es hora de construir un fuerte movimiento de la juventud contra la represión que no cesa por parte del gobierno central, los jueces y la Generalitat. !Por la absolución de Marcel! !Por la absolución de las encausadas para defender la pública! Por la libertad de Hasél! !Por la amnistía de todos y todas las activistas represaliadas!
