Marcelo Saín descabezó la cúpula policial de la Unidad Regional I de Santa Fe

A cargo de la Unidad I quedó la comisaria Marcela Muñoz en reemplazo de Daniel Filchel, quién había asumido el cargo en diciembre pasado, tras la purga de 31 comisarios de la provincia que llevó adelante el Ministro de Seguridad apenas había asumido. Hace semanas que se preparaba esta depuración: el 1° de mayo el Ministerio Público de la Acusación llevó adelante un allanamiento en el Comando Radioeléctrico. En esta causa se investigan irregularidades en la administración. En este clima tenso están en curso los proyectos de reforma policial que mencionó Perotti en su discurso de apertura de las sesiones legislativas y que sería la condición de Saín para seguir en el cargo.

Te puede interesar: [Video] Voces contra la ley de emergencia en seguridad de Perotti

En esa ocasión el gobernador dijo que para la lucha contra el crimen organizado la modernización del sistema de seguridad pública era primordial e informaba la agenda legislativa de estos tres proyectos de ley de seguridad pública. Uno con eje en la conducción política de la policía, otro proyecto de control del sistema policial referido a la investigación y por último la sanción de faltas y actividades ilegales, con el objetivo de modificar el reglamento policial que data de 1975. Cuando asumió Perotti adelantó que para su gobierno la seguridad sería importante ante la resolución de los conflictos sociales. Un discurso que legitima darle más poder a la policía y como vimos en estos meses de la pandemia fue la política que eligió ya que no se tomaron medidas para recomponer el salario o contra el desempleo creciente, sino control social y represión en los barrios.

Te puede interesar:[Video] Santa Fe: la Policía impide el ingreso a cientos de personas al Banco Nación

Según dichos de Saín, "se acabó el vínculo entre policía y delito". Pero este mismo miércoles fue imputado un miembro de la fuerza de Santo Tomé, que encabezaba una banda que realizó varias entraderas en zonas rurales atacando a mano armada y privando de la libertad a sus víctimas. Esta asociación ilícita se valía de zonas liberadas y de la información de la presencia policial en la zona. Desde comienzo del año con el caso resonante del ataque a balazos en el Casino de Rosario y la sumatoria de homicidios violentos en la provincia se puso bajo la lupa a la policía santafesina. En las principales causas judiciales sobre venta de drogas hay jefes de la fuerza policial involucrados. Es imposible negar su complicidad.

La utopía de la reforma policial

El problema de este tipo de propuestas de reformas es que parten de una visión ideal de la policía, como “protectora” de la “sociedad civil”. Por lo tanto, solo hay que controlarla para que no sea corrupta. El hecho de que esa visión “ideal” no se haya materializado en ningún país del mundo no parece advertir a quienes promulgan tales políticas de la inaplicabilidad de la vía reformista. Las reformas y el control civil que propone el Ministro Saín ya fueron puestas en práctica por el ex Ministro de Seguridad bonaerense León Arslanian, con descentralización y purgas de más de 2.000 efectivos, y demostró la total impotencia de las reformas sobre esta institución reaccionaria e irreformable.

Como abordaron en el Semanario Ideas de Izquierda Myriam Bregman y Octavio Crivaro en el artículo “Cárceles, fake news y la pandemia del endurecimiento estatal”, la represión que sufrieron los trabajadores del frigorífico Penta, el hostigamiento policial contra repartidores de Pedidos YA en las calles de Rosario, y el operativo de Gendarmería contra los mineros de Andacollo en Neuquén, además de las detenciones a miembros de movimientos sociales en la ciudad de Villa Constitución, muestran que siempre la “hipótesis de conflicto” para el Estado son los trabajadores y el pueblo pobre. En Rosario, una ciudad que tiene más del 14% de la población desocupada, donde la salida que se presenta para miles de jóvenes es caer en la miseria, la respuesta represiva propuesta por el peronismo queda, por lo pronto, muy lejana a la seguridad democrática. Más bien queda próxima a la mano dura como lo demostraron con la resolución de “bala en la recámara” de principios de año y que fue repudiada por sindicatos, organismos de derechos humanos, familiares de víctimas de gatillo fácil y organizaciones sociales.