Las diputadas de la región minera, junto al diputado José Miguel Castro (RN), votaron a favor de la medida de un gobierno que apenas alcanza un 6% de aprobación, criminalizando así completamente el derecho a la movilización social.
Jueves 16 de enero de 2020
Con 88 votos a favor y 56 en contra, este jueves 16 de enero, se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto "Ley antisaqueos"- que en realidad es una ley antiprotestas sociales-, por el cual se ha jugado la derecha en los últimos meses, buscando penar con cárcel a las personas que realicen barricadas, obstruyan el tránsito, realicen "el que baila pase" o, incluso, performance como la que conocimos de la mano de Las Tesis con "el violador eres tú".
¿Los responsables? En el caso de la región de Antofagasta, el senador Pedro Araya (PPD) votó a favor, mientras que el día de hoy las diputadas Marcela Hernando (PRSD) y Paulina Núñez (RN) votaron a favor de la medida, junto al diputado de RN José Miguel Castro.
Sin duda alguna es una medida absolutamente vergonzosa, que lo único que busca es criminalizar y aplastar el derecho a la movilización social, restringiendo completamente las libertades democráticas de la población, además de justificar y darle un mayor rango de acción a Carabineros de Chile en su cruzada en la violación sistemática a los DD.HH, en donde en solo Antofagasta, según la Fiscalía, se han registrado más de 140 casos de torturas, abusos y violaciones a los DD.HH.
Gracias a estos votos a favor avanza una medida que ha impulsado un gobierno carente de toda legitimidad con apenas un 6% de aprobación según la Encuesta CEP -que desde ya es la más baja desde el retorno a la democracia pactada-, próxima a ser promulgada y que comience a regir.
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Este represivo y autoritario proyecto, que tiene como fondo criminalizar las manifestaciones sociales y métodos de lucha, fue avalado por gran parte de las y los parlamentarios de la ex Concertación, y la derecha en su conjunto, y se enmarca en la agenda represiva del gobierno de Piñera, cuyo objetivo es aplastar a los sectores que aún continúan movilizados.
El proyecto de ley antiprotestas es un ataque escandaloso contra el derecho mínimo de las personas a manifestarse y protestar, tan así que busca condenar con penas de cárcel a quienes realicen "el que baila pasa", lo que suena hasta ridículo, y además penalizará todo tipo de movilizaciones que realicen trabajadores/as, estudiantes, jóvenes, pobladores, pueblo mapuche.
Es realmente inaceptable, no se pueden tolerar este tipo de ataques, menos tras la histórica rebelión popular que protagonizaron millones de personas en el país, cuestionando la precarización laboral y de vida, las herencias de la dictadura, y los abusos que perjudican a la aplastante mayoría de la población.
Urge que las principales centrales sindicales y organismos de trabajadores, como la Mesa de Unidad Social, CUT, Colegio de Profesores; junto a organismos estudiantiles, como la Confech, ACES, Cones y federaciones estudiantiles; movimientos sociales como No + AFP; la Coordinadora 8 de Marzo, entre otros, impulsen movilizaciones contra este represivo proyecto y un plan de lucha ascendente que pueda hacerle frente a la agenda criminalizadora de este gobierno asesino, y retomar las potentes movilizaciones nacionales de hace semanas.
Para frenar la represión y conquistar nuestras demandas es imprescindible la unidad en las calles de trabajadores/as, jóvenes, estudiantes, pobladores, pueblo mapuche, y romper con toda tregua con el gobierno, que además de atacarnos, avanza con el desvío del engañoso proceso constituyente, que tiene como único fin apaciguar el descontento social y mantener resguardados los pilares centrales de este régimen heredado de la dictadura y al servicio de empresarios y poderosos.