Especial. Marcelo Giraud: "Para defender la 7722 el factor clave fue siempre la movilización popular masiva"

- A 14 años de la sanción de la ley 7722 ¿Cómo opinas que Hubieran sido estos años, en términos de proyectos megos mineros por ejemplo, sin la sanción de la ley?

De no haber sido porque la ley 7722 está vigente desde 2007, seguramente el cerro San Jorge ya no existiría, arrasado y convertido en gigantesco hueco por la explotación megaminera. Y varios proyectos más, a lo largo de todo el oeste y sur mendocino, también estarían en explotación o exploración avanzada.

Eso sin duda habría acarreado grandes impactos muy negativos sobre todos los elementos del ambiente mendocino; agua, aire, vegetación, fauna, suelo, paisaje, y la sociedad toda. En cuanto al agua, no sólo por consumo de los caudales requeridos por la explotación minera, sino sobre todo los enormes riesgos de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas en toda la cuenca aguas abajo de cada mina; por ejemplo el proyecto San Jorge podría haber afectado el agua que utilizada para riego y consumo de más de un millón de personas en el oasis norte. Se habría instalado con fuerza un modelo de extracción minera de nuestros bienes comunes, que a cambio de algunos puestos de trabajo para la construcción y operación de las minas (apenas una mínima parte de los números muy mentirosos con que invariablemente mineros, funcionarios y medios hegemónicos pretenden engañar a la sociedad), y de migajas de regalías que de ningún modo habrían movido la aguja presupuestaria del Estado provincial, habría puesto en grave riesgo a la vida y la economía de la Mendoza que conocemos.

- ¿Qué ataques sufrió la ley y desde que sectores fueron los más fuertes en estos 14 años?

A los pocos días de sancionada la 7722, diez empresas mineras, una consultora y una asociación profesional presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza sendos recursos por supuesta inconstitucionalidad de dicha Ley. Fue un juicio larguísimo, con bastantes avatares, hasta que finalmente en diciembre de 2015 el fallo de la Corte estableció que todos los artículos de la 7722 son perfectamente constitucionales.

Por otra parte, ya en 2010 hubo un primer intento de flexibilizar fuertemente la 7722, a través de un proyecto de ley del diputado Miguel Serralta (PJ). En 2014 los diputados José Muñoz, Raúl Guerra y Silvia Ramos, también peronistas, presentaron otro proyecto con el mismo objetivo. En setiembre de 2018, con mucho más apoyo mediático, los senadores Juan Agulles, Alejandro Abraham y Silvina Camiolo (PJ) ingresaron otros dos proyectos contra nuestra Ley Guardiana del Agua. Ya en mayo 2019, el diputado Eduardo Martínez Guerra (PI) en un proyecto de ley incluyó un artículo para lisa y llanamente derogar la 7722. Y finalmente Rodolfo Suárez (UCR), apenas asumido como gobernador, como primer acto de gobierno el 10 de diciembre de 2019 envió a la Legislatura el proyecto que, luego de un tratamiento "exprés" de sólo diez días, y con la modalidad inédita de que las dos cámaras sesionaran en tándem, Senadores a la mañana y Diputados a la siesta, el 20 de diciembre se convirtió en (efímera) ley gracias al apoyo de un amplio abanico partidario, tanto de la alianza gobernante UCR-PRO y aliados, como de la amplia mayoría del PJ y otros como el PI.

Por supuesto, a lo largo de todos estos 14 años, los miembros de la casta política que perpetraron directamente esos ataques lo hicieron por cuenta, y con todo el apoyo, de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, y crecientemente de las entidades que agrupan a los grandes capitalistas mendocinos, como la Consejo Empresario Mendocino, la Unión Industrial de Mendoza, así como por supuesto de los medios hegemónicos.

Luego de recuperada la 7722 el 30 de diciembre de 2019, a través de la ley 9210 que derogó la 9209 impulsada por Suárez, por un breve tiempo pareció que no quedaba ya más lugar para seguir discutiendo el tema en la sociedad mendocina. Incluso en una entrevista televisiva, en mayo de 2020 el gobernador dijo taxativamente que el tema de la minería (metalífera) era un asunto cerrado. Pero poco después, tanto funcionarios como legisladores y un pequeño grupo de periodistas volvieron a la carga, entre ellos el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, quien desde hace un año amenaza con que legisladores con intereses afines presentarían un nuevo proyecto tendiente a vaciar la 7722 o bien excluir al departamento Malargüe de su ámbito de aplicación, una suerte de "Malargüe exit" en lo que respecta a esta Ley del Pueblo.

Otro frente de amenaza más reciente se cierne en el ámbito del Consejo Económico, Ambiental y Social creado por Suárez y la Legislatura, cuya composición está claramente favorable a proyectos de índole extractivista, y en cuyas primeras reuniones ya se ha evidenciado la intención de que una mayoría de miembros de ese organismo impulse la minería metalífera.

Por otra parte, no debemos olvidar que los sucesivos ataques a la Ley 7722 se enmarcan en las invariables políticas del Estado nacional a favor de la megaminería, gobierno tras gobierno sin importar el color partidario. Llegó a darse incluso que Alberto Fernández diera públicamente por hecho el vaciamiento de la 7722 dos días antes de que la Legislatura lo perpetrara. Y en los últimos meses han proliferado las expresiones del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y del secretario de Minería, Alberto Hensel, contra las leyes que en Mendoza y Chubut frenan las pretensiones megamineras.

- ¿De qué manera se contuvo y se contienen esos ataques?

Durante estos 14 años, todos esos sucesivos ataques fueron contenidos gracias a un gran abanico de acciones, desde el compromiso de quienes llevaron adelante la defensa de la 7722 en la Legislatura y en los juicios ante la Corte, hasta las memorables movilizaciones de diciembre de 2019, pasando por innumerables acciones de difusión y denuncia a través de medios alternativos a los hegemónicos, charlas, debates, pintadas de murales, obras de teatro, marchas, y cada vez que la cosa se puso más peliaguda, cortes de ruta, a veces informativos e intermitentes y otras veces más largos. Pero más allá de la diversidad de acciones, el factor clave fue siempre la movilización popular masiva, alimentada por un permanente trabajo de concientización y organización en el territorio provincial, en lo cual las Asambleas Mendocinas Por el Agua Pura (AMPAP) jugaron un papel de ningún modo exclusivo, pero sí significativo. Y sin olvidar el tejido de redes de resistencia comunes con organizaciones de diversas provincias (como la Unión de Asambleas de Comunidades), otros países de Nuestra América e inclusive del mundo.

- ¿Qué rol opinas que jugaron las y los legisladores de izquierda que defendieron la Ley dentro de la Legislatura ante cada uno de los ataques?

Sin duda que el papel de Mailé Rodríguez y Lautaro Jiménez en diciembre de 2019 fue sumamente importante para que, junto con otros pocos legisladores, resonaran también dentro del ámbito de la Legislatura los fundamentos en defensa del Agua y los Bienes Comunes y resistencia al proyecto de Suárez, y finalmente reconquistar la 7722. Las intervenciones de Lautaro en las sesiones del 20 y 30 de diciembre fueron brillantes, sin desperdicio. Además ya había sido relevante en este tema el papel de Noelia Barbeito, Macarena Escudero, Nicolás Del Caño y Víctor Da Vila durante sus mandatos como legisladores, como lo sigue siendo la participación de todos ellos y de las y los militantes del FIT en general.